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Argentina / Economía / Política | Reforma Laboral: Paro nacional confirmado para este jueves

por A. Miravet

El rechazo sindical se concentra en puntos neurálgicos de la reforma que ya cuenta con media sanción del Senado, entre ellos la modificación del régimen de indemnizaciones y la flexibilización de la jornada laboral. Sin embargo, uno de los artículos que más irritación causó es el que habilita descuentos salariales de hasta el 50% en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, una medida defendida por el ministro Federico Sturzenegger bajo el argumento de «evitar abusos». Para la CGT, estas cláusulas, sumadas a las restricciones al derecho a huelga, configuran un escenario de precarización que obliga a una respuesta contundente que trascienda la simple protesta callejera.

La adhesión de los gremios del transporte, nucleados en la UGATT, garantiza que el impacto de la huelga será total en todo el territorio nacional. Según confirmaron fuentes gremiales, no funcionarán colectivos, trenes, taxis ni habrá vuelos durante la jornada del jueves, lo que paralizará de hecho la actividad económica. Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la central, fue tajante al señalar que «ya no alcanza con salir a la calle» y que el paro nacional es la herramienta necesaria para marcar un límite a un proyecto que consideran «ideológicamente antisindical».

Desde el sector marítimo, el secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Mariano Moreno, advirtió sobre las consecuencias específicas para el personal embarcado, que quedaría excluido de la Ley de Contrato de Trabajo. Según Moreno, la reforma asimila legalmente a los marinos con personas privadas de su libertad al eliminar la protección del artículo 14 bis de la Constitución, dejando la actividad bajo un régimen puramente comercial y administrativo. «Si no luchamos hoy, vamos a terminar trabajando por un sueldo de miseria», sentenció el dirigente, sumando su voz al rechazo transversal que genera la iniciativa oficialista.

El próximo miércoles a las 11:00, la cúpula de la CGT brindará una conferencia de prensa en la sede histórica de la calle Azopardo para brindar los detalles finales de la modalidad del paro y las adhesiones de otros sectores. Mientras el Gobierno nacional apuesta a una aprobación rápida en Diputados para consolidar su modelo de desregulación, el sindicalismo se prepara para su cuarto paro general contra la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, en una pulseada que promete ser definitiva para el futuro de las relaciones laborales en Argentina.

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Argentina / Economía / Política | Alerta roja del FMI: el malestar social será «palpable» sin una reactivación urgente

por A. Miravet

La preocupación del Fondo se sustenta en una crisis de ingresos que califican como fenomenal, donde los sueldos de sectores estratégicos como la construcción, la industria y el comercio ya no llegan a cubrir ni la mitad de la canasta básica de pobreza. El reciente conflicto de la Policía de Santa Fe, cuyos salarios pasaron de 900 mil pesos a 1,3 millones tras días de protesta, es visto como un síntoma de la brutal crisis del «no hay plata». Mientras el presidente ultraderechista Javier Milei intenta sostener el ajuste para frenar la inflación, los números de la calle muestran que una familia necesita 1,4 millones de pesos para no ser pobre, una cifra que hoy es una quimera para la gran mayoría de los trabajadores formales.

A este escenario de asfixia económica se suma una denuncia de gravedad institucional por parte de los trabajadores de ATE-INDEC, quienes alertaron sobre una posible intromisión del Ejecutivo en las futuras publicaciones de datos de pobreza. Según el comunicado gremial, existe una campaña gubernamental que busca imponer «índices alternativos» que no son oficiales para simular una mejora en la realidad social que no se percibe en las góndolas. El riesgo, advierten los especialistas, es que la estadística oficial termine desconectándose totalmente de la realidad, ocultando que llenar un changuito de supermercado cuesta hoy al menos 900 mil pesos, el equivalente a casi la totalidad de muchos salarios básicos.

En el sector industrial, la situación es de «desangre», con salarios promedio que a finales de 2025 rondaban apenas los 854.979 pesos. A pesar de que la Unión Industrial Argentina (UIA) mantiene una relación de «ceos colaborativos» con el ministro Luis Caputo, la base trabajadora enfrenta suspensiones y cierres de locales por la apertura importadora y la caída del consumo. Mientras los representantes industriales elogian la reforma laboral en comunicados conjuntos con el Gobierno, las máquinas paradas en las fábricas cuentan otra historia: la de un modelo que, según admiten en off las fuentes oficiales, cuenta con el respaldo político de Donald Trump, pero que cruje ante la falta de una «luz al final del túnel» económica.

