El dictamen de rechazo cosechó 12 de las 19 firmas de la Comisión. A los 8 miembros de Unión por la Patria (peronismo) se sumaron voces clave de otros bloques, como Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Alejandra Vigo (Unidad Federal).
La oposición fundamentó su negativa en los antecedentes penales de Villaverde por una causa de compra de cocaína en Estados Unidos y sus relaciones con Fred Machado, el argentino extraditado por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
La Acusación: «Tráfico de Drogas» y Vínculos con Narcos
El debate en la Comisión estuvo marcado por fuertes cruces discursivos, con la oposición unida en el argumento de la idoneidad moral y los vínculos con el crimen organizado.
José Mayans (Unión por la Patria), presidente del bloque, fue categórico: “Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas y no puede estar en el Senado de la Nación”. Mayans agregó que la senadora electa “ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”.
La postura más llamativa fue la del salteño Juan Carlos Romero, históricamente enfrentado al kirchnerismo, quien apoyó el rechazo, marcando una distinción entre las acusaciones políticas y un paso por la justicia penal de Estados Unidos. Romero aludió al hecho de que a Villaverde se le atenuó la pena porque “entregó información”, y advirtió: “No podemos tener gente con esa red de contactos. […] Es una cuestión de preservación del sistema”. En la misma línea, el radical Pablo Blanco afirmó que su consciencia le dicta que “alguien que esté relacionada con el narcotráfico no puede formar parte de esta institución”.
La Defensa de La Libertad Avanza
La Libertad Avanza (LLA) anunció que presentaría un dictamen de minoría a favor del diploma de Villaverde, al tiempo que impulsaría el rechazo a los pliegos de los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria.
El senador del PRO, Luis Juez, salió en defensa de Villaverde, asegurando haber investigado y documentado la causa, y señaló que las acusaciones eran “absolutamente mentira” según las resoluciones judiciales. Argumentó que el debate no debe centrarse en la conducta de terceros, como Fred Machado.
La defensa más polémica provino del libertario Juan Carlos Pagotto, quien se basó en el artículo 55 de la Constitución Nacional, alegando que la Cámara no tiene la facultad para inmiscuirse en las “condiciones morales de nadie”. Pagotto minimizó las acusaciones, aludiendo a que «todos los políticos viajan en aviones privados» y que «aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra”.
A esto, la senadora Guadalupe Tagliaferri respondió con firmeza: “No da lo mismo tomar un avión narco que uno no narco”, advirtiendo sobre el “juego donde la doble vara de la moral” se hacía evidente.
Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP) resumió la postura de la oposición: tienen la “oportunidad de no abrirle la puerta del Senado, al crimen organizado”, afirmando que la impugnación trasciende la puja partidaria en defensa de la idoneidad institucional.
La votación final sobre el pliego de Lorena Villaverde se realizará el próximo 28 de noviembre en el recinto de la Cámara alta.