La asimetría del deterioro financiero es brutal y marca una brecha insalvable entre el mundo corporativo y el doméstico. Mientras que las empresas mantienen un ratio de irregularidad moderado del 2,5%, la mora en los préstamos a personas físicas ya trepó al 9,3% al cierre de 2025. El dato del 22,8% en el sector no bancario actúa como un faro de alerta roja, indicando que el segmento de la población con menores ingresos es el que está financiando su consumo básico (alimentos, servicios y medicamentos) con deuda que luego no puede pagar. Es el precio oculto de una economía donde los salarios no logran ganarle a la inercia de los precios.
Bajo la gestión económica del presidente ultraderechista Javier Milei, se ha producido un cambio de paradigma en el balance de los bancos: el crédito a privados ahora representa el 43,9% de sus activos, desplazando al financiamiento del sector público que predominaba anteriormente. Sin embargo, este «boom» del crédito privado tiene un lado oscuro. El financiamiento a las familias creció un 36,9% en términos reales, pero lo hizo sobre una base de salarios debilitados y tasas de interés que, aunque en descenso nominal, siguen siendo prohibitivas en términos reales para el trabajador promedio que recurre a las tarjetas de crédito o préstamos personales como último recurso.
Las causas de este ahogo financiero son múltiples, pero convergen en un punto: la falta de una recomposición sólida del poder adquisitivo. La combinación de una inflación persistente y el encarecimiento del costo de vida ha transformado al crédito de una herramienta de progreso en un «salvavidas de plomo». En las financieras de consumo, donde los requisitos de ingreso son más flexibles pero los costos financieros son astronómicos, casi una de cada cuatro personas ya se encuentra en situación de irregularidad, lo que preanuncia una crisis de consumo de largo aliento si no se revierte la caída de los ingresos reales.
En conclusión, el panorama financiero de 2026 muestra un sistema que, si bien se ha «desestatizado» en sus activos, está incubando un riesgo creciente en su base social. El índice general de morosidad del 5,5% maquilla la realidad de los más castigados: ese 22,8% de mora en el sistema no bancario es el síntoma más claro de una economía que crece en los papeles pero que expulsa a los ciudadanos de a pie hacia la insolvencia. El desafío para el equipo económico será evitar que este récord de morosidad se transforme en una crisis sistémica que termine por secar definitivamente el consumo interno.