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Argentina / Economía | Sector hotelero y gastronómico de Posadas con reducción horaria para evitar despidos

por A. Miravet 16 enero 2026

Esta brecha entre la estadística de arribos y la realidad de la caja diaria se manifiesta con mayor fuerza en el sector de los restaurantes, que por su propia infraestructura requieren de personal especializado de forma permanente. A diferencia de otras industrias, la gastronomía no puede recortar su capital humano sin comprometer el servicio, lo que coloca a los empresarios en una encrucijada financiera frente a un turista que cuida estrictamente su presupuesto. Acosta explicó que el diálogo directo entre trabajadores y empleadores ha sido clave para acordar pagos parciales y jornadas reducidas, priorizando la continuidad de las fuentes de trabajo ante una rentabilidad que no termina de consolidarse.

La merma en la llegada de visitantes extranjeros, especialmente desde Paraguay y Brasil, ha quitado el sostén histórico que tenían los fines de semana y feriados en la capital misionera. Aunque el calendario de congresos y eventos deportivos en Posadas ha generado una bocanada de oxígeno, la incertidumbre sigue siendo la norma entre los trabajadores. El gremio recordó que este impacto ya se sintió con fuerza durante todo 2024 en localidades del interior como Apóstoles y San Javier, pero que ahora la crisis se ha instalado plenamente en la infraestructura de la capital provincial.

El contexto macroeconómico nacional también ejerce una presión asfixiante sobre el sector, influenciado por las políticas de Javier Milei, el presidente ultraderechista, cuyo plan de ajuste ha elevado los costos fijos y retraído el consumo interno. Mientras el municipio intenta dinamizar la ciudad con propuestas culturales y paseos recreativos, la estadía promedio de los turistas se mantiene en apenas dos noches. Este perfil de viajero urbano, aunque más numeroso según las estadísticas de enero, no logra generar el volumen de gasto necesario para que los hoteles y restoranes puedan operar con normalidad comercial.

Como apuesta a futuro, el sindicato ha reforzado la capacitación laboral a través de la Escuela Tierra Colorada para que, en caso de una eventual reactivación, el sector cuente con mano de obra calificada. Sin embargo, el presente sigue marcado por la supervivencia y la flexibilidad de las jornadas para evitar que las señales de alerta se conviertan en cierres definitivos. Por ahora, el balance de la temporada de verano arroja una conclusión agridulce: hay más gente recorriendo la ciudad, pero las empresas trabajan al límite de sus posibilidades financieras.

16 enero 2026
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Argentina / Economía | Presidente de Ford Argentina advierte sobre riesgo de cierre de alguna automotriz

por A. Miravet 16 enero 2026

El principal escollo para la industria no es solo la caída del consumo interno, sino una estructura tributaria que Galdeano calificó como una «mochila» imposible de cargar en la competencia global. Según el directivo, una planta como la de Pacheco carga con entre 12 y 15 puntos de impuestos solo para poder exportar, incluyendo tributos nacionales, retenciones y el nocivo impacto de Ingresos Brutos. Este escenario se ve agravado por la apertura comercial promovida por Javier Milei, el presidente ultraderechista, que ha facilitado el ingreso de unidades importadas, con China encabezando esta avanzada gracias a sus agresivas políticas de incentivos a la exportación que la producción argentina no puede igualar.

En este marco de importaciones crecientes, el relato libertario utiliza el aumento de patentamientos de unidades extranjeras para simular una vitalidad económica, mientras las fábricas nacionales pierden la batalla por la localización de autopiezas. Galdeano explicó que cuanto más cadena productiva nacional se intenta integrar, mayor es la carga impositiva que se acumula, lo que desincentiva cualquier proyecto de inversión a largo plazo. La paradoja es clara: mientras el Gobierno presume una supuesta integración al mundo, las terminales locales compiten en condiciones de inferioridad frente a sus propias casas matrices en otros países que no sufren este esquema distorsivo.

La posibilidad de que la industria automotriz argentina sufra cierres definitivos es una sombra que crece ante la ausencia de una política de Estado que incentive la producción real. Para el presidente de Ford, es cada vez más difícil justificar inversiones en un territorio donde los impuestos municipales y provinciales se devoran el margen de ganancia antes de que el vehículo llegue al puerto. Esta situación es una consecuencia directa del modelo de Javier Milei, el presidente ultraderechista, quien prioriza la libre entrada de bienes finales —especialmente los provenientes del gigante asiático— por sobre la defensa de la infraestructura industrial instalada en el país.

