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Argentina / Economía | El Indec confirmó la caída del salario que ronda el 20 % desde que asumió Milei

por A. Miravet 13 febrero 2026

Esta confirmación estadística llega para dar respaldo a las proyecciones que advertían sobre la licuación de los ingresos frente a una inflación que corre a un ritmo mucho más agresivo que los haberes nominales. Desde Vox Populi se venía informando de esta situación hace semanas.

El dato más alarmante surge al analizar el acumulado de la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, donde los salarios del sector público se han derrumbado casi un 20% en términos reales. Desde la llegada del Ejecutivo actual en noviembre de 2023, la pérdida de poder de compra de los estatales alcanzó el 17,03% oficial, una cifra que se estira al 22,6% si se aplicaran los índices de medición actualizados que el Gobierno decidió no publicar. Este desplome masivo de los ingresos explica la conflictividad social que se multiplica en sectores clave como la salud, la docencia y las fuerzas de seguridad en todo el país.

La brecha entre los aumentos otorgados y el costo de vida real es aún más profunda si se considera la polémica salida de Marco Lavagna del Indec tras la decisión oficial de no utilizar la canasta de 2017/18. Economistas y especialistas señalan que la pérdida salarial real está siendo maquillada por una metodología que no refleja el peso actual de los servicios y las tarifas en el presupuesto de los hogares. Bajo una medición moderna, la caída de los privados durante 2025 no sería marginal, sino que treparía al 8,1%, evidenciando un deterioro que cruza a toda la clase trabajadora sin distinciones.

Esta dinámica de «actualización tardía» de los haberes -que siempre corren por detrás de la inflación pasada- ha generado que los ingresos de los trabajadores registrados retrocedan a niveles de finales de 2024. Para el sector privado, la caída real en diciembre fue del 0,3%, acumulando cuatro meses consecutivos a la baja. La percepción de los hogares coincide con los datos de las consultoras: la estructura de gasto actual, marcada por los constantes aumentos en la canasta básica, no encuentra alivio en paritarias que apenas alcanzan para cubrir la inercia de precios del mes anterior.

 

La confirmación de estos datos por parte del organismo nacional cierra un círculo de advertencias sobre la inviabilidad de sostener el consumo con ingresos que pierden sistemáticamente contra la góndola. Mientras los conflictos gremiales escalan en puntos críticos como Rosario, la estadística oficial le da la razón al reclamo de la calle: trabajar ya no garantiza escapar de la pobreza. El desafío para 2026 comienza con un piso de ingresos sumamente degradado y una tensión social que encuentra en el derrumbe salarial de la era Milei el combustible necesario para nuevos reclamos de recomposición urgente.

13 febrero 2026
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Argentina / Legislativas | Baja de imputabilidad a 14: Milei avanza con media sanción, pero provincias claman recursos

por A. Miravet 12 febrero 2026

El 12 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados debatió el proyecto oficialista para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, derogando la Ley 22.278. Con 149 votos a favor y 100 en contra, obtuvo media sanción en un plenario de Legislación Penal, Presupuesto y Familia, liderado por Laura Rodríguez Machado (LLA). Pasa al Senado.

El régimen propone penas de hasta 15 años para mayores de 14, con énfasis en reinserción vía equipos multidisciplinarios, servicios comunitarios y resocialización. Oficialismo cedió de 13 a 14 años por oposición dialoguista; Unión por la Patria se dividió. Críticos como Myriam Bregman lo tildaron de «marketinero».

Pedido de recursos nacionales
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal) respaldó el proyecto por su enfoque integral, no punitivo: «Me llena de expectativa; no por cárcel, sino por atender adicciones y falta de contención familiar». Comparó con Brasil y Chile, donde persiste el debate sin ideologías.

Exigió fondos nacionales específicos: «Debe ir acompañada de recursos para provincias; contradicción imponer sin coparticipación». Propuso partida taxativa para implementación equitativa, evitando «moneda política». «Queremos que el chico sea atendido, no preso», enfatizó en el recinto. Su postura surgió en el mismo debate donde reclamó accesibilidad auditiva.

Posición del vicegobernador de Misiones
Lucas Romero Spinelli, vicegobernador misionero, apoya con cautela: Misiones ya aplica perspectiva integral con bajo impacto (solo 25 menores en institutos, 16-21 años). «No tanta injerencia nacional por nuestro abordaje interdisciplinario», indicó, priorizando análisis profundos sobre punibilidad.

El avance legislativo tensiona federalismo, demandando equilibrio entre seguridad y derechos juveniles.

Especialistas desarman la baja a 14: «Prisión no resuelve, agrava el delito juvenil»
Unicef, defensores de menores y neurocientíficos rechazan el proyecto oficialista aprobado en Diputados. Estudios alertan riesgos cerebrales, inconstitucionalidad y falta de fondos. Priorizan prevención sobre punición. Debate en Senado tensiona derechos humanos.

Varios especialistas en derechos del niño, neurociencia y justicia penal cuestionan la media sanción del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aprobada el 12 de febrero de 2026 en Diputados. Argumentan que ignora evidencias científicas y tratados internacionales.

Unicef Argentina rechazó la medida: «No hay datos que indiquen aumento progresivo de delitos en menores de 16; bajar la punibilidad es regresivo y malinterpreta estándares internacionales». Recomienda reformar el sistema juvenil sin reducir edad.

