La sesión fue convocada por el secretario parlamentario Adrián Pagan en cumplimiento del proyecto de resolución aprobado el 9 de abril, en el que también se votó interpelar a Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Roberto Silva (Comisión Nacional de Valores). Hasta ahora, solo Francos confirmó su asistencia. La ausencia del jefe de Gabinete podría implicar causales de juicio político, algo que no rige para los demás funcionarios.
“Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar con decisión en los cambios estructurales que liberarán a nuestro país de las ataduras del pasado”, había declarado Francos la semana pasada al presentar su informe de gestión. Entonces evitó referirse al tema $Libra, con el argumento de que lo haría el próximo martes.
La comisión investigadora
El miércoles, a las 10, se constituirá la comisión investigadora especial, que fue aprobada por 128 votos afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones, y que cuenta con una división exacta entre oficialismo y oposición: 14 integrantes por lado.
Unión por la Patria se quedó con siete bancas, la Coalición Cívica con dos, Encuentro Federal con dos, Democracia para Siempre con dos, y el Frente de Izquierda con una. En tanto, el oficialismo sumó a sus cuatro diputados de La Libertad Avanza los del PRO-MID, la UCR, Innovación Federal y la Liga del Interior.
La presidencia del cuerpo se anticipa como el primer foco de tensión, ya que la oposición reclama ese lugar para sí, aunque el oficialismo podría bloquear el avance si no consigue un presidente afín. La disputa es clave, ya que desde la presidencia se convoca a las reuniones, se establece el temario y se valida el quórum.
Una posible salida negociada sería que la presidencia recaiga en un legislador opositor «dialoguista», y no de Unión por la Patria, la fuerza que impulsa con mayor ímpetu el avance de la causa en el Congreso.
La causa $Libra
El escándalo se originó el 14 de febrero, cuando Javier Milei promocionó públicamente en la red social X la criptomoneda $Libra, vinculada a empresarios extranjeros y operadores locales, en una operación que hoy es investigada por la Justicia argentina y la estadounidense.
La denuncia apunta a una supuesta estructura de recaudación paralela, vinculada a figuras del entorno presidencial, que habría gestionado reuniones con el presidente a cambio de sumas millonarias. La oposición impulsó sin éxito la inclusión de Karina Milei y Manuel Adorni entre los funcionarios a interpelar, aunque se espera que sus nombres vuelvan a estar en debate durante los trabajos de la comisión.