Hacia adelante, el futuro del empleo en el sector depende de una reforma impositiva profunda que el Ejecutivo no parece dispuesto a priorizar en su agenda de ajuste fiscal. Si no se corrigen las asimetrías que hacen que exportar desde Argentina sea más caro que importar desde el otro lado del mundo, la desindustrialización pasará de ser una advertencia de los CEOs a una realidad tangible. El optimismo que emana de los despachos oficiales sobre las ventas de enero parece ser, en última instancia, una cortina de humo que oculta el vaciamiento de una de las industrias más emblemáticas de la economía argentina.

16 enero 2026
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Argentina / Economía | Por la presión inflacionaria libertarios postergan a febrero nuevo sistema de subsidios energéticos

por A. Miravet 16 enero 2026

El rediseño del sistema, formalizado mediante el Decreto 943, elimina la anterior segmentación por ingresos y establece un modelo denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo este nuevo criterio, el acceso a la asistencia estatal quedará estrictamente limitado a hogares cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT), tomando como referencia los valores del Indec a noviembre de 2025. Al utilizar una foto estática de ingresos frente a una inflación que no se detiene, la acción libertaria logra reducir de forma automática el universo de beneficiarios, ya que cada vez más familias superan nominalmente ese tope sin que ello signifique una mejora real en su capacidad de pago.

En términos operativos, el nuevo régimen divide a los usuarios en solo dos grupos: aquellos que reciben subsidios y quienes pagan el costo pleno de la energía. Además, se introducen bloques de consumo base con topes variables según el mes; por ejemplo, en febrero el límite subsidiado será de 300 kWh, mientras que en marzo bajará a 150 kWh. Esta reducción de los topes de consumo, en medio de una inercia de precios ascendente, garantiza que una mayor parte de la factura sea abonada a precio de mercado, permitiendo al equipo económico de Javier Milei, el presidente ultraderechista, exhibir una reducción del gasto público basada en el traslado directo del costo a los hogares.

Para gestionar este esquema, se ha creado el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el cual migrará automáticamente los datos de los usuarios ya inscriptos en el antiguo RASE. Si bien el Gobierno argumenta que la postergación se debe a «pasos administrativos pendientes» y a la necesidad de oficializar los nuevos precios mayoristas, la lectura política sugiere una intención de suavizar los indicadores de precios del corto plazo. Al desplazar el grueso del ajuste hacia marzo, la gestión libertaria intenta contener estadísticamente el índice inflacionario de enero, aunque el costo acumulado termine impactando de forma más agresiva al final del primer trimestre.

Finalmente, el nuevo esquema otorga a la Secretaría de Energía la facultad de revisar periódicamente los volúmenes subsidiados y las bonificaciones. Esta discrecionalidad permitirá al Gobierno ajustar las clavijas del gasto según las necesidades fiscales del momento, independientemente de la realidad económica de los usuarios. Mientras se espera la reglamentación definitiva, la incertidumbre crece entre las pymes y los hogares, quienes ven cómo el acceso a un servicio básico esencial se convierte en una variable de ajuste para sostener el dibujo de las cuentas públicas que pregona la administración de Javier Milei, el presidente ultraderechista.

16 enero 2026
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Argentina / Política / Economía | Cinismo: Caputo dice que hará todo lo posible para frenar aumentos de las prepagas

por A. Miravet 16 enero 2026

El origen del conflicto se remonta a la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, impulsado por Javier Milei, el presidente ultraderechista, el cual derogó las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para fiscalizar la razonabilidad de las cuotas. Al desmantelar el marco regulatorio que permitía al Estado intervenir en la estructura de costos, las acciones libertarias otorgaron a las empresas una libertad de mercado total. Resulta notable el cinismo de un equipo económico que diseñó la liberación total del sector y ahora se muestra «sorprendido» por aumentos que ya superan el 100% acumulado en lo que va del año, una consecuencia lógica de la eliminación de controles.

Los incrementos en la medicina privada han sido implacables, registrando en abril su cuarto ajuste consecutivo por encima de los dos dígitos, con subas que oscilan entre el 16% y el 19%. Esta escalada se suma a los fortísimos saltos de enero (40%), febrero (27%) y marzo (20%), configurando un escenario donde la salud privada se vuelve un bien de lujo inalcanzable. Caputo ha reconocido que a las empresas «se les fue la mano», pero sus herramientas de intervención son nulas debido a la propia filosofía de no intervención que el Ejecutivo defiende. La «competencia» que el ministro invoca no existe en un mercado donde pocos actores concentran la oferta y los usuarios están cautivos de sus planes de salud.

