Héctor Bárbaro, presidente de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes De Misiones (ACTIM) y diputado nacional aliado del Frente de Todos, tras la protesta de médicos por retrasos en los pagos aseguró que “tenemos acreencias del Fondo Especial del Tabaco (FET) por 74 millones para atención de la salud”.
El referente de los tabacaleros refirió que los prestadores exigen saber qué se hace con la plata de las obras sociales en general, y en este sentido, “les contamos que ACTIM tiene acreencias en Nación por 74 millones de pesos que corresponden a un saldo de 29 millones pendientes de 2019 y 45 millones por las prestaciones de lo que va de 2020. Estamos esperando la transferencia de esos recursos, pero la cuarentena atrasó los trámites en Capital Federal, como pasó en todo el país”.
Bárbaro recordó que la situación de ACTIM y las demás asociaciones tabacaleras es particularmente diferente que la de las obras sociales sindicales, que reciben aportes mensuales por descuento directo de los sueldos. “Nuestra cobertura de salud depende en exclusiva de la transferencia de los aportes del Fondo Especial del Tabaco; no tenemos plata acumulada o recaudada que podamos usar en reemplazo de esos recursos y como no cobramos coseguros para que el socio afiliado no pague nada cuando se atiende, tampoco tenemos ese ingreso como sí lo tienen las obras sociales tradicionales”.
Pese a esta particularidad, en el caso de ACTIM “debemos 4 meses exigibles a la fecha, que si bien es una deuda que nos preocupa y gestionamos todo el tiempo la llegada de los recursos, también debemos reconocer que estamos mejor que otras obras sociales en general”.
“La cuarentena atrasó todos los trámites en Nación, por eso recurrimos a un préstamo del Gobierno provincial para pagar a los médicos y pudimos achicar muchísimo la brecha. Nos prestaron 20 millones justamente porque la situación de nuestros prestadores es una prioridad, y esta protesta es una buena oportunidad para transparentar estos números”, aclaró Bárbaro.
Finalmente, Bárbaro pidió a los médicos y demás prestadores de la zona tabacalera, que contemplen la particular situación de los tres gremios tabacaleros que dependen del FET y a los socios de estas entidades que no tienen poder adquisitivo para abonar pagos extras o plus: “Nuestros gremios no tienen plata en plazos fijos ni especulan con fondos que tienen un triple sistema de control en la provincia y en la Nación. Tampoco fuimos beneficiados por el “apoyo financiero de excepción” para los agentes del Seguro de Salud; pero saben que apenas llegan los recursos, son los primeros en cobrar. Esperamos que entiendan esta particularidad y no castiguen a nuestros socios” finalizó.
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Con una población penal de alrededor de 100 personas en la capital y entre 700 y 800 en diversas localidades, el gobierno correntino abrió en un complejo penitenciario de la comunidad de San Cayetano el nuevo centro de salud, adaptado a los requerimientos de la seguridad de los internos.
En el transcurso de la pandemia por Covid-19 un total de 26 internos de la Unidad Penal 1 de la capital correntina fueron contagiados con el virus, de un total de 93 personas que resultaron infectadas en esa provincia, indicaron fuentes penitenciarias y del Comité de Crisis conformado por la situación epidemiológica.
