El gobernador Hugo Passalacqua informó en sus cuentas de redes sociales que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la Misiones productiva mediante el impulso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la competitividad de los productores.
El mandatario señaló que se busca sumar innovación, conocimiento y valor agregado a las chacras misioneras, con foco en el desarrollo productivo y el acompañamiento al sector.
A diferencia del populismo «K», el gobierno de Javier Milei no da subsidio alguno: es un crédito común y corriente a tasa diferencial que solo se puede utilizar para pagar servicios turísticos contratados a prestadores que adhieren a la propuesta.
Los recursos son de todos los argentinos, ya que son fondos del Banco de la Nación Argentina, de manera que no son bancos privados que resignan algún punto de interés en la financiación; se trata de la versión populista libertaria del Pre Viaje, que se instala a instancias del tránsfuga justicialista Daniel Scioli, devenido en mileísta de la primera hora.
Viajá +
El Banco Nación lanzó un crédito especial para financiar vacaciones en Argentina. Permite pedir entre $250.000 y $5.000.000 y devolverlo hasta en 18 cuotas, con una tasa muy por debajo de la del mercado.
El préstamo, llamado Viajá+ y lanzado junto a la Secretaría de Turismo, sirve para cubrir:
✔Hoteles, hosterías y posadas.
✔Alquileres turísticos contratados por inmobiliarias.
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Plazos y tasa
Se puede devolver en 9, 12, 15 o 18 cuotas, con una TNA fija del 28%. El costo financiero total es de 39,67%, muy inferior al de los préstamos personales tradicionales.
Hay algunos productos que tienen descuentos del 10%, reintegros y cuotas sin interés. Ver detalles haciendo click en la imagen.
Quiénes pueden acceder
Cualquier persona mayor de 18 años en condiciones de tomar deuda, incluidos jubilados. Todo el trámite es 100% online desde la app BNA+.
Cómo gestionarlo
1- Verificar en BNA+ si el préstamo está habilitado.
2- Elegir un prestador turístico adherido y pedir su CUIT.
3- Ingresar monto, cuotas y CUIT en la app.
4- Aprobación inmediata y pago directo al comercio.
Dato clave
Dos personas pueden financiar una misma reserva con un préstamo cada una. Las cuotas se debitan automáticamente de una cuenta del Banco Nación.
La cita clave en Manhattan
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán presentados este lunes a las 12:00 (hora local) ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Desde su llegada bajo custodia a la base aérea Stewart, ambos han permanecido recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad. En esta primera audiencia, se procederá a la lectura formal de los cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína, delitos por los cuales la justicia estadounidense ya ha adelantado que solicitará la detención preventiva sin derecho a fianza.
El pragmatismo de Washington y el control efectivo
A pesar de los elogios personales hacia Machado, Rubio fue tajante al señalar que la realidad del control institucional en Venezuela reside hoy en figuras como Rodríguez. Según el funcionario, la actual presidenta encargada es vista por la administración Trump como una interlocutora con la que «se puede trabajar» para garantizar intereses de seguridad nacional y la estabilidad del flujo energético. Esta estrategia busca resolver el vacío de poder inmediato trabajando con quienes mantienen el control real sobre la burocracia y las fuerzas de seguridad, desplazando las expectativas de una restitución política rápida liderada por la oposición.
Fractura internacional y el rol de Argentina
Mientras Washington avanza, un bloque de seis naciones liderado por España, Brasil y México lanzó un comunicado conjunto condenando la intervención militar y denunciando la ilegalidad de la captura de Maduro, postura a la que se han sumado países europeos como Italia. Este rechazo multilateral subraya la preocupación por la soberanía de los recursos naturales y la estabilidad regional. En contraste, Javier Milei, el presidente ultraderechista, ha sido uno de los pocos líderes en sintonía total con la estrategia de Trump, avalando la vía de los hechos consumados y distanciándose de la búsqueda de una salida pacífica mediada por la ONU que proponen sus vecinos sudamericanos.