La contradicción técnica es evidente: no se puede clamar por la defensa de la clase media mientras se mantiene vigente la normativa que desprotegió sus bolsillos de manera deliberada. A pesar de los fallos judiciales individuales que han frenado aumentos para usuarios específicos, la arquitectura legal diseñada por Javier Milei, el presidente ultraderechista, blindó a las corporaciones para fijar precios sin control administrativo. Esta situación deja al Ministerio de Economía en una posición de debilidad autoinducida, limitando sus acciones a mensajes en redes sociales que no tienen el peso legal necesario para retrotraer los precios a valores que la clase media pueda pagar.

Finalmente, el sector de la clase media se encuentra atrapado entre un decreto que liberó los precios y una gestión que, tras generar las condiciones para los aumentos, pretende ahora actuar como mediador ante el descalabro resultante. La supuesta «batalla» contra las prepagas carece de sustento real mientras las acciones libertarias sigan siendo la base de la política económica nacional. Sin una modificación de fondo en el DNU que el propio Gobierno sostiene, las cuotas de salud privada continuarán ajustándose bajo la discrecionalidad empresarial, dejando las promesas de Caputo como una simple puesta en escena frente al creciente malestar social.

16 enero 2026
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Argentina / Política | La reforma de la SIDE llega al Senado bajo la sombra de una policía secreta libertaria

por A. Miravet 16 enero 2026

La estrategia oficial para sostener este decreto parece basarse en la parálisis deliberada de las instituciones de control, ya que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aún no ha sido constituida. Esta inacción, denunciada por la oposición ante las autoridades de ambas cámaras, funciona como un mecanismo de dilación que permite que la norma siga vigente sin haber pasado por el filtro constitucional obligatorio de diez días hábiles. Para diversos sectores, este bloqueo no es accidental, sino una maniobra para evitar que el Congreso le ponga un freno a la construcción de un aparato de espionaje que, bajo la retórica de la «libertad», fortalece el secretismo y la persecución potencial.

Desde el punto de vista parlamentario, la resistencia crece con fuerza y ya se contabilizan al menos 122 legisladores listos para volcar sus votos en contra del decreto. La oposición advierte que no permitirá la consolidación de una fuerza de inteligencia que pueda actuar fuera de los límites legales, recordando el antecedente reciente donde el Congreso ya rechazó la ampliación de fondos reservados para la SIDE. Este rechazo masivo refleja una preocupación profunda: que la acción libertaria esté buscando normalizar procedimientos de excepción y facultades represivas que recuerdan a las épocas más oscuras de la historia institucional argentina.

La batalla no solo es política, sino también judicial, con presentaciones impulsadas por el CELS y referentes de la UCR y la Coalición Cívica que exigen la nulidad del decreto por su manifiesta inconstitucionalidad. Los críticos señalan que Javier Milei, el presidente ultraderechista, no ha logrado justificar la «necesidad y urgencia» para reformar el sistema de inteligencia de manera unilateral, salteándose el debate parlamentario. El temor a una policía secreta libertaria se fundamenta en la falta de transparencia de los nuevos protocolos y en la posibilidad de que estas herramientas se utilicen para el control social y político en un contexto de creciente conflictividad.

Con el reloj en marcha y la presión judicial en aumento, la disputa por el control de la inteligencia nacional se encamina a ser el primer gran choque institucional de 2026. La capacidad del Congreso para sesionar y rechazar este DNU será la prueba de fuego para determinar si el sistema republicano puede limitar la ambición de un Ejecutivo que intenta gobernar por decreto. Mientras tanto, la sociedad observa con inquietud cómo se reordenan las estructuras del espionaje estatal, en una movida que parece priorizar el blindaje del poder oficialista por encima de las garantías individuales y la seguridad democrática.

16 enero 2026
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Argentina / Abigeato | Hacienda robada termina en frigoríficos de Posadas, Misiones, aseguran ganaderos correntinos

por A. Miravet 15 enero 2026

Diego Mañas, de Bichos de Campo, viene siguiendo el tema con mucha precisión, recogiendo testimonios reveladores sobre la intolerable situación, que lleva demasiado tiempo sin resolverse; por el contrario, agravándose con la presencia se bandas de forajidos que cruzan desde Brasil, río Uruguay mediante.