Finalmente, el debate sobre el impacto del IPC alterado en las mediciones de pobreza promete ser el próximo gran foco de conflicto. Con el Fondo Monetario mirando con ojos adustos el impacto social de la crisis y un sindicalismo que advierte sobre la precarización total, el Gobierno se encuentra en una encrucijada entre el ajuste fiscal y la temperatura de una calle que no deja de subir. Los «índices alternativos» y las promesas de reactivación futura parecen no ser suficientes para calmar a un FMI que, por primera vez, se muestra más preocupado por la paz social que por el cumplimiento de las metas fiscales estrictas.

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Argentina / Economía | Cementerio de pymes libertario: Misiones lidera pérdida de empleadores en una Argentina con 22 mil empresas menos

por A. Miravet

El cierre neto de casi 22 mil empleadores en apenas dos años no es un dato aislado, sino la consecuencia de un modelo que ha paralizado sectores estratégicos como la construcción, el primer eslabón en sentir el freno total de la obra pública y la motosierra estatal. El informe oficial revela además un dato desolador sobre la corta vida de los proyectos bajo este esquema: el 34% de los cierres registrados en el último año correspondió a firmas con menos de tres años de antigüedad. Bajo la visión del presidente ultraderechista Javier Milei, los nuevos empleadores no logran superar su ciclo inicial de vida, asfixiados por una estructura de costos en ascenso y un consumo interno que no encuentra piso.

En el caso específico de Misiones, la reducción de la base patronal es alarmante: la provincia pasó de tener 9.638 empleadores con personal declarado a solo 8.807 en el periodo analizado. Esta pérdida de 831 empleadores en la tierra colorada se traduce de forma directa en una caída del 6,9% en la cantidad de trabajadores cubiertos, lo que representa 9.649 puestos de trabajo formales menos. La dinámica refleja la imposibilidad de muchos pequeños industriales y comerciantes misioneros de sostener sus nóminas salariales ante la quita de subsidios, los tarifazos y la caída vertical de las ventas en el noreste argentino.

Para los empleadores misioneros que aún resisten, la carga relativa es mucho más pesada que para sus pares del resto del país. La relación entre la cuota del sistema de riesgos del trabajo y la masa salarial en la provincia se ubica en un 3,72%, una cifra sensiblemente superior al promedio nacional del 2,93%. Bajo la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, los empleadores del interior no solo enfrentan la desaparición de sus mercados, sino que soportan costos fijos operativos que castigan con mayor dureza a las PyMEs de las economías regionales que a las grandes firmas del centro del país.

En definitiva, las estadísticas de la SRT confirman un proceso de achicamiento de la base productiva formal que no parece tener freno en el corto plazo. Aunque desde el Gobierno se intente celebrar el equilibrio fiscal y los indicadores financieros, la realidad en las provincias muestra un panorama de persianas bajas y una desarticulación del sector empleador sin precedentes cercanos. Con casi 22 mil empleadores menos en 24 meses, el desafío para quienes aún sostienen puestos de trabajo en 2026 se vuelve una carrera de supervivencia en una economía que ha priorizado el ajuste financiero sobre la sostenibilidad de las empresas. (Con información Secretaría de Trabajo de la Nación y Economis)

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Argentina / Política | La «motosierra» no llega a la familia: Cancillería adjudicó un contrato millonario a la esposa de Sturzenegger

por A. Miravet

La adjudicación, formalizada a través de la Disposición 2026-06694033, se tramitó mediante una «Adjudicación Simple por Especialidad», una modalidad que evitó la competencia con otros oferentes bajo el argumento de que la asociación de Rouillet es el «único prestador» capaz de garantizar capacitaciones de idioma. A pesar de que el expediente activó los protocolos de integridad por el evidente «vínculo positivo» (matrimonio) entre la proveedora y el ministro Sturzenegger, el contrato por cerca de 78.000 dólares fue ratificado sin miramientos. Resulta cínico que el presidente ultraderechista Javier Milei hable de terminar con los privilegios de la «casta» mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores firma acuerdos con la familia del funcionario encargado de ejecutar los despidos en el resto de la administración pública.