Críticas
Defensores de menores: Organizaciones como las citadas por Página/12 alertan que «chicos de 14 presos vulneran la Convención sobre Derechos del Niño» y profundizan exclusión social.
Estudios científicos: Informes destacan que el cerebro adolescente no madura hasta los 25; encarcelar aumenta reincidencia y daños neurobiológicos. «No resuelve seguridad, estigmatiza sectores populares», dice UBA Sociales.
Expertos judiciales: Exjuez Emilio Andruet ve inconstitucionalidad, colapso carcelario y falta de espacios diferenciados. «Endurecer penas no reduce delito; cíclico ante hechos graves».
Iglesia Católica también se opuso, sumada a Juan Grabois (UP): «Enfoque integral en salud mental, no cárcel». Pichetto admitió riesgos sin inversión social.
El rechazo enfatiza prevención, educación y resocialización sobre punición prematura. Senado definirá el futuro.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) no fija una edad mínima universal de imputabilidad penal, pero establece principios que cuestionan bajar a 14 años esa edad.
Artículos clave
Artículo 3: El interés superior del niño prevalece en todas las medidas judiciales o administrativas, priorizando protección sobre punición. Especialistas ven incompatible encarcelar a 14 años sin agotar alternativas restaurativas.
Artículo 37: Prohíbe la privación de libertad como sanción automática; debe ser medida extrema, por el menor tiempo posible y en instalaciones separadas de adultos. Exige tratar al menor con humanidad, respetando dignidad y desarrollo.
Artículo 40: Reconoce derechos procesales del niño en conflicto con la ley, enfatizando rehabilitación y reinserción social sobre castigo. Los Estados deben establecer edad mínima para responsabilidad penal, pero la CDN favorece sistemas juveniles flexibles por debajo de 18 años.
Implicancias para Argentina
Ratificada en 1990 con rango constitucional, la CDN obliga a priorizar prevención y educación sobre prisión para adolescentes. Unicef y defensores argumentan que bajar a 14 viola estos estándares, agravando reincidencia sin resolver causas como pobreza o adicciones.

12 febrero 2026
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Argentina / Legislativas | Herrera Ahuad exige respeto auditivo en Diputados: «¡Tengo derecho a escuchar!»

por A. Miravet 12 febrero 2026

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el legislador nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), interrumpió su turno para reclamar respeto a los turnos de palabra. Como discapacitado auditivo, depende de un dispositivo provisto por la Cámara que solo capta una voz a la vez. «Escucho al preopinante, pero las interrupciones me interfieren. Tengo derecho a escuchar, como discapacitado, a estar en esta Cámara. Mi voto también puede cambiar la historia de la Argentina», expresó con firmeza.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, ofreció disculpas en nombre de los 256 diputados: «Les pedimos perdón por no haberle permitido escuchar. Comprométanse a no interrumpirse, para que quien escucha una sola voz lo haga tranquilo». El hecho ocurrió el 12 de febrero de 2026, durante discusiones sobre la baja de la edad de imputabilidad, resaltando la necesidad de accesibilidad inclusiva en el Congreso.

🚨 AHORA | Fuerte mensaje de Oscar Herrera Ahuad, diputado nacional y ex gobernador de Misiones. Dice que es «discapacitado auditivo» y que por los gritos y lío en la Cámara no escucha al diputado que da el discurso.

Un circo Diputados. Somos un papelón 🤦‍♂️🇦🇷 pic.twitter.com/LGY5Uc7WmL

— Robertino Sánchez Flecha (@RobertinoSoy_) February 12, 2026

Otras intervenciones por discapacidad
Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones, con sordera profunda e implante coclear desde 2021, ha defendido reiteradamente derechos de personas con discapacidad. En campaña 2025, repudió auditorías libertarias a pensiones por discapacidad, llamando a votar leyes de emergencia en discapacidad y pediátrica. Criticó el ajuste de Milei que amenazaba financiamiento universitario y prestaciones para discapacitados.

Como gobernador en 2022, instó a reforzar políticas públicas para discapacitados, promoviendo empatía social y entrega de 2.000 pensiones no contributivas. «La sociedad nos hace difícil llevar una vida digna», señaló en Oberá, ciudad de Misiones, acompañando capacitaciones y beneficios. Advirtió sobre recortes presupuestarios que peligraban leyes de emergencia en discapacidad.

En diciembre 2025, su voto fue clave en debates presupuestarios, disintiendo de artículos que derogaban protecciones para discapacitados, aunque alineado con Renovación. Su trayectoria combina empatía personal con compromiso social y político, visibilizando barreras auditivas y económicas.

Este reclamo fortalece la agenda inclusiva en Misiones y Nación, recordando que la diversidad envejece en todos.

Aro magnético en Diputados: así funciona el dispositivo que usa Herrera Ahuad
Sistema electromagnético exclusivo para discapacitados auditivos capta solo la voz del orador oficial, eliminando ruidos e interrupciones. El diputado misionero lo reclamó en vivo: «Necesito una sola voz para escuchar». Clave para accesibilidad inclusiva en el Congreso.
El dispositivo auditivo en la Cámara de Diputados es un aro magnético (o sistema de bucle inductivo), instalado en el recinto para asistir a personas con hipoacusia como el diputado Oscar Herrera Ahuad, quien usa implante coclear.

Funcionamiento técnico
El micrófono del podio del orador emite una señal de audio que el aro magnético convierte en un campo electromagnético de baja frecuencia. Los audífonos o implantes en modo T (telecoil) lo captan directamente, transmitiendo sonido claro sin eco ni interferencias ambientales. Solo funciona con una voz activa; superposiciones saturan la señal, como denunció Herrera Ahuad el 12/02/2026: «Las interrupciones interfieren mi dispositivo».
Requiere proximidad al campo (asientos específicos) y mantenimiento por la Cámara, alineado con la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de Discapacitados.

Ventajas y límites
Ventajas: Sonido nítido, confidencial y portable para el usuario. Límites: Exclusivo para un hablante; no graba sesiones ni cubre todos los bancos. Martín Menem comprometió respeto a turnos tras el reclamo.
Ideal para debates inclusivos, pero visibiliza la necesidad de más tecnología como subtítulos en tiempo real.

12 febrero 2026
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Argentina / Política | Se consolida la pérdida de derechos: El proyecto de modernización laboral logró aprobación del Senado

por A. Miravet 12 febrero 2026

Luego de casi 17 horas de tratamiento, la votación en general tuvo 42 votos positivos y 30 negativos. También resultaron avalados los 26 títulos que componen el proyecto.