El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió con productores afectados por la ola de delitos rurales y se comprometió a “generar un espacio de trabajo entre el gobierno provincial y el sector rural” para propiciar una solución sostenible al creciente problema de inseguridad, presente fundamentalmente en la costa del río Uruguay.

En la zona de La Cruz los productores ganaderos comenzaron a alertar por un creciente faltante de hacienda de cría, especialmente cuando se hacen los recuentos de ganado.

Allí la producción se realiza en zona de malezales: los pastizales son altos, el terreno escarpado y el manejo de la hacienda es complicado Una de las particularidades de la región es que el conteo real de los animales se hace en la vacunación. Además, con los incendios de 2022 en la provincia, mucha de la infraestructura de la zona se destruyó, sin posibilidades de ser restituida aún, lo que genera imprecisiones en el manejo de los animales, que algunas veces terminan en el campo del vecino, o viceversa. Esto se soluciona habitualmente el un conteo más fino, donde entre los vecinos se restituyen con buena voluntad las cabezas que no corresponden, explica en uno de sus artículos Diego Mañas.

En ese proceso, es habitual que un porcentaje ínfimo de la hacienda no aparezca. Ya sea por muertes espontáneas o algún caso de cuatrerismo menor, alguna que otra vaca no aparece a la hora de vacunar, ergo contar.

En este tiempo, ganaderos de esa zona comenzaron a notar que la incongruencia en los números era cada vez mayor. Detectaron que había algo más aparte del faltante puntual: comenzaron a “desaparecer” lotes de a 15, 20, 30 o 40 vacunos en cada recuento. Todos los productores de la zona notaron lo mismo. En esas recolutas (otro término para el recuento) se decía “faltan 20, ya aparecerán en lo de algún vecino”. Pero eso nunca pasó.

A mediados de octubre de 2025, en un operativo policial de Paso de los Libres, se detectó un camión que transportaba hacienda y estaba muy flojo de papeles. Este transportista tenía una diferencia grande entre lo que decía llevar y lo que en verdad había cargado. La modalidad era declarar 15 vacunos en el camión jaula, llevando 25, 30 animales.

A partir de ese episodio se logró dar con una verdadera organización criminal dedicada a la sustracción de vacunos, comercialización y envío a faena. En el medio, claro está, hay fuertes internas policiales, fiscales marcados por ineficientes o cómplices, y productores que denuncian robos de hasta 800 vacas en este último año. En total, en la zona de La Cruz, hablan de faltantes de más de 1.500 vacunos.

Según Bichos de Campo, a fines de noviembre se volvió a encontrar a este camión perteneciente al “Grupo Itatí SRL”, constatándose nuevamente diferencias entre los animales transportados y la documentación presentada. A raíz de este hecho, se dio intervención al Fiscal Rural, quien dispuso el secuestro preventivo de la hacienda y del rodado, así como la aprehensión del conductor.

Una inspección veterinaria determinó también que los animales presentaban inconsistencias en marcas y señales respecto de la documentación respaldatoria. También se verificó que otros animales consignados en la documentación no se encontraban en el establecimiento declarado, desconociéndose su ubicación.

Desde ahí se pidieron 5 órdenes de allanamiento al fiscal Facundo Sotelo, de las cuales efectuó solo dos, 30 horas más tarde. Esto enardeció a los productores ganaderos de la zona, quienes creen que este mecanismo, por omisión o deliberado, favoreció a los delincuentes.

La Justicia fue hasta el establecimiento “Don Mariano”, donde estuvieron los policías apostados en los alrededores del campo a la espera de órdenes del fiscal. Por la presión de las asociaciones de productores de Corrientes y del fiscal general, se dictaron las órdenes y se encontraron cargas de animales sin guía, otros movimientos de hacienda y nuevas divergencias documentales.

Modus operandi
Personas alquilaban tierras linderas a la de los productores ganaderos y, aprovechando las dificultades de infraestructura, se instalaban y buscando animales de los vecinos. Por eso nunca aparecían en las recolutas. Esos falsos ganaderos fueron absorbiendo hacienda ajena y sumando propia para poder tener las guías y la documentación a su nombre. En el traslado de la hacienda hacia faena, se llevaban más animales que los declarados, y así iban desapareciendo las vaquitas en cuestión.