El contrato tiene una duración de nueve meses e incluye capacitación en inglés para 132 agentes, con un esquema de pagos que permite a la asociación de la esposa de Sturzenegger cobrar un adelanto del 40% del monto total apenas se perfeccione el acuerdo. Esta celeridad en el flujo de fondos estatales hacia la familia del ministro de Desregulación contrasta brutalmente con la parálisis salarial y la incertidumbre laboral que atraviesan los miles de empleados públicos que el propio Sturzenegger etiqueta como «prescindibles». Para el entorno del funcionario, el Estado es un cliente generoso; para el resto de los argentinos, es una estructura que debe ser demolida por el presidente ultraderechista Javier Milei.

No es la primera vez que se detectan estos vínculos en la actual gestión, pero la reincidencia de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa es notable: ya en 2024 habían obtenido otra orden de compra por más de 55 millones de pesos, aunque en aquel entonces no se publicó siquiera el «Pacto de Integridad» que hoy intentan usar como escudo ético. La ética de la desregulación que pregona el presidente ultraderechista Javier Milei parece detenerse en la puerta de los despachos oficiales, permitiendo que quienes impulsan la «motosierra» para los demás, se sienten a la mesa de las contrataciones públicas para recibir millones de pesos del erario que dicen querer proteger.

En definitiva, la adjudicación de 114 millones de pesos a la esposa de Federico Sturzenegger es un monumento a la hipocresía política de la era libertaria. Mientras se le pide sacrificio a la población y se celebra cada baja en la nómina del Estado como un triunfo de la libertad, el dinero de los impuestos termina en las cuentas de las asociaciones civiles que maneja el entorno familiar de los ministros. El relato del presidente ultraderechista Javier Milei contra el «Estado ladrón» se desmorona frente a un expediente oficial que confirma que, para algunos privilegiados, la caja del Estado sigue abierta, especialmente si el que firma es el encargado de cerrársela a todos los demás. (Noticias Argentinas)

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Argentina / Economía | El asado se vuelve un lujo prohibitivo: Consumo de carne vacuna cayó un 13% en el inicio de 2026

por A. Miravet

El dato más alarmante del informe es precisamente la brecha entre el costo de vida general y el precio de los cortes cárnicos, que se han disparado casi al doble de la inflación. Mientras el nivel general de precios (IPC-GBA) subió un 32,7% interanual, el rubro «carnes y derivados» escaló un 54,7%, y el valor promedio de los cortes vacunos en el mostrador alcanzó un alza del 70,8%. Esta dinámica ha perforado el consumo anualizado, que ya se ubica en apenas 47,9 kilos por habitante, consolidando una tendencia de pérdida del poder adquisitivo que no encuentra piso ni respuesta en las políticas del Ejecutivo nacional.

En el interior del país, la situación es todavía más acuciante por la velocidad de los aumentos regionales. En lo que va del mes de febrero, en la provincia de Misiones ya se registró una suba cercana al 11% en el precio de la carne, un golpe demoledor que anticipa un marzo aún más restrictivo para las familias misioneras. Este incremento preventivo en el noreste argentino demuestra que la desregulación total de precios impulsada por el presidente ultraderechista Javier Milei castiga con mayor saña a las provincias, donde el flete y la logística se trasladan de inmediato a las pizarras de las carnicerías.

Resulta paradójico que, en medio del constante «festejo libertario» por los indicadores financieros y el equilibrio fiscal, el asado haya liderado las subas con ese impactante 74,2%, seguido de cerca por el cuadril (73,7%) y la paleta (72,7%). Estos porcentajes no son solo números; representan la exclusión de millones de argentinos de su principal fuente de alimentación. La realidad que describe CICCRA es la de una economía donde el precio de la hacienda en pie aumentó un 73,0%, un costo que las carnicerías ya no pueden absorber y terminan trasladando a un consumidor que ya no tiene margen de maniobra.