La Cámara de Senadores de la Nación celebró hoy, pasadas las 11 horas, una sesión pública especial presidida por la vicepresidente de la Nación y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, con el objeto de tratar el proyecto de Ley de Modernización Laboral.
Durante el desarrollo de la jornada, la sesión fue interrumpida para realizar un minuto de silencio en homenaje a la ex diputada nacional por el Chaco, Sandra Mendoza, tras conocerse su fallecimiento. Asimismo, al inicio del encuentro se dio lectura al mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando acuerdo para la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.
Tras dos cuestiones de privilegio planteadas por senadores, se dio comienzo al tratamiento de la iniciativa. El texto aprobado en general incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente, incluyendo disposiciones vinculadas a contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de obligaciones indemnizatorias.
La presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzó la defensa del proyecto al señalar: «Estamos votando una ley trascendente para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema que hoy se encuentra desbalanceado y abordar problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la excesiva judicialización». Asimismo, sostuvo que se trata de una iniciativa pendiente desde el regreso de la democracia. Explicó que el bloque decidió distribuir el tiempo de exposición para que dos senadores realizarán una presentación técnica sobre las modificaciones incorporadas desde diciembre, las cuales —según indicó— surgieron de un proceso de consulta con más de 1.500 organizaciones sindicales, empresariales y representantes de distintos sectores.
A continuación, el senador Juan Cruz Godoy (LLA) sostuvo que la iniciativa busca actualizar el marco normativo y reducir la litigiosidad laboral, mientras que el senador Bruno Olivera Lucero (LLA) explicó los alcances del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al precisar que no sustituye el régimen indemnizatorio vigente sino que funciona como un mecanismo de respaldo para garantizar su cumplimiento.
Durante el cierre de los bloques, el senador Martín Goerling Lara (Frente Pro) expresó el apoyo de su bancada al proyecto en general y agregó: «Tenemos que pensar en los más de seis millones de trabajadores argentinos que hoy no tienen ningún derecho. Estas leyes han sido un obstáculo para el ingreso al trabajo en blanco y el modelo actual no genera trabajadores sino sobrevivientes. Debemos pensar en un país más productivo e inclusivo.»
En contraposición, el senador Fernando Salino (Convicción Federal) adelantó el voto negativo de su espacio político y denunció desprolijidades en las modificaciones al proyecto que, según dijo, se acordaron después del dictamen firmado en diciembre. Señaló que «no se puede traer al recinto lo que a uno se le ocurra; seguimos esperando que nos expliquen cómo serán los artículos modificados».
Por su parte, el senador Eduardo Vischi (UCR) habló de los intereses contrapuestos en torno a este tipo de proyectos, que generaron grietas sociales; «en vez de lograr consensos por el bien del país, sólo hubo ganadores y vencidos». Sin embargo, subrayó: «Hay un común denominador en el que todos coinciden y es que esta ley debe discutirse, modificarse y tratarse. Este proyecto tiene varias cuestiones que, para nosotros, son importantes y debemos apoyar».
En representación del Interbloque Justicialista, el senador José Mayans denunció un «avasallamiento y una violación al reglamento del Cuerpo» que, a su juicio, «alienta a violar la Constitución Nacional». Tras afirmar que «en la Casa de las Leyes se cumple con la ley», calificó el procedimiento de «tratamiento exprés lo que significa una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento». Al finalizar su alocución, anticipó su voto en contra del proyecto.
Luego de la aprobación en general, tras más de 14 horas de sesión, el pleno continuó con la votación en particular de los 26 títulos que componen el proyecto en cuestión. Previamente, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, dio lectura de los artículos modificados en los títulos que así lo requerían, a fin de dejar constancia de los cambios incorporados antes de la consideración del cuerpo de senadores. De esta manera, resultaron avalados, por mayoría requerida de votos, los 26 títulos del proyecto, incluido el traspaso progresivo del fuero nacional laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras una extendida sesión y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

La secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, (ambas personas de máxima confianza del presidente), asistieron a la votación desde un palco del Senado. «Histórico, VLLC» (viva la libertad carajo), posteó Milei en la red social X inmediatamente después de la votación.

Sin embargo, en la calle no se ha acogido la votación con igual entusiasmo: se han producido manifestaciones masivas, con choques entre críticos y policías y la represión de los uniformados dejó   300 heridos, 31 detenidos y 70 manifestantes presos. Hay cuatro agentes heridos, pero ninguno corre peligro.

Obreros argentinos son reprimidos en las inmediaciones del Congreso mientras exigen que no se precaricen las condiciones laborales pic.twitter.com/cMaICc2pNy

— teleSUR TV (@teleSURtv) February 12, 2026

El Gobierno pretende que la ley haya superado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando comience el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrezca un discurso a la nación.

El pase por el Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando la formación ultraderechista aumentó de manera significativa su representación en las dos cámaras del Congreso.

Con el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR, centro-derecha), Propuesta Republicana (PRO, derecha) -bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- y los bloques federales, LLA logró que 38 senadores habilitaran el quorum para iniciar la sesión celebrada este miércoles 11.

El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.

Durante la tarde del miércoles, al tiempo que se debatía la reforma laboral en el Senado, la Plaza del Congreso de Buenos Aires y las calles aledañas fueron escenario de una batalla campal entre manifestantes contrarios a la reforma laboral y las fuerzas de seguridad, con el resultado de varios heridos y detenidos.

Proyecto que colisiona con la Constitución Nacional
Grandes son los cambios contemplados en el proyecto:

El abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y el alivio de las cargas de las empresas con la reducción de aportes y la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones.