Todo terminaba en frigoríficos de Posadas, provincia de Misiones, utilizando la declaración de faena, cuya vigencia es de 4 días por animal. La hacienda era introducida a faena bajo el mismo número de trámite, y se estima que, por cada vaca declarada, ingresaban hasta 3 más. De esta forma se cierra el ciclo completo, que va desde el campo (ajeno) a la faena. Según estiman en la zona, las pérdidas están valuadas en 2 millones de dólares.

Una nueva fiscal está investigando otro campo del Grupo Itatí, que está a solo 2 mil metros del allanado previamente, donde se encontraron vacunos que no cumplían con las reglamentaciones. También allí apareció hacienda que había sido dada en custodia luego de los allanamientos iniciales, pero sin registros.

Lo que se está investigando es si es otra organización que opera de la misma forma, o una ramificación de la detectada previamente. Si bien el camión transportista es siempre el mismo, se especula con que pueda haber más, ya que la operatoria excede la capacidad operativa de un solo vehículo.

Otra novedad, según el diario El Libertador, es el decomiso de 330 kilos de carne vacuna sin ningún tipo de marca sanitaria ni de reglamentación.

El martes 13, sobre la Ruta Provincial N° 22, la policía interceptó una Toyota Hilux que transportaba más de 300 kilos de carne. Según se informó, el producto carecía de control bromatológico y no respetaba las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente. Además, los ocupantes del rodado no pudieron justificar la procedencia de la carne, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Todo esto, además, está fertilizado y condimentado por las bandas provenientes de Brasil que operan delictivamente también en la zona. Lo que creen los productores es que están cercados por los delincuentes. Según cuentan desde la Sociedad Rural de Alvear, cercana a la localidad de La Cruz -epicentro de este abigeato a gran escala-, en los últimos meses creció la cantidad de lanchas que llegan desde ese país con gran armamento para amedrentar a los productores y pobladores, lo que dejó una zona liberada ante el temor. Cruzan, llegan a los tiros, faenan animales y se van. Este proceso, estiman los ruralistas, dejó 35 mil hectáreas que fueron abandonadas por los productores ante el miedo a estas bandas.

Lea el artículo original de Diego Mañas y otros relacionados publicados por Bichos de Campo en los siguientes enlaces.

✔ Detectan otro mega robo de hacienda en Corrientes y crece la preocupación ante esta nueva modalidad delictiva

✔ El dirigente Marcelo Carbonell advierte que en Paso de Los Libres y otras zonas recostadas sobre el Río Uruguay “se están abandonado campos”

✔ “La costa del Río Uruguay es un polvorín”, advierte el ruralista Edgar Toledo, desde la localidad correntina de Alvear

✔ Corrientes: El gobernador Valdés se reunió con productores afectados por la ola de delitos rurales

✔ Los productores correntinos se cansaron del silencio de la Justicia y le pidieron a un fiscal que se ponga a trabajar

 

15 enero 2026
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Argentina / Economía | 100 despidos en el Hiper Libertad reconfirman la crisis del comercio en Misiones

por A. Miravet 15 enero 2026

La situación en las grandes superficies funciona como un termómetro para todo el sector; si empresas con esa estructura logística enfrentan la falta de reposición y la reducción masiva de personal, el margen para el comercio minorista es prácticamente inexistente. Gómez advirtió que el fenómeno viene acompañado de un crecimiento en los pedidos de procedimientos preventivos de crisis, donde las firmas proponen reducciones salariales de hasta el 50% o el pago de haberes de manera no remunerativa para evitar cierres definitivos.

En este contexto, la incertidumbre se traslada también al ámbito legal, ante la reforma laboral que impulsa el gobierno libertario, la cual el gremio califica como una «quita de derechos» que facilita los despidos en lugar de fomentar el empleo genuino.

Según advirtió Gómez, el diagnóstico gremial revela un escenario de precariedad creciente. Gómez confirmó que el número de empresas que solicitan procedimientos preventivos de crisis sigue en aumento, buscando reducciones salariales de hasta el 50% o el impago de cargas patronales para evitar el cierre definitivo. Esta situación ha disparado la informalidad laboral, con un avance preocupante de los pagos «en negro» y la pérdida de puestos de trabajo. La preocupación se cristaliza en casos emblemáticos como el del Hiper Libertad, donde se reportan cerca de 100 despidos, depósitos vacíos y una falta de reposición de mercadería que genera incertidumbre sobre su continuidad.

