La situación es especialmente alarmante cuando se observa el comportamiento de los precios a largo plazo, donde el optimismo oficial choca de frente con la realidad de los hogares. Para los próximos doce meses, la inflación esperada trepó al 34% en promedio, lo que marca un ascenso respecto a la medición anterior; esto evidencia que, para la población, el programa económico del gobierno todavía no logra anclar las expectativas de una estabilidad duradera.
El informe enciende una luz de alerta roja sobre el Interior del país, donde la preocupación por el costo de vida creció mientras en Buenos Aires se mantenía estancada. En las provincias, el promedio de inflación esperada saltó del 32% al 33%, reflejando el impacto directo de la eliminación de subsidios y el encarecimiento de los servicios y el transporte, medidas centrales del ajuste fiscal que ejecuta el Ejecutivo nacional.
La brecha de ingresos también cuenta una historia de desigualdad en medio de la crisis. Aunque la distancia entre los sectores más ricos y los más humildes se acortó levemente, son todavía los hogares de menores recursos -aquellos con menor nivel educativo- los que proyectan los niveles de inflación más altos, cercanos al 35%. Es la confirmación de que la «motosierra» y la desregulación indiscriminada golpean con mayor saña a quienes destinan la totalidad de su sueldo a alimentos y necesidades básicas.
Con una inflación mensual que la gente sigue proyectando cerca del 4%, el consumo y el ahorro permanecen paralizados ante la incertidumbre. Mientras el presidente ultraderechista insiste en que el camino es el correcto, la población del interior y los sectores más postergados siguen ajustando sus expectativas hacia arriba, evidenciando que el equilibrio macroeconómico que pregona el gobierno todavía no llega a las góndolas ni genera confianza en el futuro económico del país.