La advertencia surge del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, donde su titular, Vania Ilchuk, describió un panorama desolador: deudas acumuladas, droguerías que cortan el suministro y farmacias de barrio que, ante la falta de «espalda» financiera para sostener el desfinanciamiento estatal, evalúan dejar de atender obras sociales para no quebrar.
La crisis no es una sensación, sino el resultado directo de una gestión que prioriza el superávit fiscal sobre el derecho básico a la salud. Según el convenio vigente, el organismo nacional debería realizar adelantos a los diez días y cancelar el total a los 45; sin embargo, en la práctica, los profesionales misioneros denuncian que existen hasta seis pagos pendientes, arrastrando liquidaciones de diciembre y enero cuando el calendario ya marca el inicio de marzo. Esta desidia administrativa golpea el corazón del sistema, ya que para muchas farmacias de la tierra colorada los afiliados al PAMI representan hasta el 70% de su facturación diaria.
La situación se vuelve dramática al analizar qué tipo de medicación está en riesgo: se trata de tratamientos para la hipertensión, el colesterol, la diabetes y problemas cardíacos, esenciales para la supervivencia de los adultos mayores. A este combo de deudas se suma el recorte en la cobertura del 100% en varios productos, que ahora pasaron a ser de venta libre o requieren copagos que los magros haberes jubilatorios no pueden costear. Mientras el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei celebra el equilibrio de las cuentas públicas, los «abuelitos» —como los define Ilchuk— deben elegir entre comer o comprar los remedios que el Estado ya no garantiza.
El eslabón más débil de la cadena son las farmacias pequeñas, que se encuentran atrapadas entre un PAMI que no paga y droguerías que exigen cancelaciones a los siete días bajo amenaza de corte inmediato de cuenta. «La cadena de pago está rota», sentenció la dirigente, confirmando que ya hay establecimientos que han cerrado sus puertas definitivamente y otros que están limitando su servicio exclusivamente a clientes particulares. Esta retracción del servicio farmacéutico deja a los barrios y localidades del interior de Misiones en una vulnerabilidad extrema, rompiendo el contrato social de asistencia mínima.
Aunque desde la conducción nacional del PAMI prometieron normalizar el esquema mediante el pago de cuatro quincenas mensuales, la desconfianza reina en el sector farmacéutico local, que sigue cumpliendo con su parte del trato mientras el Estado deserta de sus funciones. La gestión libertaria, en su afán por recortar cada partida presupuestaria, parece olvidar que detrás de las planillas de Excel hay vidas humanas que dependen de una pastilla diaria. Sin una solución de fondo que respete los plazos legales, el sistema de salud misionero se encamina a un colapso donde los más débiles serán, una vez más, los principales perjudicados.