El juez federal Ariel Lijo dispuso la orden de presentación en la sede de la Fundación SUMA, que preside la Vicepresidenta de la nación. Es en el marco de la causa en la que se investiga el origen de los fondos que le fueron sustraídos en noviembre pasado de su casa.
En tanto, ya asumió el cargo como nuevo defensor de la funcionaria, el abogado Ricardo Gil Lavedra, quien reemplazará al estudio de Alejandro Perez Chada, el abogado del presidente Mauricio Macri.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez ordenó el procedimiento en la sede de la Fundación para llevarse los libros contables de la misma y chequear información que no consta en la documentación enviada por la Inspección General de Justicia (IGJ) en el caso.
Los voceros explicaron que esos libros no estaban en la sede y que desde la Fundación argumentaron que estaban en poder del contador. Por esa razón se comprometieron a aportarlos en persona mañana mismo al juzgado.
Además el juez Lijo recibió las declaraciones juradas que envió la AFIP, de lo que surge que la Fundación recibió 4.100.000 pesos en donaciones en el período 2015.
Ahora el juzgado debe determinar si esos fondos estaban bancarizados o no. Además el juez pedirá las DDJJ de la pareja de la vicepresidenta. Esto es porque MIchetti dijo que parte del dinero que le fue sustraído era de un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.
En el expediente se apunta a las fundaciones Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco.
La otra fundación bajo la lupa es SUMA, cuyo directorio lo conforman, además de Michetti, varias cabezas del PRO como el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros, según explicaron los denunciantes del caso.
A la denuncia presentada por Leonardo Martínez Herrero, se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, quienes aseguran que la fundación “no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia”, que “recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida”, y que no hubo controles estatales. Todos estos datos están siendo chequeados por la justicia.
En la causa, el fiscal Guillermo Marijuán pidió establecer si el dinero robado en la casa de Michetti estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella misma explicó.
Además, Michetti afirmó que 45 mil pesos estaban destinados al pago de una refacción de su vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Tonelli Banfi.
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