Esta tendencia ascendente pone en jaque la promesa del presidente ultraderechista Javier Milei, quien había estimado que el índice de precios estaría debajo del 1% a inicios del segundo semestre. La realidad en las góndolas misioneras y el impacto de los servicios públicos marcan un ritmo que el Gobierno pretendía perforar, buscando un primer trimestre por debajo del 2%, meta que hoy parece lejana.
Tras un enero que cerró en 2,9%, sumando el quinto mes consecutivo de crecimiento inflacionario, los datos de febrero confirmarían un semestre con curva ascendente. Este escenario se da a pesar de que el oficialismo mantiene su plan de no emisión de pesos y una política cambiaria estricta para contener la divisa. El presidente ultraderechista Javier Milei sostiene los fundamentos de superávit fiscal, pero la resistencia de los precios a la baja mantiene en alerta al equipo económico, dado que el éxito de todo su programa depende de este indicador.
El rubro de alimentos es el principal motor de esta suba, con una mención especial para las carnes de todo tipo, que durante febrero promediaron incrementos superiores al 10%. Según el último relevamiento de la consultora LCG recibido por la Agencia Noticias Argentinas, los alimentos acumulan una suba superior al 3% en las últimas cuatro semanas. Por su parte, la consultora Eco Go detectó que, solo en la tercera semana del mes, los alimentos consumidos dentro del hogar subieron un 0,5%, proyectando una inflación para ese rubro específico del 2,7% mensual.
Otros estudios privados coinciden en la gravedad del cuadro inflacionario: Analytica proyecta una suba general del 2,8% para el mes, mientras que la canasta de productos básicos de Consumidores Libres mostró un alza del 3,1% solo en la primera quincena de febrero. Estas cifras contrastan drásticamente con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, donde los especialistas esperaban inicialmente una suba de apenas el 2,1% para este período.
A la presión en los alimentos se le suma el fuerte impacto de los servicios públicos, con actualizaciones en las tarifas de luz y gas que golpean directamente el bolsillo en un contexto donde el salario promedio privado cerró 2025 en $1.798.332. Este escenario de «inflación persistente» en regiones como el NEA obliga a los consumidores a ajustar sus presupuestos, mientras el Gobierno observa cómo, pese a cumplir con sus bases fiscales, los precios siguen por encima del nivel pretendido por la conducción nacional.