Los puntos clave del hundimiento comercial

El síntoma del hambre: Por primera vez en ciclos recesivos recientes, el rubro de comestibles muestra bajas sensibles. «Hoy vemos que la gente hasta deja de comer», sentenció Gómez, señalando que el consumo se ha retraído incluso en bienes de primera necesidad.

Dependencia del crédito: Entre el 70% y el 80% de las ventas actuales se sostienen únicamente gracias a los programas de financiamiento y cuotas, evidenciando que las familias ya no cuentan con efectivo para compras diarias.

Incógnita escolar: Con el inicio de clases en el horizonte, los kits escolares de 100.000 pesos representan un desafío inalcanzable para muchos hogares con ingresos estancados frente a tarifas de servicios y transporte en constante aumento.

Alerta por la reforma laboral

A la crisis de consumo se suma la inquietud gremial por el debate de la reforma laboral en el Congreso, impulsada por la gestión de Javier Milei. Desde el Centro de Empleados de Comercio advierten que los cambios propuestos por el presidente ultraderechista, como la extensión del período de prueba a ocho meses y las facilidades para el despido, no representan una modernización sino una «quita de derechos». El gremio sostiene que, sin una recomposición real del salario y un alivio en el costo de vida, no hay señales de reactivación a la vista para el comercio misionero. Con información Diario Primera Edición

15 enero 2026
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Argentina / Economía | Industria en el pozo: Uso de la capacidad instalada fabril cayó al nivel más bajo en ocho meses

por A. Miravet 15 enero 2026

El panorama sectorial muestra una disparidad alarmante: mientras que áreas como la refinación de petróleo logran sostenerse, los rubros que dependen del consumo local y la inversión están en niveles de supervivencia. La industria automotriz funciona apenas al 46,3% de su capacidad y la metalmecánica no llega al 40%, configurando un cuadro de difícil salida para el empleo industrial. Esta retracción se da en un contexto donde el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei ha priorizado el libre comercio, lo que según las cámaras del sector, está desplazando a la producción nacional.

El drama textil: el 70% de las máquinas están apagadas

El sector textil es el rostro más dramático de esta crisis. Con una utilización de su capacidad instalada de apenas el 29,2%, la industria ha perdido casi 20 puntos de actividad en un solo año. Esta parálisis es consecuencia directa de una caída estrepitosa en la producción de hilados de algodón y tejidos, que en algunos casos supera el 43% interanual.

Competencia desigual: Desde la Fundación Protejer atribuyen este desplome al «boom de las importaciones», motorizado por plataformas chinas como Shein y Temu, que han inundado el mercado local mientras la producción de prendas de vestir argentina caía un 12,1% solo en el último año.

Impacto en el empleo: La crisis ya se traduce en cierres y suspensiones. Un caso testigo es el de la planta Hilados SA en Tucumán, que esta semana anunció la suspensión total de su producción hasta fines de febrero, dejando en la incertidumbre a sus 130 trabajadores debido a la falta de pedidos en rubros como tapicería y blanquería.

Radiografía del uso de la capacidad instalada (Noviembre 2025)

Refinación de Petróleo 86,5%   Nivel óptimo

Alimentos y Bebidas      64,2%    Estable

Automotriz                        46,3%    Crítica

Metalmecánica                39,9%    Crítica

Productos Textiles          29,2%    Terminal

El informe de CEPEC advierte que la baja mensual de 3,3 puntos respecto a octubre confirma que no se trata de una oscilación estacional, sino de un agotamiento del modelo productivo actual. Sin un repunte del poder adquisitivo de los consumidores y con la amenaza constante de la mercadería importada sin aranceles, el horizonte de la industria argentina permanece cubierto por una densa incertidumbre.

15 enero 2026
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Argentina / Política | Luego de escándalo por los terrenos en la bahía El Brete llegó el recambio a la Entidad Binacional Yacyretá

por A. Miravet 15 enero 2026

El Conflicto por el Desalojo de los Clubes Náuticos de la Bahía El Brete

En octubre del año pasado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) intimó a clubes náuticos (como el Río Paraná, Vayruzu, Liceo Naval) y un astillero a desalojar terrenos en El Brete antes de fin de año, argumentando que no había contratos definitivos.

Hubo gran rechazo de la comunidad náutica y familias, que veían amenazada su actividad y pertenencia. La EBY luego postergó la medida, prometiendo diálogo para buscar alternativas.

