Lo que primero fue celebrado como un operativo «exitoso en todo sentido», con el paso de las horas ha ido evolucionando a «los días más difíciles» al frente del gobierno para el presidente Mario Abdo. Dos menores de edad fueron las únicas víctimas mortales reportadas tras el enfrentamiento el pasado 2 de septiembre entre la Fuerza de Tarea Conjunta del gobierno paraguayo y guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cerca de Yby Yáu.

El propio Abdó visitó el lugar y destacó en una rueda de prensa la tarde del miércoles la ubicación y desmantelamiento del «campamento principal» de la guerrilla del EPP, la organización paramilitar que el gobierno ha buscado eliminar desde hace más de una década.

«Creo que este fue un operativo exitoso hasta el momento. Puede ser aún más, esperemos que sea aún más. Pero fue exitoso en todo sentido, porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP», señaló Abdó.

Sin embargo, el fiscal Federico Delfino matizó lo ocurrido en la misma rueda de prensa: «Hay que aclarar que lastimosamente las dos personas que fueron abatidas son del sexo femenino», dijo sin señalar la edad de las fallecidas.

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay, Héctor Grau, afirmó que el campamento del guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desbaratado ayer tras un enfrentamiento en Concepción, en el este del país, es «uno de los más grandes» encontrados en el marco de la lucha contra el grupo insurgente. El enfrentamiento dejó por lo menos dos muertos: mujeres menores de edad. La ocupación descubierta pertenece al Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo guerrillero que despliega sus acciones -en su mayoría secuestros extorsivos y homicidios- en el ámbito rural. El presidente Mario Abdo Benítez visitó el lugar y se fotografíó con Chaleco antibalas y pistola a la cintura, imagen que posteó en su cuenta de Twitter.

Intervención de la ONU
El representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, pidió esclarecer la muerte de las dos niñas  en un supuesto enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, que afirmó que Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial” las muertes de dos niñas durante un operativo realizado esta semana por agentes del Estado”.

En la misiva recuerdan que los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el marco de una acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado contra un grupo armado no estatal conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo.

También recordó al Estado paraguayo que “la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Paraguay sigue embarrando la cancha
El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez respondió el viernes en un comunicado al reclamo de Argentina, expresando su “interés en cooperar con las autoridades argentinas para realizar las pruebas necesarias de ADN para establecer los vínculos de estas con las personas que las inscribieron en el Renaper, en vista de que existen evidencias de que nacieron en territorio paraguayo, y de madre y padre paraguayos”.

Según manifestó a Telefuturo el general Héctor Grau, asesor del Comando y quien también fue comandante de las fuerzas de Tarea Conjunta y forma parte de las mismas, de acuerdo a datos recabados se trataría de “hijas de guerrilleros paraguayos, inscriptas de forma irregular en Argentina, criadas allí, quienes a cierta edad vuelven al país para recibir entrenamiento militar en el grupo armado”.

En tanto, este viernes, el ministro Asesor de Asuntos internacionales del Gobierno, Federico González, en respuesta al reclamo argentino dijo en rueda de prensa que el gobierno de Paraguay en base a pruebas forenses, considera que las menores no tenían 11 años como reza la documentación argentina.

El médico forense del Ministerio Público de Paraguay, Cristian Ferreira, dijo en conferencia de prensa que los cuerpos corresponden a menores de edad de entre 15 y 17 años, atendiendo al “desarrollo mamario y a nivel de la pelvis”. Detalló que “ambas fallecieron por shock hipovolémico por los impactos. Un cuerpo presentaba seis disparos y el otro, dos”.

Tras la exhumación y estudios más detallados de ADN, la fiscalía paraguaya sostiene que podrá dar datos más precisos sobre “las edades y las identidades reales de las abatidas”.

Paraguay pidió a las autoridades argentinas “seguir en comunicación de manera que los hechos ocurridos sean aclarados de la forma más objetiva posible y renovó su interés en que los dos gobiernos realicen esfuerzos conjuntos en la lucha contra todo tipo de organización criminal vinculada con explotación y utilización de niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos”.