El financiamiento se destinará específicamente a la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV que une San Isidro con Alem y Oberá II, además de la construcción de una nueva Estación Transformadora en Leandro N. Alem. Estas obras son el punto crítico de la red provincial; sin este refuerzo, la capacidad de transporte de energía en la zona centro está al límite de su operatividad. La intención oficial es que esta mejora en la «columna vertebral» eléctrica permita absorber la demanda de un crecimiento urbano que ya superó la capacidad de las instalaciones actuales.
Para obtener el crédito, el Gobierno provincial debió comprometer los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos como garantía de pago. Esto implica que los fondos que llegan desde Nación se verán afectados directamente para saldar la deuda con la entidad bancaria privada. Esta ingeniería financiera se vuelve la única vía de escape para la provincia ante el recorte total de obra pública nacional ejecutado por la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, que ha dejado a las provincias sin partidas para infraestructura básica.
El decreto reglamentario se ampara en la Ley Provincial VII – N° 103, que permite al Ejecutivo tomar deuda externa o interna para proyectos de electrificación y modernización. No obstante, para que el dinero empiece a fluir, la operatoria todavía debe pasar por el filtro del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Esto obliga a la provincia a enviar toda la documentación a los Ministerios de Economía e Interior de la Nación para asegurar que los niveles de endeudamiento no comprometan la estabilidad de las arcas públicas.
Más allá de los números y los decretos, la urgencia de la zona centro es real: la red eléctrica actual no soporta nuevos emprendimientos industriales y sufre en cada pico de consumo estival. La ejecución de la línea de 132 kV es, en la práctica, la última ficha que juega la provincia para garantizar que Oberá y Alem no queden desconectadas del desarrollo productivo. El éxito de este endeudamiento se medirá, finalmente, en si los vecinos dejan de sufrir bajones de tensión y las fábricas pueden operar sin generadores propios.