Los procedimientos, ordenados por la Justicia Federal de Misiones, incluyeron el secuestro de una suma millonaria que supera los 57 millones de pesos, 37 mil dólares y diversas divisas extranjeras, además de decenas de teléfonos celulares que serán peritados para determinar el alcance de la organización.
La causa, caratulada como «cohecho pasivo», es tramitada por la jueza federal Verónica Skanata y el fiscal Perucci Dal Santo, bajo el expediente FPO 2837/2025. Según fuentes judiciales, las maniobras ilegales consistían en el cobro de sobornos a taxistas, remiseros y «paseros» para permitir el ingreso y egreso irregular de mercaderías, además de otorgar privilegios para evitar las extensas filas en el viaducto que une Posadas con Encarnación. La investigación tuvo un punto de inflexión con el trabajo de agentes encubiertos durante seis meses, quienes lograron documentar cómo el sistema de control había sido corrompido para beneficio personal de los funcionarios involucrados.
El origen de la pesquisa se remonta a 2022, a partir de una denuncia interna de Gendarmería Nacional y testimonios de representantes del sindicato de taxistas que alertaban sobre las irregularidades en el Escuadrón 50. Lo que comenzó como una sospecha sobre el cobro de «peajes» ilegales terminó revelando una estructura mucho más compleja que incluía el secuestro de armas de fuego, municiones, cámaras DVR y hasta documentación de interés para otras causas de delitos transnacionales. Incluso, en un hecho insólito que se sumó al expediente, se investiga a una funcionaria que habría «incautado» un perro de raza en un control nocturno para quedárselo como mascota personal.
Para garantizar la continuidad operativa de uno de los pasos fronterizos más transitados del país, las autoridades nacionales dispusieron el traslado inmediato de siete funcionarios comisionados desde Rosario. Esta intervención busca normalizar la dependencia mientras los agentes locales y los gendarmes bajo sospecha permanecen apartados de sus cargos. La medida es vista como un intento de restaurar la confianza en un punto estratégico para el comercio regional, el cual se vio seriamente comprometido por la presunta connivencia entre quienes debían vigilar la frontera y quienes se dedican al tráfico ilegal de bienes.
El impacto de este operativo resuena con fuerza en la política y la economía de Misiones, abriendo un debate profundo sobre la transparencia en los controles del nordeste argentino. Con los peritajes informáticos en marcha sobre los 62 teléfonos y computadoras secuestrados, no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de ramificaciones que alcancen a niveles superiores de la administración pública. Por ahora, el paso internacional opera bajo una vigilancia reforzada, mientras la Justicia intenta desentrañar cuánto dinero circuló por esta «aduana paralela» que funcionaba a plena luz del día en el puente San Roque González.
Durante la primera actividad, los participantes no solo recibieron bioinsumos, sino también una capacitación específica sobre cómo implementarlos en sus procesos productivos, dictada por las capacitadoras: doctora Ana Munevar y la genetista Marylin Silva.
Durante el encuentro también se realizó la entrega de MIHOBA, cuya aplicación en las producciones permitirá evaluar resultados y obtener devoluciones sobre su uso en campo.
El presidente de Biofábrica Misiones, Federico Miravet, destacó la importancia de acercar estas herramientas al sector productivo. «Esta es la primera de muchas capacitaciones que vamos a realizar en toda la provincia. Nuestro objetivo es llegar a los productores con prácticas de producción sostenible y, al mismo tiempo, brindarles herramientas que les permitan fortalecer la comercialización de lo que producen», expresó.
Mihoba es un bioinsumo (producto biológico) desarrollado en la provincia de Misiones, Argentina, que funciona simultáneamente como biofertilizante y biofungicida. Es el primer producto de este tipo desarrollado íntegramente en la provincia por la entidad Biofábrica Misiones.