“El FAL (fondo de asistencia laboral) es un escándalo”, denunció el senador peronista Mariano Recalde durante su intervención en el debate. Se trata de un sistema de capitalización obligatoria que las empresas financiarán con aportes de entre el 1% y el 2,5% -según su tamaño- de los salarios que hasta ahora destinaban a la Agencia nacional de seguridad social (Anses). «Pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la Anses y los jubilados porque se desfinancia, la plata va a estas administradoras privadas que la van a timbear y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora», continuó Recalde. Según estimaciones oficiales, ese fondo podría inyectar cerca de 4.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales local.

La reforma laboral también abre la puerta a que las compañías dejen de pagar las horas extras con un plus y las compensen con días libres o con jornadas reducidas.

Las vacaciones, que hasta ahora debían concederse en verano, podrán ser fraccionadas a lo largo de todo el año. Los sueldos podrán pagarse en cualquier moneda, especie, comida o alojamiento.

El proyecto incluye medidas que debilitan el poder de los sindicatos y sus herramientas de protesta. Una de ellas es que prioriza los acuerdos dentro de cada empresa por encima de los convenios colectivos nacionales por rama de actividad. Establece que esos convenios, claves para las negociaciones salariales en un país con alta inflación (en 2025 fue del 31,5%) dejarán de estar vigentes si no hay acuerdo para renovarlos.

En caso de rechazo contra las políticas gubernamentales, los sindicatos tendrán difícil recurrir a la huelga porque se deberán garantizar servicios mínimos del 75% para aquellos servicios considerados esenciales (salud, educación, transporte, energía y agua) y un 50% para sectores trascendentales como bancos, minería, industria y comercio electrónico.

El Ejecutivo hizo numerosas concesiones para garantizar el apoyo de parte de la oposición al proyecto. Los gobernadores provinciales consiguieron que se excluyera una rebaja del Impuesto a las Ganancias que hubiera significado una reducción de 3 billones de pesos (más de 2.000 millones de dólares) para las arcas estatales en fondos que son coparticipables, es decir, que se distribuyen entre los 24 distritos federales del país.

Los bancos lograron impedir que los sueldos puedan ser acreditados en billeteras virtuales y los gremios mantuvieron los aportes que realizan los trabajadores y las empresas a las obras sociales con las que ofrecen servicios de salud.

En materia de subcontratación y delegación, el proyecto busca «proteger al contratante principal». Si una empresa exige a sus contratistas o subcontratistas el cumplimiento de requisitos específicos (trabajadores, pagos a seguridad social, seguros, cuenta sueldo), quedará eximida de responsabilidad solidaria. Además, las empresas de un mismo conjunto económico solo serán solidariamente responsables si mediaron maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Nicolás Caropresi, uno de los arrestados pero posteriormente liberados anoche, expone en la prensa local que, sobre todo, el proyecto de ley «habilita que el empleador pueda modificar unilateralmente las condiciones de trabajo». El trabajador que se sienta afectado por una alteración de las condiciones laborales «sólo podrá optar por considerarse despedido sin causa, lo que obliga al trabajador a elegir entre aceptar el cambio impuesto o perder su empleo, sin la opción de reclamar el restablecimiento de las condiciones originales», añade.

A esto se le suma que uno de los objetivos de la reforma, insiste, «es hacer que el despido y el conflicto judicial sean más económicos y predecibles para las empresas». Bloquear o tomar un establecimiento, recuerda, será considerado una infracción muy grave, y los trabajadores que realicen dichas protestas no obtendrán su remuneración salarial, y el riesgo de otras medidas arbitrarias. Todo eso son, justamente, estampas habituales en cualquier protesta laboran en el país.

Enfrentamientos en las calles
La convocatoria de los sindicatos a movilizarse en rechazo a la reforma laboral, basada en esa lectura, tuvo un eco importante en las principales ciudades del país, no sólo en Buenos Aires, donde miles de personas se concentraron frente al Congreso argentino con consignas contra el Gobierno de Milei y la precarización laboral de un país en el que 38% de la población es pobre.
La protesta fue pacífica durante horas, relata El País, pero pasadas las cinco de la tarde, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y bombas molotov contra los policías que estaban al otro lado de las vallas de seguridad y estos respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma.

Los equipos de primeros auxilios atendieron a decenas de personas por heridas de diversa consideración causadas por la represión policial y el Ministerio de Seguridad informó de cuatro policías heridos.

Cerca de una treintena de manifestantes fueron detenidos por los disturbios. La suerte de la reforma laboral está ahora en manos de la Cámara de Diputados. La oposición kirchnerista ha anticipado que, de ser aprobada, la llevará ante la Justicia por considerarla inconstitucional. (Fuentes: Senado de la Nación, Huffpost, El País y otros medios en internet)

12 febrero 2026
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Argentina / Economía / Trabajo | Misiones, el eslabón más débil: La provincia lidera la caída del empleo en el NEA bajo la era Milei

por A. Miravet 12 febrero 2026

La disparidad en las cifras de empleo es elocuente y refleja un impacto asimétrico en la provincia. Mientras que a nivel nacional el empleo asalariado privado registró una caída del 1,91% entre 2023 y 2024, en Misiones la contracción se disparó al 3,38%, casi duplicando la intensidad del retroceso general. Los datos del primer trimestre de 2025 confirman la profundidad de la crisis: la provincia sufrió una disminución del 5,1% en el empleo registrado respecto al mismo período de 2023. Este escenario sitúa a Misiones en una situación crítica dentro del NEA, donde la pérdida de dinamismo laboral es más severa que en sus provincias vecinas.

AQUÍ PUEDES VER LOS ARTÍCULOS DE VOXPOPULI QUE ADVERTÍAN LA DIFÍCIL SITUACIÓN:

Misiones: En 2025 salarios privados y estatales perdieron entre 6 y 12 puntos ante la inflación

Sueldo promedio en Misiones es $500.000 más bajo que media nacional y no cubre la canasta básica

Llenar el changuito en Misiones vale el 80 % del sueldo promedio en la provincia

El sector más castigado por las políticas del presidente ultraderechista Javier Milei ha sido la construcción, debido a la paralización de la inversión pública y el freno de la actividad privada. Según el ODEM, desde el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2025, se destruyeron 9.637 empleos formales en este rubro en la provincia. La magnitud del daño reciente se evidencia al observar que, solo entre el primer trimestre de 2023 y el de 2025, se perdieron 4.690 puestos privados registrados, lo que explica gran parte del aumento del desempleo formal en la región.

