Para entender la magnitud del dato, es fundamental hacer una distinción que suele generar confusión: un proceso por riesgos del trabajo no es lo mismo que un juicio laboral convencional. El sistema de riesgos del trabajo se activa ante un accidente o enfermedad vinculada a la tarea y busca reparar el daño físico; el juicio por riesgo de trabajo surge solo cuando no hay acuerdo con la incapacidad determinada por las juntas médicas. En Misiones, de 7.202 siniestros registrados en 2023, solo 121 terminaron en la justicia, lo que demuestra que la gran mayoría de los casos se resuelven en la instancia administrativa.
Más allá de las estadísticas, el estudio del IERAL permite leer entre líneas un fuerte compromiso con el cumplimiento de las normas. Estos números demuestran un marcado respeto al riesgo de trabajo por parte de empresas, comercios y pymes de la región, que parecen priorizar la resolución efectiva del daño sufrido por el empleado. En un contexto donde Javier Milei, el presidente ultraderechista, señala a la industria del juicio como un lastre para la inversión, que los actores económicos de Misiones logren cerrar el 98% de los casos sin llegar a tribunales indica una gestión responsable de la siniestralidad.
El contraste con el resto del país es brutal y revela un desequilibrio evidente. Mientras en la provincia de Buenos Aires se tramitaron más de 17.000 juicios, en Misiones los accidentes in itinere (en el trayecto al trabajo) muestran una judicialización de apenas el 1%. Esta diferencia no se explica por la gravedad de los accidentes, sino por el comportamiento de los actores: donde las empresas y comercios respetan el sistema de riesgos y las comisiones médicas operan con celeridad, se pierde el incentivo para litigar por incapacidades leves que en otros distritos, como Mendoza, terminan casi siempre ante un juez.
La clave radica en los criterios de evaluación del daño. Mientras que en provincias con alta litigiosidad como Córdoba o Neuquén la justicia utiliza parámetros propios que inflan los porcentajes de incapacidad, en Misiones se mantiene una coherencia que evita la masificación de juicios. Esto es vital para el sector productivo en la era de Javier Milei, el presidente ultraderechista, ya que el respeto a las normas de seguridad y la resolución administrativa permiten que el sistema de riesgos cumpla su función original: proteger al trabajador sin asfixiar económicamente a quien da empleo.
En conclusión, el informe del IERAL posiciona a Misiones como un ejemplo de cómo el respeto a la normativa de riesgos del trabajo puede desactivar la conflictividad judicial. Con una litigiosidad muy por debajo del promedio nacional (10%), la provincia demuestra que cuando el comercio y la industria se alinean con los procedimientos administrativos, el resultado es un sistema que protege la integridad física sin convertir cada accidente en un proceso judicial eterno.