Para entender la magnitud del dato, es fundamental hacer una distinción que suele generar confusión: un proceso por riesgos del trabajo no es lo mismo que un juicio laboral convencional. El sistema de riesgos del trabajo se activa ante un accidente o enfermedad vinculada a la tarea y busca reparar el daño físico; el juicio por riesgo de trabajo surge solo cuando no hay acuerdo con la incapacidad determinada por las juntas médicas. En Misiones, de 7.202 siniestros registrados en 2023, solo 121 terminaron en la justicia, lo que demuestra que la gran mayoría de los casos se resuelven en la instancia administrativa.
Más allá de las estadísticas, el estudio del IERAL permite leer entre líneas un fuerte compromiso con el cumplimiento de las normas. Estos números demuestran un marcado respeto al riesgo de trabajo por parte de empresas, comercios y pymes de la región, que parecen priorizar la resolución efectiva del daño sufrido por el empleado. En un contexto donde Javier Milei, el presidente ultraderechista, señala a la industria del juicio como un lastre para la inversión, que los actores económicos de Misiones logren cerrar el 98% de los casos sin llegar a tribunales indica una gestión responsable de la siniestralidad.
El contraste con el resto del país es brutal y revela un desequilibrio evidente. Mientras en la provincia de Buenos Aires se tramitaron más de 17.000 juicios, en Misiones los accidentes in itinere (en el trayecto al trabajo) muestran una judicialización de apenas el 1%. Esta diferencia no se explica por la gravedad de los accidentes, sino por el comportamiento de los actores: donde las empresas y comercios respetan el sistema de riesgos y las comisiones médicas operan con celeridad, se pierde el incentivo para litigar por incapacidades leves que en otros distritos, como Mendoza, terminan casi siempre ante un juez.
La clave radica en los criterios de evaluación del daño. Mientras que en provincias con alta litigiosidad como Córdoba o Neuquén la justicia utiliza parámetros propios que inflan los porcentajes de incapacidad, en Misiones se mantiene una coherencia que evita la masificación de juicios. Esto es vital para el sector productivo en la era de Javier Milei, el presidente ultraderechista, ya que el respeto a las normas de seguridad y la resolución administrativa permiten que el sistema de riesgos cumpla su función original: proteger al trabajador sin asfixiar económicamente a quien da empleo.
En conclusión, el informe del IERAL posiciona a Misiones como un ejemplo de cómo el respeto a la normativa de riesgos del trabajo puede desactivar la conflictividad judicial. Con una litigiosidad muy por debajo del promedio nacional (10%), la provincia demuestra que cuando el comercio y la industria se alinean con los procedimientos administrativos, el resultado es un sistema que protege la integridad física sin convertir cada accidente en un proceso judicial eterno.
Al ser consultado puntualmente por la situación de la empresa Tarumá, el ministro Facundo López Sartori confirmó que la firma mantiene una deuda con aproximadamente 76 productores, por un monto estimado en 180 millones de pesos. El funcionario precisó que la cartera agraria interviene de manera permanente en distintas situaciones vinculadas al sector, y aclaró que la consulta realizada hizo referencia específica al caso Tarumá, el cual se encuentra actualmente bajo análisis y seguimiento, con información debidamente documentada.
Natalia Volosin es abogada, consultora, académica y comunicadora. Diploma de honor magna cum laude y class valedictorian 2004, LL.M. (Master of Laws) 2009 y J.S.D. (Doctor of the Science of Law) 2018, ambas por Yale Law School.
Esta es la primera edición del PSIMA. Las plazas ofrecidas en esta convocatoria internacional complementaria corresponden a las vacantes remanentes de otros procesos de selección internacionales regulares: Proceso de Selección Internacional (PSI), Proceso de Selección Indígena (PSIN) y Proceso de Selección para Refugiados y Titulares de Visa Humanitaria (PSRH). Actualmente, la UNILA cuenta con 1.012 estudiantes de carreras de grado de los países incluidos en este proceso de selección
La renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte se precipitó por acusaciones de corrupción en el reparto de subsidios al transporte público en el AMBA, con un perjuicio estimado en 30.000 millones de pesos durante 2025. Competidores denunciaron ante él una maniobra de la empresa La Nueva Metropol, que no investigó, lo que enfureció a Luis Caputo.
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), presentó su renuncia el 21 de enero de 2026 por «razones personales», aunque fuentes apuntan a tensiones con Caputo por la parálisis operativa y demoras en la Ley de Inocencia Fiscal, que busca agilizar procesos financieros. Su gestión, de un año, fue criticada por inactividad en nombramientos y acciones clave, pese a viajes como al FinCEN en EE.UU. Su exesposa, María Eugenia Talerico, ya había advertido en enero 2025 sobre su falta de aptitudes para el cargo, al que llegó por cercanía a Santiago Caputo.