La intervención de Ueno Bank dejó al descubierto algo más grave que una insolvencia bancaria: la sospecha de que el presidente Santiago Peña estuvo demasiado cerca de la entidad que su propio Estado debía supervisar. Su antigua participación accionaria en Ueno Holding, vinculada al grupo propietario del banco, convierte la crisis en un caso de conflicto de intereses político antes que en una simple falla técnica del sistema financiero.
Un vínculo demasiado reciente
Peña fue accionista de Ueno Holding y mantuvo esa participación hasta marzo de 2026, apenas meses antes del colapso. El banco intervenido operaba como una de las principales plataformas financieras digitales del país y reunía a 2,9 millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya.
No hace falta probar que Peña intervino directamente en las decisiones del banco para que el problema político exista. Basta con que el jefe de Estado haya tenido un interés patrimonial reciente en la estructura empresarial de una entidad cuyo destino dependía de la vigilancia del Banco Central. Esa cercanía erosiona la presunción de imparcialidad, que es la base de toda supervisión financiera seria.
El regulador que conocía al banco
El conflicto se agrava por la trayectoria de Carlos Carvallo, presidente del Banco Central del Paraguay al momento de la intervención. Carvallo había presidido la Financiera Ueno, antecesora de Ueno Bank, antes de asumir la conducción del BCP en 2023.
La secuencia es explosiva: el hombre que debía detectar a tiempo los riesgos de Ueno Bank había dirigido previamente la institución de la que esta provenía. Cuando el BCP anunció la resolución del banco por insuficiencia de solvencia, la pregunta pública no fue solo por qué se derrumbó Ueno, sino por qué el Estado no actuó antes.
La Superintendencia de Bancos habría advertido en junio indicios de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas con su propio grupo controlador. Si esa alerta existía, la demora en intervenir aparece menos como una falla administrativa y más como una posible omisión protegida por relaciones personales y políticas.
El Estado como acreedor atrapado
La crisis no afectó únicamente a ahorristas privados. Fondos del Estado y recursos del sistema previsional quedaron congelados dentro de Ueno Bank, incluidos depósitos vinculados a jubilados y organismos públicos.
Eso transforma el episodio en una cuestión de responsabilidad republicana. Un gobierno no puede explicar con facilidad por qué dinero público terminó concentrado en una entidad con vínculos tan estrechos con el propio presidente y con el titular del regulador. La exposición del Estado amplifica la sospecha de que la relación entre el poder político y el banco no era casual.
La defensa de Peña y sus límites
Peña intentó despegarse del colapso al calificarlo como un “caso particular de una entidad”. Anunció además un proyecto de ley para habilitar el uso del Fondo de Garantía y comenzar pagos inmediatos a los ahorristas.
Pero la explicación llega tarde y no responde la pregunta central: ¿por qué el presidente mantuvo participación en Ueno Holding hasta marzo, sabiendo que el banco operaba con depósitos masivos, incluyendo fondos públicos? La promesa de devolver el dinero puede aliviar la emergencia, pero no borra el conflicto de intereses ni la sensación de que la supervisión fue capturada por la cercanía política.
Una crisis de confianza, no solo bancaria
Las protestas de ahorristas y jubilados apuntan directamente contra Peña y exigen la devolución íntegra de los fondos, el esclarecimiento de responsabilidades y sanciones penales para los responsables. La calle no está reclamando solamente liquidez: está reclamando que el poder político no proteja a sus propios vinculados.
Dentro del Partido Colorado, la crisis ya altera la sucesión. El vicepresidente Pedro Alliana pospuso su precandidatura presidencial y se declaró dispuesto a acompañar a Peña para “arreglar la casa”, una frase que revela la dimensión institucional del problema: no se trata solo de salvar un banco, sino de evitar que el escándalo desestabilice al oficialismo.
El costo político para Milei
Para Javier Milei, el caso golpea un relato que había construido con especial cuidado: presentar a Paraguay como un modelo de ortodoxia económica y buen manejo fiscal, cercano a sus propias ideas. La crisis de Ueno Bank muestra el reverso de ese modelo: sin independencia regulatoria, transparencia y distancia real entre política y negocios, la confianza de mercado puede evaporarse de un día para otro.
El daño es mayor porque el escándalo involucra a Santiago Peña, un aliado regional de Milei. El presidente argentino no puede celebrar la disciplina fiscal de Paraguay sin explicar por qué un banco vinculado al presidente paraguayo pudo captar ahorros públicos y privados mientras el regulador tenía un historial laboral directo con la entidad.
Lo que debe investigarse
La credibilidad de Peña dependerá de respuestas concretas, no de declaraciones de serenidad:
– Cuándo vendió exactamente su participación en Ueno Holding, a quién y a qué precio.
– Si conoció las alertas regulatorias sobre créditos vinculados y riesgos de solvencia antes de la intervención.
– Por qué fondos estatales y previsionales permanecían depositados en Ueno Bank. [facebook]
– Qué responsabilidad tuvo Carvallo por su doble rol: exdirigente de la Financiera Ueno y luego presidente del BCP.
– Si hubo decisiones regulatorias demoradas, omisiones o protecciones políticas.
La crisis de Ueno Bank no será resuelta con un rescate financiero. Se resolverá —o se profundizará— según pueda demostrarse que Santiago Peña no usó su poder para proteger un interés privado que hasta hace pocos meses fue también suyo.