El gobernador Hugo Passalacqua remitió a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley VII N.º 103, la norma que regula la movilidad de los haberes de jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS). La iniciativa busca ponerle fecha, porcentaje y garantía a una deuda que, para miles de misioneros, no es una discusión técnica sino la diferencia entre llegar o no a fin de mes.
El proyecto obtuvo dictamen por unanimidad en comisión y el diputado José Luis Pastori anticipó que la expectativa era llevarlo a sesión esta misma semana; la Legislatura tiene previstas dos reuniones para completar su calendario y daría prioridad a la iniciativa.
Qué propone la ley
El proyecto establece un cronograma progresivo para efectivizar las movilidades previsionales pendientes: al menos el 25% desde noviembre de 2026; como mínimo el 50% desde marzo de 2027; y la totalidad de los ajustes desde julio de 2027.
No se trata de tres aumentos generales adicionales sobre los haberes, sino del cumplimiento escalonado de las actualizaciones que ya corresponden y permanecen pendientes. La distinción es central: la norma busca que el Estado provincial deje de postergar obligaciones previsionales y comience a saldarlas con un calendario verificable.
La iniciativa fija además el 31 de julio de 2027 como fecha límite de vigencia del condicionamiento vigente en el artículo 10. A partir de allí, el pago de la movilidad no debería quedar supeditado de manera indefinida a la llegada de fondos nacionales.
La deuda de la Nación
Un pasivo que ronda el medio billón de pesos. Los fundamentos del proyecto estimaban que la deuda acumulada de la Nación con la caja previsional de Misiones alcanzaba unos $300.000 millones hacia fines de 2024, principalmente por déficits registrados entre 2019 y 2024. El diputado José Luis Pastori estimó que, actualizada a octubre de 2026, esa deuda rondaría los $500.000 millones —medio billón de pesos—, considerando únicamente los fondos previsionales pendientes.
Ese monto explica por qué la movilidad jubilatoria quedó atrapada en una disputa de financiamiento. Mientras la Nación no transfiere los recursos comprometidos, Misiones debe afrontar con fondos propios obligaciones del IPS, lo que demoró la aplicación de ajustes y retroactivos que los jubilados ya tenían reconocidos.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a negociar acuerdos con el Gobierno nacional y la ANSES para financiar el déficit previsional, incluso mediante garantías asociadas a recursos de coparticipación federal. La finalidad es que el conflicto fiscal entre jurisdicciones no siga trasladándose, como una factura silenciosa, al bolsillo de los pasivos.
El origen del problema
Misiones administra su propia caja previsional, pero el artículo 10 de la Ley VII N.º 103 condiciona el pago de los ajustes al envío de recursos que la Nación adeuda a la provincia por el déficit del sistema previsional. Ante la falta de transferencias, los aumentos y retroactivos quedaron trabados, aunque el perjuicio lo terminan sufriendo los jubilados y pensionados.
El proyecto mantiene transitoriamente esa vinculación con el financiamiento nacional, pero le pone un límite temporal. En paralelo, habilita al Ejecutivo a buscar mecanismos de financiamiento con la Nación y la ANSES para asegurar el cumplimiento del cronograma.
La lógica de fondo es simple: un conflicto fiscal entre la Provincia y la Nación no puede traducirse, mes tras mes, en una pérdida silenciosa de ingresos para quienes ya terminaron su vida laboral.
Qué gana cada jubilado
Para los actuales beneficiarios del IPS, el beneficio más inmediato es la recuperación progresiva de las movilidades adeudadas. Un jubilado podría comenzar a percibir una primera parte de los ajustes pendientes en noviembre de 2026, ver una mejora adicional en marzo de 2027 y completar la actualización en julio de ese año.
Para los futuros jubilados, el proyecto apunta a algo igual de importante: previsibilidad. Si la norma se aprueba y se cumple, el sistema debería reducir el riesgo de que las actualizaciones queden suspendidas por demoras en las transferencias nacionales, un factor que hoy erosiona el valor real del haber y complica la planificación económica de quienes se acercan al retiro.
La medida se complementa con un programa de asistencia sin interés para trabajadores estatales y jubilados que destinan más del 39% de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, junto con un tope del 30% para descuentos por planilla. No reemplaza la actualización de haberes, pero puede aliviar la presión de deudas sobre ingresos ya deteriorados.
El punto que sigue abierto
El proyecto tiene un límite que ya genera debate: establece plazos para efectivizar las movilidades pendientes, pero no resuelve por sí solo el tratamiento integral de los retroactivos acumulados ni define con precisión cómo se cancelará el pasivo histórico.
Ese será probablemente el eje del tratamiento en el recinto. Para los jubilados, una actualización futura sin una reparación clara de lo adeudado puede significar recuperar parte del camino, pero no toda la pérdida acumulada. Para el Gobierno provincial, en cambio, el cronograma representa una salida ordenada frente a un problema financiero que excede a Misiones.
Una medida con rostro humano
Detrás de cada punto porcentual hay jubilados que ajustan medicamentos, alimentos, transporte o cuotas. La propuesta de Passalacqua no compensa por sí sola la pérdida de poder adquisitivo, pero introduce dos elementos valiosos: un calendario concreto para las actualizaciones y el compromiso de que, a partir de julio de 2027, el cobro deje de depender de una demora externa.
Ahora la Legislatura deberá convertir esa promesa en ley y, sobre todo, en cumplimiento efectivo. La discusión determinará si Misiones avanza hacia una reparación real de sus pasivos o si solamente ordena, con fechas, una deuda que sigue pendiente.
Aumento salarial inmediato para el sector pasivo
En paralelo a la discusión de esta ley, el gobernador Hugo Passalacqua anunció un incremento salarial del 8,5% que beneficia tanto a los trabajadores activos de la administración pública como a todos los jubilados provinciales del Instituto de Previsión Social (IPS).
Este incremento inmediato se distribuye de la siguiente manera:
• 5% de aumento con los haberes de octubre de 2026.
• 3,5% de aumento con los haberes de noviembre de 2026.