Existen sospechas que señalan un interés detrás del intento de desalojo que es la valorización de la zona para nuevos proyectos inmobiliarios.

Reordenamiento del Directorio y el Consejo

El decreto oficializa la aceptación de la renuncia del ingeniero civil Alfonso Peña, quien se desempeñaba como Director Ejecutivo desde 2024. No obstante, Peña continuará vinculado a la entidad, ya que ha sido nombrado Consejero para completar un mandato que vence en marzo de 2027. Por su parte, Adúriz deja su anterior puesto como Consejero para asumir la máxima responsabilidad ejecutiva en la parte argentina del ente.

Las modificaciones en la cúpula de la EBY incluyen otros movimientos administrativos:

Manuel Ignacio Chavarría Bertolami: Fue designado como nuevo Consejero con mandato hasta agosto de 2026.

José Antonio López: Se formalizó su renuncia al cargo de Consejero, con efecto retroactivo al 28 de febrero de 2025.

Marco legal y operatividad

La estructura de gobierno de la EBY se rige por el Tratado de Yacyretá de 1973, que estipula un Comité Ejecutivo compuesto por dos directores (uno por cada país) y un Consejo de Administración integrado por ocho consejeros. Esta renovación de autoridades argentinas contó con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y del servicio jurídico del Ministerio de Economía, asegurando la continuidad institucional en la gestión de los recursos del río Paraná.

Con esta designación, el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei busca consolidar la planificación energética de largo plazo y la administración de los recursos fiscales vinculados a la represa, en un contexto de ajustes y reorganización del Sector Público Nacional.

15 enero 2026
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Argentina / Política | DNU SIDE: Ex jefe de los espías advierte que detención sin orden judicial evoca al terrorismo de Estado

por A. Miravet 15 enero 2026

El polémico DNU 941/2025: ¿Qué establece?

El decreto firmado por el presidente ultraderechista Javier Milei redefine la estructura de inteligencia del Estado con cambios que han encendido las alarmas de organismos de derechos humanos y referentes del sector:

Detenciones sin orden judicial: Se otorga a los agentes de la SIDE la capacidad de privar de la libertad a ciudadanos en situaciones de «emergencia» o bajo criterios de inteligencia, eliminando el control preventivo del Poder Judicial.

Inteligencia como «actividad encubierta»: La norma utiliza terminología que, según Miguel Ángel Toma, no existe en la teoría ni en la práctica de la inteligencia moderna a nivel mundial. «Esa palabra conlleva el peligro de retrotraernos a las peores épocas del terrorismo de Estado», señaló el ex funcionario.

Unilateralidad: En lugar de buscar un consenso en el Congreso para actualizar la Ley de Inteligencia 25.520 (sancionada en 2001), el Ejecutivo optó por un decreto unilateral, eludiendo el debate legislativo sobre el uso de fondos reservados y facultades operativas.

«Un mecanismo de represión social»

Para Miguel Ángel Toma, quien dirigió la central de inteligencia durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el nuevo marco normativo tiende a desvirtuar la función profesional de la inteligencia —que debe enfocarse en amenazas externas y crimen organizado— para convertirla en un aparato de vigilancia interna. «Lo único que está generando es una enorme duda de si no hay detrás de esto una intención autoritaria», afirmó en declaraciones radiales, subrayando que la redacción del DNU favorece la utilización de las estructuras del Estado para la persecución social.

Si bien el ex funcionario reconoció que es necesaria una actualización tecnológica de la ley vigente para enfrentar amenazas como el ciberterrorismo, lamentó que la gestión de Javier Milei haya reemplazado una ley de consenso por una medida que prioriza la opacidad y el poder discrecional de los agentes secretos por sobre los derechos individuales.

15 enero 2026
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Argentina / Economía | Celulares con arancel cero: Expectativas y desafíos que condicionan los precios por costos de chips

por A. Miravet 15 enero 2026

Pese al optimismo oficial expresado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien celebró la llegada del «impuesto cero» para fomentar mejores precios, los datos del último año obligan a un análisis cauteloso. Durante 2025, aun con la rebaja arancelaria parcial, la importación legal no explotó: de hecho, se importaron menos unidades que en 2024 (334.194 frente a las 337.194 del año anterior). Esta paradoja se explica, en parte, por una demanda interna retraída y por la persistente presión del contrabando, que hoy representa uno de cada tres teléfonos activados en el país.