Hacia adelante, el panorama para el resto de 2026 se presenta sombrío si persiste este esquema donde los alimentos básicos corren por una vía distinta a la de los salarios. La combinación de una inflación alimentaria desbocada y la ausencia de políticas de contención para el mercado interno sugiere que el piso histórico de consumo podría seguir cayendo. En este contexto, la brecha entre el discurso triunfalista oficial y la heladera de los ciudadanos parece ser la única variable que no para de ensancharse en la Argentina actual.

AQUÍ PUEDE VER EL INFORME COMPLETO: Inf-No-300-2026-enero

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Argentina / Economía / Judiciales | La trampa de la «Inocencia Fiscal»: Advierten que el nuevo régimen no es un perdón y carece de seguridad jurídica

por A. Miravet

La distinción no es menor, ya que, a diferencia de los blanqueos tradicionales, esta normativa no despreocupa al contribuyente de sus obligaciones pasadas. Según Domínguez, el sistema solo crea una «presunción de exactitud» que puede caer fácilmente si el fisco detecta inconsistencias, lo que convierte a la adhesión en un riesgo latente. En este sentido, el experto recomendó evitar a toda costa el depósito de dólares en cuentas propias, sugiriendo que los fondos se utilicen directamente en el destino —como la compra de un inmueble— para evitar que el banco dispare alertas por «ventas omitidas». Esta fragilidad técnica demuestra que el esquema del presidente ultraderechista Javier Milei prioriza la entrada de divisas por sobre la protección legal de quienes deciden exteriorizar sus ahorros.

Otro punto ciego en la estrategia oficial es la vigencia plena de los controles de lavado de dinero. Pese al discurso de desregulación constante, las normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la prevención de lavado en los bancos permanecen intactas. Esto significa que las entidades financieras siguen obligadas a analizar si el perfil del cliente guarda relación con el origen de los fondos, sin importar la adhesión al régimen. El banco debe verificar si la actividad declarada pudo generar ese dinero en los últimos años, lo que deja al descubierto que la «inocencia» prometida por el Ejecutivo es más una etiqueta publicitaria que una realidad administrativa.

La incertidumbre se profundiza al considerar la inestabilidad política y el riesgo de revisiones futuras. Al no ser un perdón fiscal blindado por ley, nada impide que un cambio de signo político o una nueva directiva de la UIF revise las operaciones actuales en el corto plazo. Domínguez advirtió que, ante la proximidad de procesos electorales en los próximos dos años, los bancos podrían ser auditados para verificar si cumplieron con sus obligaciones de control. Bajo la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, el contribuyente queda atrapado en un gris legal donde la supuesta simplificación podría convertirse en la prueba documental de una infracción futura.

En conclusión, la «Inocencia Fiscal» se presenta como una herramienta precaria que requiere un análisis quirúrgico antes de ser utilizada. La falta de seguridad jurídica y la persistencia de los controles de origen de fondos desarman el relato de una liberación económica total. Para el ciudadano de a pie, la recomendación de los expertos es clara: no caer en el optimismo desmedido de la retórica oficialista y entender que, en materia tributaria, los errores de hoy bajo un régimen simplificado pueden transformarse en los juicios del mañana.

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Argentina / Economía | Umbral de pobreza: Los alimentos dieron un salto del 6 % en la canasta básica

por A. Miravet

El dato más crítico surge de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que delimita la línea de la indigencia y registró un salto del 5,8%, duplicando prácticamente el índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo periodo, que se ubicó en el 2,9%.

Esta brecha entre la inflación general y el costo específico de la comida pone de manifiesto que el rubro de alimentos y bebidas sigue siendo el principal motor del empobrecimiento. Para no caer en la indigencia, ese mismo núcleo familiar requirió 623.990 pesos mensuales únicamente para cubrir sus necesidades nutricionales mínimas. La variación interanual de la canasta alimentaria ya alcanza un 37,6%, superando con holgura la inflación acumulada del 32,4%, lo que evidencia una pérdida sistemática del poder adquisitivo en el mostrador del supermercado.

