Bajo la denominada Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el Estado nacional busca transferir al sector privado la explotación y el cobro de peajes en arterias vitales para el NEA. Sin embargo, Ricardo Lasca, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), advirtió que este esquema no es una novedad, sino el reciclaje de una «estafa» que los argentinos ya padecieron y que promete disparar los costos logísticos de una provincia históricamente castigada por las asimetrías de transporte.

La memoria histórica juega un papel fundamental en este debate, ya que la privatización de las rutas nacionales tuvo su auge durante el gobierno menemista en los años 90 con resultados catastróficos. Aquel experimento fue un fracaso tan evidente que, en 1998, el propio Carlos Menem tuvo que retrotraer sus decisiones ante la falta total de inversión por parte de los privados, quienes se limitaron a cobrar peajes sin realizar las obras prometidas. Hoy, el planteo de la administración libertaria parece ignorar aquel antecedente, proponiendo un modelo de «inversión cero y riesgo cero» para las empresas, donde el usuario paga por un servicio que no recibe y por rutas que ya fueron financiadas con sus propios impuestos.

Desde el punto de vista legal, la inconstitucionalidad de la medida es el eje del reclamo, ya que vulnera el derecho al libre tránsito y configura una doble imposición. Lasca recordó que los ciudadanos ya aportan al mantenimiento de la red vial cada vez que cargan nafta a través del impuesto a los combustibles, fondos que —según denunció— son sistemáticamente desviados por el Estado hacia otros fines. «El peaje debe ser una contraprestación real por una obra; si la ruta está destruida y solo se dedican al bacheo y corte de pasto, no es un peaje, es un impuesto al tránsito disfrazado de inversión privada», sentenció el referente, señalando la falta de un defensor del pueblo que proteja a los usuarios.

El impacto económico para Misiones, una provincia que carece de redes ferroviarias activas y depende exclusivamente del asfalto para mover su producción, será inmediato y devastador. Con el nuevo esquema, se estima la instalación de estaciones de cobro cada 100 kilómetros, lo que podría elevar el costo para un camión a cifras astronómicas por cada tramo. Este incremento en el flete se trasladará directamente al precio de los alimentos y de los productos de exportación regional, encareciendo la vida de los misioneros en un contexto de alta inflación y recesión económica impulsada por el Ejecutivo nacional.

Finalmente, la seguridad vial aparece como la excusa recurrente para justificar la entrega de los caminos públicos a manos privadas. Con cifras alarmantes de siniestralidad en el país, dejar caer la infraestructura para luego presentar al peaje como la «única solución» es visto por la CONADUV como una maniobra perversa. Mientras el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei insiste en desregular todo a su paso, los usuarios viales exigen que se respete la ley, se utilicen correctamente los fondos específicos y no se repitan los errores de una década que terminó con rutas en ruinas y concesionarias enriquecidas a costa del bolsillo popular.