La religión ofrece muchas explicaciones sobre el pecado, pero ninguna sobre la modernísima categoría del papelón institucional. Hace apenas unos días, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) decidió innovar en materia de recaudación y cobró a la Iglesia de Misiones la módica suma de 560 mil pesos “por uso de banquina” a los caminantes de la peregrinación a Loreto, ceremonia que se basa en una fe más antigua que la mismísima ruta nacional 12 y, hasta ahora, siempre había sido amparada por la tradición, el sentido común y un poco de respeto por la cultura local.
La reacción fue digna de un versículo apócrifo: indignación inmediata de obispos, peregrinos y políticos de todos los credos seculares.
El obispo Juan Rubén Martínez denunció públicamente la “ofensa a la fe popular”. El gobernador Hugo Passalacqua exigió explicaciones formales, y hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel tuiteó perplejidad moral, preguntando “¿quién puede pensar que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar?”. Todos coincidieron en que el cobro era—en el mejor de los casos—injustificado, y en el peor, un grosero “impuesto a la fe”.
La noticia se volvió viral mientras la DNV ensayaba explicaciones insólitas: que “la ley lo exige”, que “se pagó por intervención de camino” y que “es la primera vez que piden autorización formal”.
El propio padre Cuenca lo explicó con claridad meridiana: nunca antes, en 24 años, la tradicional caminata de fe había tenido tarifa y CBU oficiales. Pero esta vez, los organizadores recibieron el pedido de depósito bancario a nombre de ARCA Nación, el sistema nacional de recaudación, generando estupor y sospechas hasta en exégetas expertos en trámites argentinos.
El arrepentimiento como nueva política pública🙏
En el colmo de la parábola, y ya con el escándalo desbordando redes, titulares y homilías, la DNV anunció finalmente que devolverá el dinero cobrado a la Iglesia “por única vez”: o sea, reintegro del importe mal habido y nunca más cobrar por andar rezando a la vera de la ruta. No hacía falta milagro, solo la presión pública organizada y la amenaza, latente, de que el ridículo alcance dimensión nacional (o al menos, viral en los portales).
El episodio roza lo grotesco: un Estado que primero arrebata a la devoción popular y después, bajo presión mediática, se arrepiente a la luz de la opinión pública. Porque si hasta la fe se audita y devuelve fondos, es que el criterio de Nación para con la gente ha entrado hace rato en terapia intensiva.
Fe kilométrica
Desde hace un cuarto de siglo, la peregrinación a Loreto es rito, memoria y territorio para los misioneros. El recorrido principal, desde las afueras de Posadas hasta el santuario, abarca unos 36 a 50 kilómetros a pie, cruzando paisajes y generaciones, sin más peaje que el propio esfuerzo y el sentido de comunidad. Por eso resultó especialmente ofensiva la “innovación” de cobrar arancel e incluir la fe como rubro impositivo.
El peligro del precedente
Eclesiásticos y defensores del usuario vial se preguntan ahora qué sigue en la ruta del disparate: ¿habrá que pagarle canon a Nación para bendecir autos en San Cristóbal? ¿O un plus para estacionar en misa de domingo? Ni hablar de la sagrada procesión a Itatí (Corrientes).
Si algo queda claro tras este episodio es que el Estado argentino tiene una creatividad desbordante… sobre todo a la hora de volver imposible lo cotidiano.
No por nada, algunos peregrinos resumieron la jornada con fina ironía: “Dios dirá si hay vuelto, pero si pasa por Nación, seguro le cobran retención”.
Mientras la DNV promete reintegro, el daño simbólico ya está hecho y la fe, aunque incombustible, acaba de aprender que en la Argentina, ni los milagros se salvan del trámite previo.
Ya con el ánimo distendido y con un gobierno nacional para el cachetazo, alguien en redes soiales sentenció: «Que devuelvan todo, incluido el 3 % para Karina». Fin.