En términos individuales, el informe oficial precisa que un adulto solo necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras que el piso para no ser pobre se fijó en 440.226 pesos. Estas cifras marcan una realidad compleja para los trabajadores con ingresos fijos, ya que la Canasta Básica Total (CBT) mostró una variación del 3,9% mensual. El hecho de que la comida suba casi al 6% mientras el índice general se mantiene más bajo indica que el ajuste de precios está golpeando con mayor dureza a los estratos sociales que destinan la mayor parte de su presupuesto al sustento diario.

Por primera vez en varios años, el informe de la canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero, permitiendo un análisis más crudo de la distorsión de precios. A pesar de que el IPC interanual se sitúa en el 32,4%, la suba de la canasta total en el mismo periodo fue del 31,6%, pero es el componente alimentario el que desequilibra la balanza social. Esta dinámica genera un efecto de «inflación de los pobres», donde aquellos con menos recursos enfrentan los aumentos más agresivos en los productos que no pueden dejar de consumir.

La estructura de costos en la economía local parece no encontrar un techo estable frente a salarios que, en su mayoría, corren por detrás de estos incrementos porcentuales. El salto del casi 6% en los alimentos esenciales representa un desafío crítico para la gestión de la pobreza a nivel nacional, ya que eleva el piso de ingresos necesarios para la subsistencia básica. Con estos valores, la cobertura de la CBT se transforma en una meta cada vez más difícil de alcanzar para millones de argentinos que ven cómo el costo de vida se encarece a un ritmo superior al de sus propios haberes.

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Argentina / Economía | Advierten comerciantes de Posadas que beneficios a la patronal en la Reforma Laboral se estrella contra el nulo consumo

por A. Miravet

Para el dirigente mercantil Federico Panozzo, el gobierno de Javier Milei, el presidente ultraderechista, se ha enfocado obsesivamente en la macroeconomía, dejando a la deriva la realidad de los mostradores donde la caída del consumo es la verdadera soga al cuello.

Si bien Panozzo defiende la flexibilización de las condiciones de contratación para «proyectar y probar nuevos equipos» sin el temor a litigios judiciales, reconoce que la reactivación no será mágica. La crisis que atraviesan las pymes, especialmente en una zona de frontera como Misiones, tiene raíces estructurales que el texto legislativo no logra tocar. De hecho, el dirigente subrayó que, aunque la ley se apruebe mañana, las tasas de desempleo no bajarán mientras persista la agonía del bolsillo de los argentinos, una situación que arrastra años de deterioro pero que se ha agudizado bajo el actual esquema económico.

El análisis del empresario posadeño desnuda una contradicción en el modelo del gobierno de Javier Milei, el presidente ultraderechista: se otorgan herramientas para «aliviar» la carga patronal, pero se ignora que muchas pymes hoy no tienen margen ni para pagar sueldos ni para acceder a crédito básico. Panozzo describió un escenario asfixiante marcado por la suba de costos energéticos, combustibles y una presión impositiva que no da tregua. Sin una mirada sobre la microeconomía y sin políticas de financiamiento directo, la reforma corre el riesgo de ser una cáscara vacía para negocios que están operando a pérdida.

En este contexto, la satisfacción por la «modernización» laboral se transforma rápidamente en preocupación cuando se observa la falta de incentivos para fomentar la demanda. Para el referente de la CCIP, la discusión sobre cómo generar consumo en Argentina y cómo combatir las asimetrías fronterizas en Misiones es una deuda pendiente que la reforma laboral no salda. Las empresas hoy se encuentran endeudadas y sin capacidad de maniobra, atrapadas en un círculo vicioso donde la baja de costos de despido o contratación no compensa la ausencia total de clientes en los locales.

Finalmente, Panozzo insistió en que el impacto de cualquier cambio legislativo será gradual y dependerá de que la macroeconomía empiece a derramar hacia la calle. Mientras tanto, el sector privado queda a la espera de un «parche» o un apalancamiento que les permita sobrevivir hasta que el consumo deje de ser una variable de ajuste. La advertencia es clara: se puede reformar todo el código laboral, pero sin plata en la calle para comprar lo que la pyme produce, el mercado laboral seguirá estancado en la informalidad y la recesión.

