Un intercambio de mensajes internos en Cancillería dejaría al descubierto que la adjudicación de más de 114 millones de pesos a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no fue una coincidencia administrativa, sino un proceso quirúrgicamente direccionado desde meses antes de su publicación formal.
La investigación, que pone en jaque al Palacio San Martín, revela que la Asociación Argentina de Cultura Inglesa -dirigida por Rouillet- ya tenía el camino pavimentado mucho antes de que el pliego apareciera en el portal oficial. Según las comunicaciones internas del sistema GDE, el coordinador de Compras y Contrataciones, Mariano Méndez, instruyó a su equipo para tramitar la convocatoria siguiendo un esquema «preparado al inicio del año», lo que sugiere que las condiciones de la licitación fueron diseñadas específicamente para que no existiera competencia real.
Este escándalo de «Adjudicación Simple por Especialidad» representa un desembolso que, al momento de la firma, rozaba los 78.000 dólares para dictar cursos de inglés al personal diplomático. A pesar de que el vínculo familiar activó los mecanismos de integridad previstos por decreto, la aparición de estas pruebas documentales indica que la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN podría haber sido apenas un barniz de legalidad sobre una decisión que ya estaba tomada en los despachos de mayor jerarquía.
El contrato tiene una vigencia de nueve meses con opción a prórroga, lo que garantiza una facturación sostenida para la empresa de la esposa del ministro. Mientras el discurso oficial del presidente ultraderechista insiste en el desmantelamiento de los privilegios de la «casta», este nuevo indicio de direccionamiento contractual en favor del círculo íntimo de un ministro clave en la desregulación del Estado genera un ruido político difícil de silenciar en los pasillos de la Casa Rosada.
Por ahora, desde el entorno de Federico Sturzenegger han optado por el silencio, mientras la oposición y diversos organismos de control social exigen una revisión exhaustiva del expediente. La revelación de que los pliegos estaban en manos de la beneficiaria semanas antes de su difusión pública no solo es una irregularidad administrativa, sino que podría constituir la prueba definitiva de un presunto tráfico de influencias en el corazón del gobierno de la libertad.