La brecha también se manifiesta de forma alarmante en el poder adquisitivo de los trabajadores. El informe revela que la desaceleración de la inflación no ha logrado detener la erosión de los ingresos en Misiones: tras una recuperación parcial en 2024, el salario real del sector privado volvió a caer alrededor de un 10% entre enero y junio de 2025. Al mirar el largo plazo, la situación es aún más grave, ya que en 2024 los ingresos reales en la provincia eran un 24% inferiores a los registrados en 2013, medidos a precios constantes de septiembre de 2025.

El ODEM enmarca esta realidad en el denominado “problema de la sábana corta”: el enfoque fiscal y monetario contractivo del gobierno nacional logró reducir la inflación, pero impactó severamente en la actividad y el empleo de las provincias. El desafío urgente para Misiones será encontrar mecanismos para fortalecer sus sectores de servicios y comercio -que ya representan el 80% del empleo privado-, pero con salarios que permitan revertir el empobrecimiento. Sin políticas que compensen la mirada centralista del presidente ultraderechista Javier Milei, la provincia corre el riesgo de profundizar un mercado laboral con baja calidad de ingresos y alta fragilidad social.

Datos clave:

Caída 2023-2024: 1,91% (Nación) vs 3,38% (Misiones).

Caída 1er Trim 2025 vs 2023: 5,1% en Misiones.

Puestos perdidos construcción (2023-2025): 4.690 puestos.

Salario real: Caída del 10% (Ene-Jun 2025) y -24% respecto a 2013.

INFORME COMPLETO DEL OBSERVATORIO: ODEM_InformeDisciplinarFEBRERO_2026

12 febrero 2026
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Argentina / Economía / Judiciales | Herrera Ahuad expone el ajuste de Milei: «No hay plata» para la reforma penal juvenil en las provincias

por A. Miravet 12 febrero 2026

El reclamo de Herrera Ahuad marca un punto en la relación política (algo que antes podría haber sucedido pero la tranquilidad de sus compañeros de bloque no permitió), al señalar que la narrativa del «no hay plata» no puede ser una excusa para que las provincias carguen con todo el peso de la seguridad y la contención social.

“Otra vez ponen en manos de las provincias la responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, disparó el legislador de Innovación Federal. Para el misionero, el debate no debe agotarse en la cantidad de años de cárcel, sino en de dónde saldrán los fondos para equipos interdisciplinarios y centros de atención de adicciones, hoy desmantelados por el recorte nacional.

Como profesional de la salud, Herrera Ahuad desarmó el enfoque simplista de la reforma al recordar que un joven no es «un adulto en miniatura» y requiere políticas preventivas específicas. Cuestionó la desproporción presupuestaria: mientras se blindan partidas para el Ministerio Público Fiscal y de Justicia de la Nación, se desfinancian los centros de desarrollo infantil en el interior. «Hoy a los gobernadores se les dice ‘hagan esto’, sin decirles de dónde sacar la plata», sentenció, dejando en evidencia que el sistema de salud mental en Argentina está «totalmente desmembrado» bajo el actual modelo económico.

Desde la mirada misionera, la exigencia es de una claridad absoluta: el dictamen debe incluir un capítulo taxativo que garantice el flujo de fondos hacia las provincias. Herrera Ahuad fue tajante al separar la demagogia de la gestión real, aclarando que su postura no busca financiar más cárceles, sino crear centros modelo que recuperen la contención de niños y adolescentes. Sin recursos, cualquier reforma es, en la práctica, un nuevo ajuste disfrazado de política de seguridad.

En definitiva, el planteo de Herrera Ahuad expone la grieta entre el discurso de seguridad de la Casa Rosada y la realidad de las cajas provinciales. Sin un compromiso financiero por parte del Gobierno nacional, la reforma del régimen juvenil no pasará de ser una transferencia de conflictos hacia los gobernadores. El mensaje es pragmático: si el Estado nacional pretende imponer nuevas reglas de juego, deberá dejar de retener los fondos que corresponden a quienes finalmente deben poner el cuerpo y el presupuesto en el territorio.

12 febrero 2026
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Argentina / Economía / Trabajo | Seis meses de caída del empleo privado en Misiones y tiene su peor racha en siete años

por A. Miravet 11 febrero 2026

La tendencia a la baja laboral evidencia un deterioro estructural que posiciona a la provincia con una de las contracciones más agudas del país bajo la administración del presidente ultraderechista Javier Milei, igualando un ciclo de retroceso que no se vio ni siquiera durante los meses más duros de la pandemia.

La gravedad del fenómeno actual en la provincia solo encuentra un precedente cercano en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, otro modelo de corte liberal que también golpeó los indicadores laborales del noreste. En términos específicos, la caída mensual en Misiones durante noviembre fue del 0,1%, lo que significó la pérdida de 63 puestos de trabajo adicionales. Sin embargo, en apenas medio año de retrocesos constantes bajo la era Milei, la provincia ya perdió 3.559 empleos privados formales, consolidando una dinámica de destrucción de puestos que parece no encontrar piso.

Si se realiza la comparación interanual frente a noviembre de 2024, el desplome es del 4,4%, lo que equivale a 4.432 empleos menos, ubicando a la tierra colorada como la sexta jurisdicción con mayor pérdida de puestos laborales en la Argentina. Al ampliar el análisis hacia el inicio de la gestión del presidente ultraderechista, las cifras son todavía más alarmantes: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, Misiones perdió un total de 9.706 empleos privados registrados, lo que representa una contracción del 8,9%, una de las más intensas a nivel nacional.