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Aprobado por los senadores: Sturzenegger confirma que enfermarse o lesionarse costará la mitad del sueldo

por A. Miravet

Ya no se trata solo de flexibilizar despidos o precarizar contratos, sino de meterle la mano en el bolsillo al empleado en su momento de mayor vulnerabilidad, estableciendo pagos de apenas el 50% del sueldo si la lesión ocurre fuera del ámbito laboral.

Esta medida es un retroceso civilizatorio que rompe el principio de protección integral del trabajador. Sturzenegger, con una frialdad técnica alarmante, justificó que si alguien se lesiona «jugando al fútbol» -un ejemplo que busca banalizar cualquier accidente doméstico o deportivo-, el empleador solo estará obligado a pagar la mitad de la remuneración. Incluso en casos de enfermedades ajenas a la voluntad del trabajador, el pago ya no será del 100%, sino que caerá al 75%. Es, lisa y llanamente, un impuesto a la enfermedad que obliga al trabajador a elegir entre su salud y su sustento.

El cinismo del ministro llega a su punto máximo al calificar estas situaciones como «abusos» de licencias psiquiátricas o afecciones prolongadas. Al recortar los ingresos de quienes padecen cuadros de salud mental, el gobierno de Javier Milei, el presidente ultraderechista, ignora deliberadamente el contexto de crisis y estrés que su propio modelo económico genera. Para el «mago de la desregulación», una licencia eterna es un costo que debe ser erradicado, sin importar si detrás hay un ser humano incapacitado para cumplir sus tareas.

La reforma no se detiene ahí y avanza sobre la estructura misma de la negociación colectiva a través de la «federalización del trabajo». Al permitir que los acuerdos por empresa primen sobre los convenios nacionales, se habilita una competencia a la baja donde las provincias con menos dinamismo económico verán pulverizados sus salarios y condiciones de trabajo. Es el regreso a un modelo de servidumbre moderna, donde el poder de negociación del sindicato se atomiza y el trabajador queda solo frente a la arbitrariedad de la patronal.

Finalmente, la introducción del «banco de horas» y la modificación de las vacaciones terminan de configurar un escenario donde la vida personal queda totalmente supeditada a la necesidad del mercado. Sumado a la baja de cargas patronales y la limitación de los aportes sindicales, el paquete legislativo es un traje a medida para el sector empresario más concentrado. Mientras el gobierno celebra esta «reforma estructural», el trabajador argentino se queda sin red, con menos salario y con el miedo constante de que enfermarse sea el primer paso hacia la indigencia.

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Argentina / Economía | La industria no encuentra su piso y el uso de la capacidad instalada se hundió al 53,8 %

por A. Miravet

Esta alarmante caída confirma las advertencias que Vox Populi venía sosteniendo sobre el enfriamiento de la economía real bajo la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, donde más de la mitad de las fábricas del país permanecen hoy ociosas.

El informe técnico revela una realidad desoladora para sectores estratégicos que son motores del empleo genuino: la industria automotriz opera a tan solo un 31,2% de su capacidad, mientras que el rubro textil apenas alcanza el 35,2%. Estas cifras, que se ubican muy por debajo del promedio general, exponen la gravedad de una recesión que ha golpeado de lleno en el consumo interno y en la producción de bienes durables. En comparación con diciembre de 2024, cuando la ocupación de planta era del 56,7%, la brecha negativa evidencia que la política de ajuste y la caída del poder adquisitivo han vaciado las líneas de montaje de las principales terminales del país.

Uno de los datos más dramáticos del reporte del Indec es el retroceso en la fabricación de bienes de uso doméstico y maquinaria agrícola, sectores que sufrieron desplomes interanuales del 43% y 22,9% respectivamente. La metalmecánica, excluida la automotriz, registró una utilización de apenas el 38,9%, lo que implica que casi el 60% de su potencial productivo está desperdiciado. Esta inactividad forzada no solo pone en riesgo la estabilidad de miles de puestos de trabajo, sino que también desincentiva cualquier tipo de inversión genuina en un contexto donde el costo de mantener una planta abierta supera con creces los beneficios de una producción que no encuentra compradores.

