El sol apenas despuntaba cuando un convoy de la Policía Federal irrumpió en el exclusivo barrio de la capital brasileña. Jair Messias Bolsonaro, el controvertido ex presidente que polarizó a un país entero, fue esposado en su propia cama. No por un capricho dictatorial, sino por orden del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo acusa de riesgo inminente de fuga.

Tras meses de arresto domiciliario con tobillera electrónica, el ‘mito’ de la ultraderecha –como lo llaman sus devotos– vio cómo se cerraban las puertas de la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal.

La detención no fue un rayo en cielo sereno. Bolsonaro, de 70 años y con problemas de salud crónicos –incluyendo secuelas de la puñalada que casi lo mata en 2018–, había sido sentenciado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión. El cargo: liderar una ‘organización criminal armada’ para derrocar el resultado de las elecciones de 2022, donde perdió ante Luiz Inácio Lula da Silva por un ajustado 50,9% a 49,1%.

El STF lo condenó por delitos graves: intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.

No estaba solo en el banquillo: compartió culpa con siete cómplices, como su exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, el almirante Almir Garnier y el exministro de Justicia Anderson Torres.

Todo comenzó con la sombra del 8 de enero de 2023. Miles de bolsonaristas, enardecidos por los discursos del expresidente que tildaba de ‘fraude’ las urnas electrónicas, asaltaron el Congreso, el STF y el Palacio del Planalto. Fue el eco brasileño del Capitolio de Trump: vándalos destrozando vidrios, excrementos en los pasillos del poder y un país al borde del abismo.

La fiscalía trazó el hilo hasta Bolsonaro: reuniones secretas con militares, presiones a las Fuerzas Armadas para bloquear carreteras el día de los comicios y un plan maestro para anular la victoria de Lula. ‘El capitán’ –su apodo de la dictadura militar que tanto admira– no solo inspiró el caos; lo orquestó, según los jueces.

Desde la condena, Bolsonaro vivió en una burbuja de privilegios: arresto en casa, brazalete GPS y apelaciones interminables. Pero el viernes, el STF rechazó sus últimos recursos, sellando un ‘régimen cerrado’ –cárcel de máxima seguridad– para empezar a cumplir la pena.

La gota que colmó el vaso llegó esta madrugada: el dispositivo electrónico detectó una violación. ¿Intento de sabotaje? ¿Error técnico? La policía no duda: fue el preludio a una evasión. Y el detonante final: su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, convocó una ‘vigilia por la salud y libertad’ del padre para esta noche en el Jardim Botânico. El STF, presidido por Alexandre de Moraes –el ‘verdugo’ de la extrema derecha–, vio en ello un replay del 8J: aglomeraciones, obstrucción a la vigilancia y riesgo de ‘movilización golpista’.

La defensa no se rinde. El abogado Celso Vilardi anunció apelaciones inmediatas: «Esta medida pone en riesgo su vida. Bolsonaro es frágil, necesita cuidados 24/7».

Mientras, Brasil se parte en dos. En las redes, el bolsonarismo estalla en furia. «¡Persecución! ¡Caza de brujas!», tuitea el pastor Silas Malafaia, comparándolo con el martirio de Cristo.

Ciro Nogueira, exaliado, lamenta: «Mitos no sucumben a violencias; son eternizados por ellas».

Jason Miller, consejero de Trump, lo tilda de «confirmación de la cacería judicial» en Brasil.

Sus fieles, desde camioneros hasta evangélicos, claman conspiración: «Cortina de humo para el escándalo del Banco Master y los millones de Moraes», acusan en X.

Michelle Bolsonaro, en Ceará para un evento, rompió en llanto al enterarse; Flávio, desde el Senado, multiplica oraciones.

Del otro lado, el petismo brinda. «¡Justicia por los 700 mil muertos en la pandemia que él minimizó!», exclama el historiador Jones Manoel.

Lula, cauto, evita comentarios, pero sus aliados como Gleisi Hoffmann ven en esto el cierre de una era tóxica. Analistas advierten: la polarización podría reavivar protestas. ¿Papuda, la temida prisión de Brasilia, será el calvario final de Bolsonaro o el combustible para 2026?

En un país donde la justicia cojea pero muerde, esta detención no es solo un arresto: es un terremoto.

El hombre que juró «mi vida por Brasil» ahora paga con su libertad. ¿Víctima de un sistema corrupto o arquitecto de su ruina?

La historia, como siempre, juzgará con saña.

La prisión de Bolsonaro

Jair Bolsonaro fue trasladado a una habitación en la sede de la Policía Federal en el Distrito Federal. El lugar fue remodelado recientemente ante la posibilidad de que el expresidente fuera detenido preventivamente por desobedecer órdenes del STF.

La habitación tiene 12 metros cuadrados y ahora incluye baño privado, cama, silla, armario, escritorio, televisor, una heladera chica y aire acondicionado. Tiene características similares a la habitación donde estuvo detenido Lula da Silva en la sede de la Policía Federal en Curitiba. En ese momento, Lula cumplía una condena de 12 años por un caso de corrupción que posteriormente fue anulada por el STF.

Otro expresidente que pasó cuatro días en una celda en la sede de la Policía Federal fue Michel Temer, en la sede de Río de Janeiro. En ese momento, fue arrestado tras la “Operación Descontaminación”, una derivación de la Operación Lava Jato en Río.

La ley brasileña estipula que las autoridades con privilegios especiales, como los expresidentes, tienen derecho a un espacio compatible con la llamada “sala de Estado mayor”. Esta medida busca garantizar condiciones dignas y evitar riesgos para la integridad física del preso.

El complejo de la Policía Federal en Brasilia es donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a prisión.

La orden de prisión preventiva deberá ser refrendada el lunes por los demás magistrados de la primera sala del tribunal en una votación virtual, precisó el tribunal.

Moraes dispuso además que un médico acompañe a Bolsonaro, de 70 años y delicado estado de salud según sus abogados, en todo momento.

Riesgo de fuga
El expresidente fue condenado a 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 y se encontraba bajo arresto domiciliario desde agosto.

Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria desde el 4 de agosto en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia y estaba monitoreado electrónicamente.

El juez Alexandre de Moraes impuso las restricciones por considerar que el expresidente estaba intentado obstruir el proceso en su contra.

El magistrado calificó la convocatoria a una vigilia realizada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, para la tarde de este sábado constituía “una estrategia para posibilitar la fuga” del exmandatario, puntualmente hacia “alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado”.

Además, en la madrugada de este sábado, Bolsonaro intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, según el documento.

El documento judicial señala que el condominio de Bolsonaro está ubicado a unos 15 minutos en auto del sector de Embajadas en Brasilia, donde se encuentra la de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump, criticó la condena. También circuló la versión de que Javier Milei está dispuesto a darle asilo en Argentina.

A mediados de noviembre, el STF rechazó de forma unánime un recurso contra la condena del expresidente, que debe cumplirse en “régimen cerrado”, es decir, en prisión.

Los abogados pidieron el viernes a la Corte que el exmandatario pueda purgar su pena en su casa “por razones humanitarias” debido a sus delicadas condiciones de salud.

“La alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida” para Bolsonaro, dijeron en el documento de la petición.

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.

En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril.

Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo e “hipo incontrolable” que le han provocado falta de aire y desmayos, detalla el documento.

Y recuerdan que existe un antecedente: el expresidente (1990-1992) Fernando Collor de Mello, de 76 años, obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción, también por razones de salud.

La defensa adelantó el viernes que presentará nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel contra Bolsonaro. El período para hacerlo vence el lunes.