De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, puntualmente en lo que se avanzará en los próximos días es, por un lado, en el cierre de todas aquellas embajadas y consulados ubicados en los países con los que el Estado no tenga un fuerte vínculo comercial.
En su lugar, el Gobierno dejaría en esos sitios Agencias Nacionales, que servirán como organismo delegado de la Argentina, que continuarán con todas las tareas necesarias (trámites y asistencia a ciudadanos que se encuentren allí), pero con menos personal y financiamiento.
Todavía, sin embargo, no está definida la lista de los edificios que serán dados de baja y en la Casa Rosada insisten en que la misma será definida por el nuevo canciller.
Como principal argumento, la cúpula libertaria señala que, en la actualidad, “los embajadores cobran entre 15 y 20 mil dólares por mes, por lo que cada uno de ellos tiene un sueldo promedio de 20 mil dólares”, a pesar de que, a su entender, varios de ellos son prescindibles.
De hecho, otra de las medidas que se tomarían a la brevedad, y que saldrá por Decreto, es una reforma completa del sistema diplomático, que incluirá limitaciones en los gastos que los enviados pueden hacer en concepto de viajes, por ejemplo, además de una reducción salarial.
Por otra parte, Werthein ya tiene definido echar a prácticamente todos los secretarios y subsecretarios designados por Mondino, incluidos Marcelo Cima, de Comercio internacional; Paola Di Chiaro, del área Malvinas, y de Coordinación y Planificación, Ernesto Gaspari.
Asimismo, les pidió las renuncias a los subsecretarios de Asuntos Latinoamericanos, Mariano Vergara; de Política Exterior, Marcia Levaggi, de Negociaciones Económicas Internacionales, Gabriel Martínez, y de Promoción de Exportaciones, Ramiro Velloso.
El único que quedaría vigente, entonces, sería el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, un dirigente cercano al Vaticano y hombre de confianza tanto del asesor presidencial Santiago Caputo como de Karina Milei.
El flamante jefe de la diplomacia argentina estuvo el domingo en la Residencia Presidencial de Olivos, reunido con Javier Milei. El Presidente lo convocó para deliberar sobre el armado de la nueva Cancillería, tras la salida brusca de Mondino, y repasar las prioridades del frente externo.
Desde hace algunos meses, el Gobierno lleva adelante una ofensiva contra el Servicio Exterior, ya que entiende que algunos de ellos tienen “privilegios” que se deben terminar. Además, cuestiona la política exterior que el país siguió hasta el momento y quiere que el nuevo canciller se despegue de esa línea, como la Agenda 2030.
De hecho, a inicios de octubre, la Justicia falló a favor de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el reclamo contra el pago del Impuesto a las Ganancias por el adicional que perciben por prestar servicio en el exterior.
En agosto, en un hecho sin precedentes, los diplomáticos llevaron adelante una medida de fuerza por este tema que, entre otras cuestiones, dificultó trámites consulares y, por ejemplo, en el edificio de la Cancillería en el barrio de Retiro, hubo ascensores y escaleras inhabilitadas entre 17 y 17:30.
“Quienes no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad, deberán dar un paso al costado”, advirtió el propio presidente Milei semanas atrás, en una carta que firmó y que envió a todo el cuerpo diplomático, cuanto todavía resistía la salida de Mondino.
Con el apoyo de estudiantes de la carrera de Ingeniería forestal y del profesorado de Biología de la UNaM, recientemente se plantaron 250 ejemplares nativos nuevos en la Reserva, sumando más de 4,000 árboles en esta área, que se monitorean periódicamente. “Este trabajo no solo restaura áreas dañadas, sino que también genera conocimiento, investigación y sensibilización sobre los efectos del cambio climático”, destacó Dohmann.
Con el Proyecto “Crece Selva Misionera”, la Fundación Hora de Obrar ha plantado más de 350 mil árboles en la provincia de Misiones, a través de un modelo de colaboración en el que diferentes organismos y donantes se unen para combatir la degradación ambiental.