En la vereda opuesta, solo rubros específicos como la refinación de petróleo (87,1%) y las industrias metálicas básicas (57,5%) lograron mantenerse por encima del nivel general, impulsadas principalmente por el sector exportador de acero crudo, que registró un leve repunte del 11,9%. Sin embargo, estas excepciones no logran compensar el naufragio de la industria liviana y el consumo masivo. Sectores como el caucho, el plástico y el tabaco muestran niveles de operatividad cercanos al 30%, una señal inequívoca de que la estructura industrial argentina está funcionando a «media máquina», atrapada entre el aumento de los costos operativos y un mercado interno que se ha pulverizado.

La crisis industrial se entrelaza de forma crítica con los datos sociales conocidos recientemente, donde la suba de la canasta alimentaria de casi el 6% termina de asfixiar cualquier capacidad de ahorro o consumo de bienes industriales por parte de las familias. Con una capacidad instalada que no encuentra fondo, el panorama para el primer trimestre de 2026 se presenta sombrío, marcado por la incertidumbre de un sector productivo que aguarda señales de reactivación que no llegan. Mientras las fábricas sigan apagando sus motores, el riesgo de una desindustrialización profunda se vuelve una amenaza cada vez más tangible para el entramado social del país.

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Argentina / Economía | El Indec confirmó la caída del salario que ronda el 20 % desde que asumió Milei

por A. Miravet

Esta confirmación estadística llega para dar respaldo a las proyecciones que advertían sobre la licuación de los ingresos frente a una inflación que corre a un ritmo mucho más agresivo que los haberes nominales. Desde Vox Populi se venía informando de esta situación hace semanas.

El dato más alarmante surge al analizar el acumulado de la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, donde los salarios del sector público se han derrumbado casi un 20% en términos reales. Desde la llegada del Ejecutivo actual en noviembre de 2023, la pérdida de poder de compra de los estatales alcanzó el 17,03% oficial, una cifra que se estira al 22,6% si se aplicaran los índices de medición actualizados que el Gobierno decidió no publicar. Este desplome masivo de los ingresos explica la conflictividad social que se multiplica en sectores clave como la salud, la docencia y las fuerzas de seguridad en todo el país.

La brecha entre los aumentos otorgados y el costo de vida real es aún más profunda si se considera la polémica salida de Marco Lavagna del Indec tras la decisión oficial de no utilizar la canasta de 2017/18. Economistas y especialistas señalan que la pérdida salarial real está siendo maquillada por una metodología que no refleja el peso actual de los servicios y las tarifas en el presupuesto de los hogares. Bajo una medición moderna, la caída de los privados durante 2025 no sería marginal, sino que treparía al 8,1%, evidenciando un deterioro que cruza a toda la clase trabajadora sin distinciones.

Esta dinámica de «actualización tardía» de los haberes -que siempre corren por detrás de la inflación pasada- ha generado que los ingresos de los trabajadores registrados retrocedan a niveles de finales de 2024. Para el sector privado, la caída real en diciembre fue del 0,3%, acumulando cuatro meses consecutivos a la baja. La percepción de los hogares coincide con los datos de las consultoras: la estructura de gasto actual, marcada por los constantes aumentos en la canasta básica, no encuentra alivio en paritarias que apenas alcanzan para cubrir la inercia de precios del mes anterior.

 

La confirmación de estos datos por parte del organismo nacional cierra un círculo de advertencias sobre la inviabilidad de sostener el consumo con ingresos que pierden sistemáticamente contra la góndola. Mientras los conflictos gremiales escalan en puntos críticos como Rosario, la estadística oficial le da la razón al reclamo de la calle: trabajar ya no garantiza escapar de la pobreza. El desafío para 2026 comienza con un piso de ingresos sumamente degradado y una tensión social que encuentra en el derrumbe salarial de la era Milei el combustible necesario para nuevos reclamos de recomposición urgente.

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Argentina / Legislativas | Baja de imputabilidad a 14: Milei avanza con media sanción, pero provincias claman recursos

por A. Miravet

El 12 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados debatió el proyecto oficialista para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, derogando la Ley 22.278. Con 149 votos a favor y 100 en contra, obtuvo media sanción en un plenario de Legislación Penal, Presupuesto y Familia, liderado por Laura Rodríguez Machado (LLA). Pasa al Senado.