El contexto regional tampoco ofrece alivio, ya que todas las provincias del noreste mostraron números rojos en sus indicadores laborales. Aunque la baja mensual de Misiones fue la más leve de la zona (-0,1%), otras provincias sufrieron impactos más severos, como Chaco con una caída del 0,3%, Corrientes con un 0,7% y Formosa, que lideró las pérdidas regionales con un retroceso del 1,1%. Esta sintonía negativa en todo el bloque del NEA refleja un enfriamiento generalizado de la actividad económica que afecta de manera directa a los centros urbanos y productivos de la región.

Finalmente, el panorama nacional consolida esta tendencia con una pérdida acumulada de 192.328 empleos privados formales en lo que va de la actual gestión, situando el volumen de trabajo en los niveles más bajos desde junio de 2022. Con seis meses de caída ininterrumpida a nivel país y una pérdida de 13.114 puestos solo en el último mes relevado, la situación laboral de Misiones queda bajo la lupa, ya que la actual racha de retroceso iguala los peores registros históricos de la última década, marcando un desafío urgente para la sostenibilidad del empleo en el sector privado.

11 febrero 2026
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Argentina / Política / Salud | Se confirmó abandono libertario a pacientes oncológicos y Misiones absorbe programas para dar asistencia

por A. Miravet 11 febrero 2026

Marcela Kober, directora del Instituto Misionero del Cáncer (IMC), alertó que la provincia no solo está cubriendo el 100% de los tratamientos de alto costo -con medicamentos que superan los 20 millones de pesos por aplicación-, sino que también ha tenido que reemplazar los recursos humanos y la infraestructura de prevención que la Nación retiró de forma masiva y sin comunicación oficial previa.

Este escenario de desprotección es el resultado de un vaciamiento planificado que comenzó mucho antes de la disolución formal del organismo. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, el INC sufrió un recorte de su planta de personal del 37% y operó con un presupuesto un 61% menor al ejecutado en el último año de la gestión anterior. Este ajuste, que el Gobierno nacional justificó bajo la premisa de la eficiencia, se tradujo en la práctica en la caída de contratos clave al 30 de diciembre pasado, afectando directamente a los «navegadores»: profesionales formados para guiar y acompañar a los pacientes en el complejo camino del diagnóstico y tratamiento, una figura esencial para salvar vidas en el interior de la provincia.

La retirada del Gobierno nacional no solo afecta el financiamiento de insumos, sino que destruye la base científica del país al desarticular los registros nacionales de tumores. «No saber dónde estamos parados con respecto a las cifras del cáncer tiene un impacto enorme; tomamos decisiones a partir de números que son personas», subrayó Kober, señalando la «impotencia y vergüenza» que genera la destrucción de información científica construida durante décadas. Ante la falta de respuestas desde Buenos Aires, el Ministerio de Salud de Misiones y el Parque de la Salud han conformado una mesa de emergencia para garantizar que la prevención del cáncer de cuello uterino (HPV), colon y mama no se detenga por la falta de kits y testeos que antes enviaba la Nación.

En lo que respecta a la medicación de alta complejidad, la desconexión es total. Mientras que en el pasado era posible articular con Nación -aunque con demoras-, hoy la provincia se hace cargo del total de los tratamientos para evitar interrupciones que significarían una sentencia de muerte para los pacientes. Como ejemplo de la magnitud del esfuerzo financiero que ahora recae sobre las arcas misioneras, Kober citó el caso del fármaco pembrolizumab, una inmunoterapia cuyo costo ronda los 20 millones de pesos por dosis y debe aplicarse cada 21 días. Sin el auxilio provincial, el acceso a estos avances científicos sería inexistente para el ciudadano común bajo el actual modelo de ajuste nacional.

Finalmente, el cierre del INC y su degradación a una dirección con funciones acotadas dentro del Ministerio de Salud de la Nación marca un punto de inflexión en la política sanitaria argentina. La gestión de Javier Milei ha dejado de lado la rectoría en salud oncológica, delegando en las provincias una responsabilidad financiera y operativa que muchas no podrán sostener. Misiones, por ahora, ha logrado blindar a sus pacientes gracias a una red de contención local, pero el «vacío» de datos, recursos y políticas de prevención nacional deja un precedente peligroso: la salud ha dejado de ser una prioridad federal para convertirse en una carga que cada distrito debe sortear como puede frente al desinterés del Gobierno central.

11 febrero 2026
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Internacionales / Argentina / Política | Argentina se hunde en el ranking de corrupción con los escándalos de la gestión Milei a cuestas

por A. Miravet 11 febrero 2026

Casos emblemáticos como la presunta estafa cripto con el token $LIBRA y la red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han perforado el discurso oficial de «limpieza» estatal, dejando al país por debajo del promedio regional y en una situación de vulnerabilidad ética inédita en los últimos años.

El escándalo de $LIBRA se convirtió en una de las mayores manchas para la administración libertaria. La Justicia investiga si el presidente Milei utilizó su investidura para promocionar un activo financiero privado que, tras alcanzar un pico de cotización gracias a su difusión oficial, se desplomó dejando a miles de ahorristas damnificados. Según informes del Congreso, se detectaron al menos 16 reuniones entre el mandatario y los promotores de la moneda, lo que derivó en denuncias por asociación ilícita y estafa. La situación se agravó recientemente con el hallazgo de un contrato de asesoramiento entre Milei y el fundador de la cripto, Hayden Davis, lo que alimentó las sospechas de un conflicto de intereses directo en la cúspide del poder.

En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se transformó en el escenario de una causa por corrupción estructural que ya cuenta con procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello. Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei y extitular del organismo, fue procesado por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos. El escándalo escaló tras la filtración de audios donde se mencionaban presuntos «retornos» destinados a la cúpula del gobierno, sugiriendo un sistema de recaudación ilegal que operaba bajo el amparo de la estructura estatal.

