Un pormenorizado informe del prestigioso Centro de Ecomomía Política Argentina (CEPA) desnuda el relato de Casa Rosada, amañado e irreal, con el que pretende convencer a propios y extraños que es posible incumplir la ley. El argumento de que las leyes obligan al Gobierno libertario a afrontar gastos sin establecer de dónde saldrán los recursos es falaz.
La ley 27.795 de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso el 21/08/2025, vetada el 10/09 y ratificada por el Congreso el 02/10. El 21/10 el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 por supuesta falta de financiamiento, pese a que la propia ley habilitaba realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El 23/12/2025 la Justicia ordenó aplicarla y, para evitar su implementación, el 18/02/2026 el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificarla.
Presupuesto universitario: ajuste real de 28,7% entre 2023 y 2025 y 45,6% respecto de 2023 considerando el presupuesto vigente de 2026. Con la Ley insistida habría crecido 35,1% frente a 2025 y quedado solo 3,6% por debajo de 2023, permitiendo casi recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste. En cambio, el Proyecto del Gobierno implicaría caídas de 14,2% respecto de 2025 y 38,8% frente a 2023, dejando un presupuesto 36,5% menor al de la Ley insistida.
Presupuesto salarial: los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario (los gastos de funcionamiento sólo el 13,1%). Entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%.
Gastos de funcionamiento: recibieron un ajuste de 57,1% real entre 2023 y 2026, principalmente por recortes superiores al 70% en programas de desarrollo universitario y ciencia y técnica. La única partida que creció fue la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, +19,8% en 2026, aunque solo representando el 2,3% del presupuesto universitario.
Impacto presupuestario de la Ley insistida: si el Gobierno lo hubiese aplicado, esta ley habría aumentado el presupuesto salarial 36,3% real respecto de 2025, ubicándose 2,7% por encima de 2023. Los gastos de funcionamiento subirían 25,7% frente a 2025, aunque seguirían 37,5% por debajo de 2023, ya que varias partidas vinculadas al desarrollo universitario y a la ciencia y técnica no fueron incluidas en la recomposición.
Impacto presupuestario del Proyecto del Gobierno: propone una recomposición salarial de 12,3% (tres aumentos de 4,1%), que con la inflación proyectada implicaría caídas reales de 16,0% frente a 2025, 36,7% frente a 2023 y 38,3% frente a la Ley insistida. Incluso, en pesos corrientes, la recomposición salarial implicaría un gasto 3,4 veces menor respecto de la Ley insistida. En cuanto a gastos de funcionamiento, aumentarían 0,3% respecto de 2025 y mostrarían caídas reales de 50,2% frente a 2023 y de 20,2% respecto de lo establecido en la Ley insistida. Únicamente crecería en términos reales Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios (+45,6% vs 2025), siendo explicado principalmente por el aumento nominal de $80.072 millones (equivale al 13,8% del presupuesto total en gastos de funcionamiento).
Salarios universitarios: desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,0%. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (-23,1%). En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.
Salarios por debajo de la línea de pobreza e indigencia: en enero 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Considerando la CBA, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo.
Incremento salarial según la Ley insistida: proponía recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre 2023 y octubre 2025, aumentando al menos 44%, que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023.
Incremento salarial según el Proyecto del Gobierno: propone una recomposición del 12,3% en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%, insuficiente frente a la inflación proyectada en el año (20,3% hasta septiembre 2026). De este modo, el incremento ignora el ajuste realizado en 2024 y se diluye con la inflación de 2026, lo que significa una nueva caída del salario real de alrededor de 3,4% hacia septiembre de 2026.
Salario histórico un Jefe de Trabajos Prácticos: un JTP semi-exclusivo sin antigüedad pasó de cobrar $1.154.094,6 (noviembre 2015) a $570.470,3 (enero 2026) en pesos de septiembre 2026, una caída real de 50,6%. Con la Ley insistida, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $852.229,7 (-26,2%). En cambio, con el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748,3, profundizando la pérdida de poder adquisitivo hasta el 52,5% respecto de noviembre 2015.