Un mercado de trabajo en retroceso sistemático
La gravedad del estudio radica en la persistencia del desplome: solo en septiembre, el empleo asalariado formal del sector privado perdió 10,6 mil puestos de trabajo. La mirada de largo plazo es aún más sombría, ya que desde que el presidente ultraderechista asumió el poder en noviembre de 2023, la economía argentina ha destruido 242 mil empleos registrados, lo que representa una caída del 2,4%. Este retroceso ha borrado años de crecimiento, devolviendo los niveles de ocupación formal a los valores registrados en agosto de 2022, evidenciando que la estabilización macroeconómica no ha logrado frenar la sangría en el sector privado.
El salario mínimo: peor que en el estallido de la convertibilidad
El informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) destaca una erosión sin precedentes en los ingresos. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) registró una nueva pérdida de poder adquisitivo del 0,5% en noviembre, acumulando una caída real del 36% desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra más dramática del estudio señala que el valor real del salario mínimo en octubre de 2025 se ubicó por debajo del nivel de 2001, el año del colapso económico y social más recordado de la historia reciente argentina, representando apenas un tercio de su pico histórico alcanzado en 2011.
Reforma laboral en un contexto de debilidad extrema
El Ejecutivo insiste en que la flexibilización laboral incentivará a las PyMEs a contratar personal, pero el estudio advierte que sin un crecimiento económico real -que no se percibió durante 2025-, las reformas orientadas a reducir riesgos de contratación podrían no tener efecto. En este contexto de salarios pulverizados y destrucción de empleo, la iniciativa oficial enfrenta fuertes críticas por centrarse en la reducción de derechos en lugar de revertir una dinámica donde el trabajo en casas particulares y el empleo público tampoco logran compensar la caída del sector privado productivo.
El rol de los programas sociales como dique de contención
Uno de los puntos más críticos señalados por Salvia es la dependencia extrema de los sectores vulnerables hacia las transferencias del Estado. En el promedio del 30% más pobre de la población, los planes sociales explican alrededor del 40% de los ingresos totales, cifra que asciende hasta el 60% en el decil más desprotegido. Según el director del Observatorio, sin esta red de asistencia, la indigencia en Argentina -que hoy ronda el 7%- prácticamente se duplicaría, alcanzando el 15%. Este escenario revela que, pese al discurso de estabilización, la economía informal se reproduce hoy gracias a la asistencia pública y no por una mejora en la productividad.
Fallas metodológicas y el «nudo gordiano» del empleo
El especialista sostiene que el INDEC está captando mejor los ingresos ahora que en 2023, pero al no actualizar la canasta básica con los hábitos de gasto actuales (utilizando la encuesta 2017-2018), se genera una distorsión que subestima las privaciones reales. Salvia explicó que para que un hogar no sea pobre hoy se necesitan entre 1,4 y 1,5 millones de pesos, pero ese número no contempla que las familias están «desinvirtiendo» en capital humano: reducen gastos en educación, salud y medicamentos para priorizar alimentos y servicios básicos como luz, gas y transporte.
Un modelo que no resuelve la marginalidad
Para el director de la UCA, el país se encuentra en una situación de estancamiento laboral que impide romper el techo del 30% de pobreza estructural. A pesar del equilibrio fiscal, Salvia remarca que el actual modelo económico no presenta un plan claro para absorber a los millones de trabajadores informales que quedan fuera de las reformas laborales y tributarias. El experto fue tajante: para reducir la pobreza a niveles «naturales» del 10%, Argentina necesitaría crear al menos 300.000 empleos formales anuales durante una década, una meta que hoy parece lejana ante el crecimiento del empleo precario.
La tensión con el discurso oficial
Esta visión técnica sobre la «revolución salarial» que muestra el INDEC choca directamente con la narrativa de Javier Milei, el presidente ultraderechista. Mientras el oficialismo utiliza la baja estadística para validar el éxito de su plan de ajuste, desde la UCA alertan que la credibilidad del instituto estadístico podría desgastarse si no se transparentan las fallas en la medición del consumo. Para Salvia, el éxito macroeconómico no llegará a los barrios populares mientras el mercado interno -del cual vive la mayoría de los argentinos- no experimente una recuperación productiva genuina y sólida.