A estos casos se suma una lista de irregularidades que erosionan la confianza pública en el modelo de ajuste. Entre los episodios más resonantes figuran las denuncias contra el Ministerio de Capital Humano por el acopio de alimentos destinados a comedores sociales, los sobresueldos detectados en contrataciones opacas y los casos de nepotismo que involucraron a familiares de legisladores oficialistas. La inacción del Gobierno para fortalecer la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) ha sido interpretada por organismos como Poder Ciudadano como una señal de desinterés total en el control de la transparencia, permitiendo que la discrecionalidad gane terreno sobre la ley.

La combinación de estos factores ha colocado a la Argentina en una posición marginal, compartiendo el fondo de la tabla con países como Ucrania y Belice, y muy lejos de vecinos como Uruguay o Chile. Mientras la gestión de Javier Milei intenta sostener su narrativa de combate a la «casta», los expedientes judiciales que avanzan en los tribunales de Comodoro Py cuentan una historia diferente, donde el tráfico de influencias y el uso del Estado para fines privados parecen haber encontrado nuevas y sofisticadas formas de persistencia. El desafío para el resto del mandato será demostrar si estas causas son hechos aislados o si forman parte de un ADN de gestión que el electorado no anticipó.

11 febrero 2026
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Argentina / Economía | Misiones: Escuelas de gestión privada podrán aumentar hasta el 45 % el valor de sus cuotas

por A. Miravet 11 febrero 2026

Según explicó Delicia Olivera, presidenta de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM), cada establecimiento tendrá la potestad de decidir si aplica el ajuste de manera total desde el inicio o si lo desglosa escalonadamente a lo largo del año, dependiendo de su realidad financiera y los montos actuales de sus aranceles.

La cifra autorizada para este año debe leerse en contraste con el fuerte impacto que sufrió el sector en 2025, cuando los incrementos permitidos oscilaron entre el 45% y un pico del 70% para las cuotas más bajas. Aquel ajuste extraordinario fue el motor que empujó la inflación en educación en Misiones por encima del 60%, un fenómeno que puso a prueba la capacidad de pago de los tutores en toda la provincia. Sin embargo, lejos de producirse una migración hacia el sector público estatal, la tendencia muestra una fidelización y un crecimiento de la demanda en la gestión privada, que este año proyecta iniciar con más de 135.000 alumnos frente a los 125.000 del ciclo anterior.

¿Qué es una escuela de gestión privada?

Es fundamental diferenciar estas instituciones de un colegio privado «puro». En Misiones, las escuelas de gestión privada son establecimientos creados por asociaciones civiles, fundaciones o congregaciones religiosas que cuentan con el reconocimiento oficial del Estado. La característica distintiva es que el Gobierno provincial otorga aportes para cubrir total o parcialmente los salarios docentes, lo que permite que las cuotas sean sensiblemente menores a las de un mercado totalmente privado. A cambio, el Estado (a través del SPEPM) regula sus aranceles, supervisa sus contenidos pedagógicos y garantiza que cumplan con la normativa educativa vigente, funcionando como un sistema híbrido que complementa a la educación pública estatal.

Pese a que las inscripciones ya se habían registrado con niveles muy altos y los costos de los uniformes y útiles presionan el bolsillo, la demanda de bancos en estos establecimientos continúa en ascenso. Este fenómeno resulta significativo en un contexto de retracción económica nacional; las familias misioneras siguen apostando por este modelo que combina el respaldo estatal con la organización privada, lo que ha generado una presión adicional sobre las vacantes disponibles. Desde AIPEM destacan que este aumento de 10.000 nuevos estudiantes refleja una confianza sostenida en el sistema, a pesar de que el tope del 45% podría resultar insuficiente para cubrir la totalidad de los costos operativos en algunos casos.

Para mitigar el impacto en las familias más comprometidas, las escuelas han comenzado a implementar planes de pago específicos, opciones de financiación y sistemas de becas internas. Olivera remarcó que existe un compromiso por «cuidar a la comunidad educativa», entendiendo que la situación económica es delicada para todos los actores. En este sentido, el SPEPM mantendrá un control estricto sobre las declaraciones juradas presentadas por cada colegio, garantizando que el techo del 45% sea respetado y que no se produzcan cobros abusivos que excedan lo pactado en las mesas de diálogo.

Con el regreso de los docentes previsto para el 23 de febrero y el inicio de clases el 2 de marzo, el sector se prepara para un ciclo de alta intensidad. Las jornadas institucionales y las capacitaciones en alfabetización marcarán la hoja de ruta de un año que arranca con las aulas llenas pero con la incertidumbre lógica de cómo evolucionará la capacidad de pago de las familias frente a los próximos aumentos. La educación en Misiones, que ya viene de un año de registros inflacionarios históricos, vuelve a ser el centro de la escena económica familiar antes de que suene el primer timbre del año.

11 febrero 2026
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Argentina / Medio Ambiente | La Justicia pone la lupa sobre eventos en Cataratas del Iguazú y exige informe urgente a Parques Nacionales

por A. Miravet 11 febrero 2026

Esta medida surge en el contexto de un amparo ambiental impulsado por la Asociación Orembaé, que busca frenar la realización de actividades recreativas y turísticas de pequeña escala en zonas de alta sensibilidad ecológica. La decisión judicial refleja una creciente preocupación por el posible impacto irreversible sobre la biodiversidad de un sitio que es Patrimonio de la Humanidad, priorizando los principios de prevención y precaución ambiental ante la falta de claridad en las autorizaciones emitidas.

La intervención del magistrado se fundamenta en el marco legal que protege el entorno natural, citando el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. El juzgado busca determinar si la APN ha permitido o promovido eventos culturales y promocionales en los últimos años sin el debido rigor técnico. Para ello, exige la entrega de copias de los actos administrativos, resoluciones y convenios que avalaron dichas actividades, poniendo el foco en quiénes fueron los responsables de autorizar el uso de sectores específicos del Parque para fines que podrían chocar con la conservación.

