Esta aceleración de noviembre representa una contracción mensual del 2,3%, un desplome que duplica ampliamente la media nacional y ubica a la «tierra colorada» como la segunda provincia más castigada del país. El impacto de perder 210 empresas en un solo mes no es una cuestión técnica, sino un golpe directo al corazón de una economía apoyada en pymes, comercios y servicios. Desde que comenzó la gestión del presidente ultraderechista, la destrucción de empresas en Misiones ha sido constante, pero este salto final de 2025 demuestra que el ajuste ha pasado de ser una presión de costos a una barrera de supervivencia insalvable para el sector privado local.
La profundidad de la caída se refleja con claridad en el mercado laboral: solo hasta septiembre se habían perdido 1.709 trabajadores formales, una cifra que seguramente se habrá disparado tras el masivo cierre de noviembre. A nivel nacional, la tendencia es igualmente sombría, con una reducción acumulada de 21.938 empresas en todo el país desde la asunción del presidente ultraderechista. Según el informe de Fundar, se trata de la peor caída para los primeros dos años de una gestión desde el 2003, consolidando un proceso de desindustrialización que afecta especialmente a las provincias del interior que dependen del consumo interno.
El costo regional de la «motosierra» en el Nordeste Argentino (NEA) revela que Misiones está en el epicentro de un desierto productivo, donde las cuatro provincias de la región perdieron más de 15.400 empleos formales y 2.188 empresas. En Misiones, sectores clave como el transporte y la construcción, que acumulan caídas del 13,3% y 8% respectivamente, sufren la falta de políticas de estímulo compensatorias. Al ser una provincia de frontera, el encarecimiento de costos operativos y el repliegue del Estado nacional sobre las economías regionales han dejado a los empresarios locales sin margen de maniobra frente a la competencia asimétrica.
En conclusión, los números de cierre de año para Misiones desmienten cualquier narrativa de recuperación y exponen la fragilidad de un modelo que ajusta a costa de la desaparición de las pymes. Si en 21 meses se habían cerrado 444 empresas, el hecho de que solo en noviembre se hayan sumado 210 más es el síntoma más claro de un sistema que está agotando la capacidad de resistencia del sector privado. Mientras el Gobierno celebra el equilibrio fiscal, la realidad en las ciudades misioneras es la de persianas bajas y un tejido económico que, por su profundidad y velocidad de destrucción, tardará años en reconstruirse.