Los límites de la baja de precios

Si bien se espera que entre febrero y marzo de 2026 los precios puedan retroceder entre un 10% y un 30% a medida que se renueve el stock, los especialistas advierten sobre factores que podrían frenar esta tendencia:

El «cisne negro» de los chips: La explosión de la Inteligencia Artificial ha generado una demanda masiva de memorias RAM y chips de almacenamiento a nivel global. Al igual que ocurrió con la minería de criptomonedas, este fenómeno encarece los componentes básicos, limitando el margen para nuevas rebajas.

Costos locales persistentes: Aunque el arancel sea nulo, los productos importados siguen enfrentando cargas como el IVA, Ingresos Brutos y costos logísticos, lo que mantiene a la Argentina un 40% más cara que otros mercados regionales.

Estabilización previa: Muchas cadenas de retail y fabricantes locales ya aplicaron fuertes recortes durante 2025 para incentivar el consumo, por lo que el margen para seguir bajando los valores es hoy mucho más estrecho.

El futuro de la industria local

Desde Tierra del Fuego, las empresas agrupadas en Afarte señalan que la eliminación total del arancel no debería provocar una «ola importadora» masiva, ya que fabricar localmente sigue ofreciendo ventajas competitivas gracias a la eliminación de impuestos internos para productos del sur (que bajaron del 9,5% al 0% el año pasado). No obstante, el sector enfrenta desafíos sociales: la caída de la demanda ya provocó el cese de unos 500 contratos en una industria que emplea a 10.000 personas.

En el segmento de alta gama, como los iPhone, el traslado del beneficio arancelario suele ser más directo, aunque la escasez mundial de modelos nuevos como el iPhone 17 también juega su papel en la formación del precio final. El mercado argentino entra así en una etapa de «arancel cero» que promete tecnología más accesible, pero cuya realidad dependerá de la logística interna y de la volátil oferta tecnológica global.

15 enero 2026
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Argentina / Economía | Apoyo de cámaras empresarias a proyecto para regular el e-commerce y frenar el contrabando

por A. Miravet 15 enero 2026

Mayor responsabilidad para las plataformas digitales

El proyecto apunta a reformar la Ley de Defensa del Consumidor para obligar a las plataformas a verificar la identidad, domicilio y situación fiscal de sus vendedores. Uno de los puntos más sensibles es la exigencia de documentación aduanera: si un producto es importado, la plataforma deberá conservar el despacho de importación que acredite su ingreso legal al país; de lo contrario, la venta no podrá concretarse.

Esta medida busca cerrar el vacío legal que hoy permite el avance de canales informales frente al comercio establecido. La Secretaría de Industria y Comercio sería la encargada de aplicar sanciones basadas en el Código Aduanero y las leyes de Lealtad Comercial.

El respaldo de las cámaras: CAME y CAC

Desde el sector privado, las declaraciones han sido contundentes a favor de establecer reglas claras para el ecosistema digital:

Fabián Hryniewicz (CAME): El director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa enfatizó a Ámbito: “Es muy bienvenido este proyecto de ley porque era hora de empezar a poner ciertos límites a todas las plataformas digitales que compiten de manera desleal con el comerciante de proximidad, que es el que tributa y genera empleo”. Asimismo, advirtió que el volumen de importación de ropa usada es «realmente alarmante» y pone en riesgo la salud pública y la industria nacional.

Natalio Mario Grinman (CAC): El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios valoró toda iniciativa que combata la informalidad: “El libre comercio no puede confundirse con la tolerancia a prácticas ilegales que perjudican la competencia y desalientan la inversión”. Si bien Grinman destacó las políticas de modernización del gobierno de Javier Milei, subrayó que estas deben darse en un marco de legalidad: “Es necesario dar una discusión seria y equilibrada sobre los mecanismos más eficaces para enfrentar la comercialización de mercadería ingresada de manera irregular”.

Ampliación del debate

Desde CAME adelantaron que buscarán que el alcance de la ley no se limite únicamente al rubro textil, sino que se extienda a sectores como ferretería, electricidad y electrónica, donde el contrabando también afecta gravemente la rentabilidad de los comercios formales. Por su parte, la CAC reiteró su disposición para colaborar con las autoridades para fortalecer un comercio transparente que favorezca el empleo y el crecimiento económico sostenido.

15 enero 2026
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