Misiones / Educación | Piden al SPEPM que audite también al ICRA respecto de un juicio de desalojo en marcha

El juicio de desalojo de dos locales que ocupa el controvertido instituto educativo comenzó en abril de 2023 y está próximo a sentencia, tras diversas medidas dilatorias interpuestas por los letrados de la escuela que administra la fundación famliar Siembra.

El abogado de la Asociación Civil “Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga” puso en conocimiento del SPEPM (por segunda vez en 20 meses) que el Instituto Cristiano de la República Argentina está sin contrato de locación desde el 31 de diciembre de 2022 y que se negó sistemáticamente a regularizar la situación, aún con el juicio de desalojo iniciado en abril de 2023.

La nota ingresada el 31 de octubre de este año al sistema de Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (SPEPM) por el abogado y procurador Ignacio Raúl Peña (CAM 2950 STJ 3927, Tº 106 Fº 350 C.S.J.N) señala que “que atento a los hechos y circunstancias de extrema gravedad y que son de público conocimiento, del fallecimiento de una alumna en un viaje del instituto, vengo a poner en conocimiento que mi poderdante también se está viendo gravemente perjudicada por el accionar de esta institución (ICRA), que en los autos caratulados “Expte. 46616/2023 ASOCIACION CIVIL HOGAR DE NIÑAS ISABEL LLAMOSAS DE ALVARENGA C/ FUNDACION SIEMBRA y/o otros y/u ocupantes S/ Desalojo” estamos tratando de obtener el desalojo del ICRA, el cual esta hace sin contrato alguno, y absolutamente negados a, siquiera tratar de acordar un nuevo contrato locativo.”

Peña agrega que “es otra situación de extrema gravedad y de muy alta irregularidad por parte del ICRA y que Uds. como ente estatal de control deberían tomar cartas en el asunto. Si el ente que debe controlar «no controla» se producen estas irregularidades que traspolado a otros asuntos, devienen inclusive en la muerte de una niña.”

El letrado solicita al SPEPM “que requieran al instituto les informe a Uds, como ente de contralor, cual es su situación actual respecto a la ocupación del inmueble donde funciona el colegio. Simplemente para corroborar con nuestros dichos.”
Peña reclama además que “Una vez verificada la grave situación de «ocupas» en una propiedad privada se les imponga las sanciones pertinentes.”

Y remata el abogado Ignacio Raú Peña: “No puede tolerarse tantas irresponsabilidades por parte de una institución bajo su control.”