El audaz secuestro del presidente Nicolás Maduro por militares estadounidenses marca un punto de inflexión en la geopolítica hemisférica. Ejecutado el 3 de enero de 2026, el operativo expuso las tensiones acumuladas por la crisis venezolana: hiperinflación, éxodo masivo y acusaciones de narcotráfico. Donald Trump reivindicó la operación como paso inicial para «administrar» Venezuela con funcionarios norteamericanos para un proceso de «transición».
El secuestro según Trump
Donald Trump relató el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro como una «operación impecable de las fuerzas especiales estadounidenses». Según el exmandatario, un equipo de Navy SEALs infiltró Caracas en helicópteros Black Hawk sigilosos la noche del 28 de diciembre de 2025, neutralizando guardias en el Palacio de Miraflores con drones y gas no letal. Maduro fue extraído en menos de 15 minutos y trasladado a una base en Colombia. Trump justificó la acción como «liberación humanitaria» para «administrar Venezuela directamente» mediante un gobierno provisional bajo supervisión de EE.UU., prometiendo elecciones libres en 90 días y el fin del «régimen socialista». «Venezuela será grande de nuevo», afirmó en redes sociales.
Repercusiones
La región reaccionó con un mosaico de posiciones. Brasil, bajo Lula da Silva, condenó el acto como «violación flagrante del derecho internacional» y movilizó tropas en la frontera amazónica, temiendo un efecto dominó en la Amazonía. Desde Colombia el presidente Petro exigió «diálogo inclusivo» para evitar una guerra civil. Argentina, con Javier Milei, aplaudió la movida: «Es el fin del castrochavismo», tuiteó el mandatario, alineándose con su agenda libertaria.
En México, la presidenta Sheinbaum convocó a la OEA para una sesión de emergencia, mientras Cuba y Nicaragua rompieron relaciones diplomáticas con EE.UU., acusándolo de «imperialismo yanqui». La frontera venezolana colapsó temporalmente, con miles de refugiados intentando salir, saturando sistemas humanitarios.
Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, traslada a Trump su rechazo al ataque en Venezuela. Dice que Trump ha violado las leyes federales e internacionales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado este sábado que cualquier «solución» para Venezuela, tras el ataque estadounidense sobre Caracas y alrededores y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe respetar el derecho Internacional.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Von der Leyen ha indicado que está siguiendo «muy de cerca» la situación en Venezuela y declarado que la UE «está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática».
Vladimir Putin preguntó irónicamente en X si Rusia también podía secuestrar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y administrar Ucrania en un proceso de transición para normalizar ese país, pues Zelenzky tiene vencido su mandato.
La ONU, paralizada por vetos, vio a António Guterres calificar el evento de «ilegal», aunque sin mecanismos de fuerza. Países no alineados como India y Sudáfrica pidieron cautela, temiendo precedentes para sus propios conflictos internos.
Implicaciones Económicas y Energéticas Globales
El petróleo venezolano, con reservas probadas de 300.000 millones de barriles, disparó los precios Brent a 120 dólares por barril, beneficiando a productores OPEP pero encareciendo combustibles en Europa. EE.UU. planea licitaciones rápidas para Chevron y Exxon en Venezuela, cuyas riquezas Trump considera propias, prometiendo 2 millones de barriles diarios extras.
Escenarios Futuros y Lecciones Geopolíticas
El secuestro redefine alianzas: Occidente gana influencia en el hemisferio sur, pero acelera un mundo bipolar. Elecciones en marzo de 2026 podrían legitimar el nuevo régimen, o derivar en guerrilla prolongada.
Este episodio evoca intervenciones pasadas como Panamá 1989, recordándonos que la fuerza acelera cambios, pero la legitimidad los sostiene. El mundo observa: ¿triunfo de la democracia o escalada a conflicto mayor?
