La “nueva tradición” libertaria, a la criolla
El gobierno de Milei decidió romper un tabú vigente en la democracia argentina: el de mantener el mando civil sobre la Defensa. Por primera vez desde el regreso democrático en 1983, un militar asume la titularidad del Ministerio de Defensa. El elegido es el teniente general Carlos Alberto Presti, hasta hoy jefe del Estado Mayor del Ejército, reemplazando a Luis Petri, quien pasará al Congreso. El anuncio fue presentado por la Casa Rosada como el inicio de una “tradición” a mantener, rubricando así una impugnación explícita al consenso democrático de las últimas cuatro décadas.
Mientras tanto, Alejandra Monteoliva, mano derecha de Patricia Bullrich y pieza clave de la llamada “Doctrina Bullrich” en Seguridad, asume la titularidad de ese ministerio, consolidando la línea dura y la continuidad de una política represiva legitimada por Milei con la lucha contra el narcoterrorismo y actos de protesta.
Milei, Presti y el modelo estadounidense: la contradicción como bandera
Resulta irónico –aunque poco sorprendente en la era de las piruetas argumentativas– que Milei, fervoroso admirador del sistema institucional de Estados Unidos, decida apartarse del mismo justo en el área más sensible. En la arquitectura institucional estadounidense, el mando civil sobre la Defensa es un principio pétreo: en Washington, solo civiles pueden ocupar el Pentágono, y cualquier excepción requiere pasar años en la vida fuera del uniforme. Milei decidió convertir a Presti en el primer uniformado a cargo de la Defensa sin tapujos, inaugurando una “nueva tradición” nacional que, de libertaria, poco y nada: remite más bien a nostalgias de pre-1983, en abierta tensión con la memoria democrática y con la Constitución a la que suele apelar el propio Milei en otros debates.
Quién es quién: perfiles y relaciones
✔Carlos Alberto Presti
– Militar de carrera, jefe del Ejército, con fama de profesional y apolítico en el ámbito castrense.
– Su nombramiento es visto como una señal de empoderamiento militar y “profesionalización”, según la narrativa oficial.
– Carece de antecedentes de simpatía explícita con La Libertad Avanza, pero su llegada se negoció con los sectores más duros del ejército y se interpreta como un guiño a las demandas de mayor presencia y reivindicación militar.
– Su relación con Milei no es de cercanía personal, sino de convergencia táctica: la Casa Rosada busca disciplina y lealtad en momentos de tensión social y ajustes estructurales.✔Alejandra Monteoliva
– Especialista en gestión burocrática, ascendida desde la secretaría de Seguridad, fue la ejecutora de la “línea Bullrich”, conocida por priorizar la represión y la mano dura en manifestaciones y combate al narcotráfico.
– Con peso político propio dentro del universo bullrichista y apoyo de las fuerzas federales.
– Para Milei, Monteoliva aporta previsibilidad, gestión dura y confianza operativa. Su designación también refleja el pacto de cohabitación con el PRO y Patricia Bullrich, ahora orientada a tareas legislativas.
Significado político y paradojas discursivas
Mientras la retórica libertaria hace culto de la “defensa del individuo contra el Estado”, en los hechos, el modelo de seguridad y defensa avanza hacia un mayor empoderamiento de las fuerzas represivas y militares. La promesa de una “dirección profesional y despolitizada” para las áreas de Defensa y Seguridad choca de frente con la historia reciente y con el propio ejemplo estadounidense, donde el control político-civil se considera fundamental para evitar desviaciones autoritarias.
Para Milei, sin embargo, ser disruptivo es un fin en sí mismo — aunque para eso haya que sostener como “nueva tradición” lo que antes era anatema liberal, y admirar el modelo de afuera… menos en lo esencial.
Las designaciones de Monteoliva y Presti generaron apoyo oficial por continuar la “doctrina de mano dura y profesionalismo militar”, mientras la oposición y sectores sociales alertan sobre la militarización y ruptura de tradiciones democráticas, todo socializado abruptamente un sábado para evitar debates inmediatos.
¿Concentración de poder fuego y mano dura para delincuentes y civiles «rebeldes»?
Las designaciones de Alejandra Monteoliva en Seguridad y del teniente general Carlos Alberto Presti en Defensa, anunciadas un sábado –hecho inédito– generaron reacciones políticas y sociales diversas. El gobierno justificó el domingo la elección de Presti como continuidad y profesionalización del rumbo iniciado por Milei, remarcando la necesidad de Fuerzas Armadas “firmes, profesionales y despolitizadas”.
Sin embargo, la oposición y organismos de derechos humanos expresaron preocupación por el empoderamiento militar y la línea dura en Seguridad y Defensa, subrayando que estas designaciones se enmarcan en un giro hacia la militarización y la represión. Críticas apuntan a que esta “nueva tradición” contradice la experiencia democrática y puede tensar aún más la ya conflictiva relación Estado-sociedad civil.
Desde sectores allegados al oficialismo, se destacó la experiencia y lealtad de los nuevos ministros con el proyecto de Milei, valorando la trayectoria militar de Presti y el perfil operativo de Monteoliva, heredera del estilo de Bullrich. Petri mismo elogió públicamente a Presti por su compromiso con la defensa nacional.
El hecho de que el anuncio se hiciera un sábado ha sido interpretado como una estrategia para dominar la agenda informativa al inicio de la semana, minimizando el debate público inmediato. En general, la controversia sigue abierta sobre si estas designaciones consolidan el equilibrio institucional o acentúan tensiones en un gobierno que prefiere mostrarse disruptivo y poco dialoguista.
La socialización inédita de los nombres en fin de semana amplificó tanto los apoyos oficiales como las críticas de la oposición y ONG, marcando la designación como un hito político con riesgo de polarizar aún más el debate sobre seguridad y defensa en Argentina.
El obispo Juan Rubén Martínez denunció públicamente la “ofensa a la fe popular”. El gobernador Hugo Passalacqua exigió explicaciones formales, y hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel tuiteó perplejidad moral, preguntando “¿quién puede pensar que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar?”. Todos coincidieron en que el cobro era—en el mejor de los casos—injustificado, y en el peor, un grosero “impuesto a la fe”.
El propio padre Cuenca lo explicó con claridad meridiana: nunca antes, en 24 años, la tradicional caminata de fe había tenido tarifa y CBU oficiales. Pero esta vez, los organizadores recibieron el pedido de depósito bancario a nombre de ARCA Nación, el sistema nacional de recaudación, generando estupor y sospechas hasta en exégetas expertos en trámites argentinos.
Por primera vez en 24 años un organismo nacional (Vialidad) cobró por el uso de la vía para el peregrinaje: 576 mil pesos.Desde la organización de la tradicional peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, que concentra a miles de fieles en la ruta nacional 12, indicaron que debieron abonar más de medio millón de pesos a Nación por la utilización de la arteria y sus alrededores para poder realizar una de las devociones marianas más tradicionales de la provincia.