Uno de los puntos más críticos del requerimiento es la solicitud de las evaluaciones de impacto ambiental. El juez Cardozo ha solicitado que se precise si existieron estudios técnicos previos a las autorizaciones y, en caso positivo, cuáles fueron sus conclusiones y las medidas de mitigación implementadas para proteger la flora y la fauna. La falta de esta documentación o una respuesta parcial por parte de la APN podría ser interpretada por la justicia como una admisión implícita de las irregularidades denunciadas por los ambientalistas, lo que fortalecería la posición de quienes exigen la nulidad de las medidas.

El conflicto escaló tras la aprobación de la Resolución N° 460/2025, la cual estableció un régimen «excepcional y experimental» para permitir eventos de hasta 60 personas en áreas de uso público intensivo. Esta normativa fue el detonante para que la Asociación Orembaé presentara el amparo el pasado 16 de enero, argumentando que se trata de una resolución con nulidad absoluta. La preocupación de las organizaciones civiles radica en que estas excepciones puedan sentar un precedente peligroso que priorice la explotación comercial por sobre la integridad del ecosistema selvático.

Finalmente, la situación se ha agravado con la reciente incorporación de informes científicos y auditorías que señalan un escenario de «alta vulnerabilidad» para el Parque Nacional Iguazú. Según la documentación aportada por la querella el pasado 1 de febrero, el ecosistema no estaría en condiciones de soportar una carga adicional de actividades antrópicas sin poner en riesgo su equilibrio básico. Ahora, la pelota está en el campo de la Administración de Parques Nacionales, que deberá justificar con pruebas técnicas y legales por qué decidió abrir las puertas de las Cataratas a eventos privados en un contexto de crisis climática y ambiental.

11 febrero 2026
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Argentina / Economía | Impacto de la inflación dispar en las jubilaciones

por A. Miravet 10 febrero 2026

Subestimación del IPC y Pérdidas Acumuladas
El IPC nacional no refleja con precisión el aumento en costos clave como tarifas, transporte y servicios, que hoy pesan más en el gasto familiar. Esto genera una brecha: entre abril de 2024 y diciembre de 2025, las jubilaciones mínimas aumentaron un 99%, pero con una canasta actualizada (basada en la ENGHo 2017/2018), el incremento habría sido del 140%, una diferencia del 21%. En términos concretos, cada jubilado con el haber mínimo perdió alrededor de $1.032.000 por el desfase en el índice, sumado a $1.369.483 por el bono previsional congelado en $70.000 desde marzo de 2024, totalizando más de $2.401.483 en pérdidas acumuladas.

Para febrero de 2026, el aumento anunciado es del 2,85%, elevando el haber mínimo a $359.254,35 (o $429.219,42 con bono). Esta cifra queda por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) de diciembre de 2025, que se ubicó en $423.532, condenando a muchos jubilados a la pobreza. La subestimación del IPC implica que los ajustes no compensan el verdadero costo de vida, agravando la indigencia entre adultos mayores.

Disparidades Regionales y su Efecto Diferencial
Las variaciones regionales amplifican el problema. En CABA, donde la inflación de enero 2026 fue del 3,1%, superior al promedio nacional de 2,9%, los jubilados enfrentan mayores presiones en alimentos (suba del 4,7% nacional, pero más alta en carnes y verduras en áreas urbanas) y servicios como restaurantes (4,1%). En la provincia de Buenos Aires, el conurbano requiere más de $814.000 para la canasta básica, mientras que el interior muestra incrementos similares al nacional. Regiones como el Noroeste (La Rioja, Catamarca) tienen subas menores en algunos rubros, pero dependen más de subsidios y bienes esenciales, donde la inflación estacional (5,7%) en turismo y productos de verano) impacta desigualmente. Pero se da el caso notable del NEA, que registró en enero una inflación del 3,8%.

Dado que las jubilaciones se ajustan por el IPC nacional uniforme, los jubilados en zonas de alta inflación como CABA o el Gran Buenos Aires pierden más poder adquisitivo que en provincias con menores alzas, como el interior bonaerense o Patagonia. Esto profundiza desigualdades: en Misiones, donde la inflación en alimentos y transporte supera el promedio debido a factores logísticos y fronterizos, el ajuste nacional no captura estas brechas, aumentando la vulnerabilidad local.

La Polémica Renuncia de Lavagna y sus Implicancias
La renuncia de Marco Lavagna al INDEC el 2 de febrero de 2026, motivada por desacuerdos sobre la implementación inmediata del nuevo IPC, agrava la situación. Lavagna impulsaba una actualización que habría mostrado una inflación de enero del 3,4%, lo que implicaría ajustes jubilatorios más altos en marzo. El Gobierno, priorizando la «desaceleración aparente» (proyectada en 10,1% para 2026, vs. 20% estimado por privados), postergó el cambio, evitando un aumento en los haberes que podría haber mitigado pérdidas. Esta decisión, criticada como un «caputazo» (intervención política), evoca manipulaciones pasadas y perpetúa subestimaciones que afectan jubilaciones, AUH y pensiones.

Consecuencias Más Amplias y Perspectivas
A largo plazo, esta dinámica no solo aumenta la pobreza (el IPC subestimado oculta niveles reales más altos), sino que impacta el PBI (que se recalculará a la baja) y desincentiva inversiones. Para los jubilados, representa una licuación sistemática: entre noviembre de 2023 y 2025, la brecha acumulada fue de 11,2 puntos porcentuales, sin retroactividad en correcciones. Expertos urgen una actualización para alinear con la realidad, pero el Gobierno la demora hasta consolidar la baja inflacionaria.
Las disparidades inflacionarias y la medición poco confiable del INDEC generan ajustes insuficientes en jubilaciones, mayores pérdidas en regiones de alta inflación y una erosión general del ingreso de los más vulnerables. Esto no solo afecta el presente, sino que compromete la sostenibilidad económica de millones de argentinos.

10 febrero 2026
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