El régimen propone penas de hasta 15 años para mayores de 14, con énfasis en reinserción vía equipos multidisciplinarios, servicios comunitarios y resocialización. Oficialismo cedió de 13 a 14 años por oposición dialoguista; Unión por la Patria se dividió. Críticos como Myriam Bregman lo tildaron de «marketinero».

Pedido de recursos nacionales
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal) respaldó el proyecto por su enfoque integral, no punitivo: «Me llena de expectativa; no por cárcel, sino por atender adicciones y falta de contención familiar». Comparó con Brasil y Chile, donde persiste el debate sin ideologías.

Exigió fondos nacionales específicos: «Debe ir acompañada de recursos para provincias; contradicción imponer sin coparticipación». Propuso partida taxativa para implementación equitativa, evitando «moneda política». «Queremos que el chico sea atendido, no preso», enfatizó en el recinto. Su postura surgió en el mismo debate donde reclamó accesibilidad auditiva.

Posición del vicegobernador de Misiones
Lucas Romero Spinelli, vicegobernador misionero, apoya con cautela: Misiones ya aplica perspectiva integral con bajo impacto (solo 25 menores en institutos, 16-21 años). «No tanta injerencia nacional por nuestro abordaje interdisciplinario», indicó, priorizando análisis profundos sobre punibilidad.

El avance legislativo tensiona federalismo, demandando equilibrio entre seguridad y derechos juveniles.

Especialistas desarman la baja a 14: «Prisión no resuelve, agrava el delito juvenil»
Unicef, defensores de menores y neurocientíficos rechazan el proyecto oficialista aprobado en Diputados. Estudios alertan riesgos cerebrales, inconstitucionalidad y falta de fondos. Priorizan prevención sobre punición. Debate en Senado tensiona derechos humanos.

Varios especialistas en derechos del niño, neurociencia y justicia penal cuestionan la media sanción del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aprobada el 12 de febrero de 2026 en Diputados. Argumentan que ignora evidencias científicas y tratados internacionales.

Unicef Argentina rechazó la medida: «No hay datos que indiquen aumento progresivo de delitos en menores de 16; bajar la punibilidad es regresivo y malinterpreta estándares internacionales». Recomienda reformar el sistema juvenil sin reducir edad.

Críticas
Defensores de menores: Organizaciones como las citadas por Página/12 alertan que «chicos de 14 presos vulneran la Convención sobre Derechos del Niño» y profundizan exclusión social.
Estudios científicos: Informes destacan que el cerebro adolescente no madura hasta los 25; encarcelar aumenta reincidencia y daños neurobiológicos. «No resuelve seguridad, estigmatiza sectores populares», dice UBA Sociales.
Expertos judiciales: Exjuez Emilio Andruet ve inconstitucionalidad, colapso carcelario y falta de espacios diferenciados. «Endurecer penas no reduce delito; cíclico ante hechos graves».
Iglesia Católica también se opuso, sumada a Juan Grabois (UP): «Enfoque integral en salud mental, no cárcel». Pichetto admitió riesgos sin inversión social.
El rechazo enfatiza prevención, educación y resocialización sobre punición prematura. Senado definirá el futuro.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) no fija una edad mínima universal de imputabilidad penal, pero establece principios que cuestionan bajar a 14 años esa edad.
Artículos clave
Artículo 3: El interés superior del niño prevalece en todas las medidas judiciales o administrativas, priorizando protección sobre punición. Especialistas ven incompatible encarcelar a 14 años sin agotar alternativas restaurativas.
Artículo 37: Prohíbe la privación de libertad como sanción automática; debe ser medida extrema, por el menor tiempo posible y en instalaciones separadas de adultos. Exige tratar al menor con humanidad, respetando dignidad y desarrollo.
Artículo 40: Reconoce derechos procesales del niño en conflicto con la ley, enfatizando rehabilitación y reinserción social sobre castigo. Los Estados deben establecer edad mínima para responsabilidad penal, pero la CDN favorece sistemas juveniles flexibles por debajo de 18 años.
Implicancias para Argentina
Ratificada en 1990 con rango constitucional, la CDN obliga a priorizar prevención y educación sobre prisión para adolescentes. Unicef y defensores argumentan que bajar a 14 viola estos estándares, agravando reincidencia sin resolver causas como pobreza o adicciones.

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