La decisión de la exministra Bullrich de tomar bajo su ala el SPF —tradicionalmente bajo la órbita del Ministerio de Justicia— y la posterior ampliación de sus facultades sobre el personal de todas las fuerzas mediante el decreto 373/2024, han coincidido con un alarmante pico en la violencia institucional.
El Cifras de la Agravada Violencia Federal
El exhaustivo informe de 415 páginas de la PPN revela un panorama crítico, con un total de 1.800 casos documentados entre violencia policial y penitenciaria en el ámbito federal durante 2024:
1465 hechos de tortura y/o malos tratos en las cárceles federales que dependen directamente del Ministerio de Seguridad. Estos hechos afectaron a 646 víctimas.
335 casos de tortura y/o malos tratos policiales imputables a las fuerzas federales como la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura.
El informe subraya que los casos en el ámbito carcelario federal están liderados por «Malas condiciones materiales de detención» (427 casos), seguidos de cerca por «Agresiones físicas» (363 casos) y el «Aislamiento» (146 casos). Los complejos penitenciarios de Villa Devoto (CABA) y Luján de Cuyo (Mendoza) son los que encabezan el registro de abusos.
La Responsabilidad Política en el Gobierno de Milei
El traspaso del Servicio Penitenciario al Ministerio de Seguridad al inicio del gobierno del ultraderechista Javier Milei tenía como objetivo centralizar el control de las políticas de seguridad. Sin embargo, este movimiento, y las subsecuentes normativas impulsadas por Bullrich, han resultado en el décimo cuarto informe anual de la PPN que «confirma, una vez más, que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente».
La PPN advierte que el récord de denuncias de 2024, sumado al preocupante Reporte N°7 que registró 201 víctimas de violencia institucional solo en el primer semestre de 2025, evidencia el fracaso de las políticas implementadas bajo la órbita de Bullrich. Los números sugieren que, lejos de mejorar, las condiciones de detención y el accionar de las fuerzas de seguridad han empeorado bajo la actual gestión, convirtiendo el crédito a la «mano dura» libertaria en una carga de abusos sistémicos.
Esta herencia de violencia institucionalizada deberá ser abordada por la sucesora designada por el Gobierno, Alejandra Monteoliva, quien hasta ahora era la segunda funcionaria del Ministerio de Seguridad.
El desarrollo de Vaccimel fue liderado por el Dr. José Mordoh, investigador superior del CONICET y jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir, en colaboración con la Fundación Sales y el Hospital de Clínicas. La patente es compartida entre el CONICET y la Fundación Sales, y la licencia para su producción y comercialización ha sido otorgada al Laboratorio Pablo Cassará, garantizando su disponibilidad en el país.La investigación comenzó a finales de la década de 1980, enfocándose en la inmunoterapia, una estrategia que busca potenciar las defensas del propio organismo contra las células cancerosas. Tras años de estudios rigurosos y ensayos clínicos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) finalmente aprobó su uso en 2021, permitiendo su comercialización y aplicación.
Durante la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, a Misiones, Carlos Rovira recibió y respaldó el pedido del gobernador Hugo Passalacqua para que el Presupuesto Nacional 2026 incluya las demandas clave de la provincia. Esta reunión simboliza la postura colaborativa y alineada de Misiones frente al gobierno nacional, destacando una voluntad clara de diálogo para obtener beneficios concretos para los misioneros. Entre las demandas se enmarcan fondos previsionales, Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reparto del impuesto a los combustibles, regalías de Yacyretá, y la inclusión en la Hidrovía, indicó la fuente oficiosa.
• ¿Qué es? Es la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes.
El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) es la institución que representa a los médicos oftalmólogos del país desde 1962. Sus objetivos principales son la tutela de los intereses de los oftalmólogos, el impulso a la capacitación profesional de los colegas y la defensa de la salud visual de la población. Actualmente, es presidido por el Dr. Roberto Ebner, jefe de Servicio del Hospital Británico de Buenos Aires.