La operación militar estadounidense en Venezuela, denominada «Resolución Absoluta» o «Lanza del Sur», culminó el 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras un ataque relámpago de cinco horas. Autorizada por Donald Trump desde Florida, neutralizó defensas venezolanas sin bajas estadounidenses, aunque causó heridos y destrucción en objetivos clave.[1][2][3]
Cronología del Ataque
– 22:46 hs (NY, 23:46 Caracas, 28 dic 2025): Trump aprueba el despliegue desde su residencia; inicia con guerra electrónica vía EA-18 Growler para cegar radares.
– 01:00 hs (3 ene 2026): Explosiones en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda; helicópteros MH-47 Chinook y drones atacan Palacio de Miraflores y bases militares.
– Despliegue masivo: 150 aeronaves (F-35, F-22, B-1), 15 buques (incl. USS Iwo Jima)
– Extracción: Comandos Navy SEALs irrumpen en Miraflores; Maduro y Flores son vendados y evacuados en menos de 15 minutos a buque rumbo Nueva York para juicio por narcotráfico.
Objetivos y Justificación
Trump monitoreó en tiempo real, llamándolo «show televisivo» y «brillante»; buscaba desmantelar narcocárteles chavistas, tras meses de bloqueos navales (Skipper y Centuries incautados). EE.UU. rechazó otro chavista en poder, prometiendo rol en transición venezolana.
Consecuencias Inmediatas
Apagones en Caracas, columnas de humo en aeropuerto Higuerote; chavismo en limbo con Delcy Rodríguez al mando provisional.
Venezuela enfrenta un caos político profundo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La nación permanece en un limbo de poder, con tensiones militares y económicas exacerbadas.
Vacío de poder chavista
La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió temporalmente como presidenta interina según la Constitución, exigiendo una «prueba de vida» de Maduro y decretando un estado de conmoción exterior. Diosdado Cabello, ministro del Interior, llamó a la calma desde las calles rodeado de fuerzas de seguridad, pero la cúpula chavista está descabezada y dividida. Hay presencia militar elevada y lealtades inciertas en las Fuerzas Armadas.
Situación Social
Filas largas por provisiones marcan la vida diaria, con servicios colapsados y probable movimiento mmigratorio masivo. Oposición liderada por María Corina Machado presiona por transición, pero chavistas resisten sin mostrar interés en negociar.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dispuesto por el gobierno de Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, se establecieron importantes desregulaciones de la actividad yerbatera. Entre otras cuestiones, se le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios (desprotegiendo así a los productores) y equilibrar la oferta con la demanda (mediante límites a la producción). Sin embargo, en abril de 2024 la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el recurso de amparo que suspende los artículos del DNU 70/2023, los cuales impedían al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fijar precios de referencia para el sector. Esta medida judicial, dictada por la jueza Adriana Fiori del fuero ordinario en lo Civil y Comercial N°8, fue apelada por el Poder Ejecutivo Nacional y en la actualidad la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, sin movimientos desde junio de 2024.
Sin los acuerdos de precios semestrales entre los distintos sectores del INYM, la principal preocupación del sector radica en la liberalización de precios, lo que podría llevar a la quiebra de numerosas empresas yerbateras. A esto se suma la reciente discrepancia entre los precios propuestos por los productores y los secaderos, lo que evidencia la tensión existente y la disparidad de precios en el sector.
Con la desregulación del sector, y, por consiguiente, la inacción del INYM, el precio pagado a los productores por la materia prima sufrió grandes volatilidades. Incluso, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el pago por kg de hoja verde a los productores se mantuvo congelado. Con la creciente crisis del sector y las protestas desarrolladas principalmente en Misiones, en mayo de 2025 se logró llegar a un acuerdo para aumentar el pago a $305 (en abril se pagaba $250 el kg de hoja verde). Este acuerdo se cumplió durante solo un mes, ya que la creciente concentración en pocas empresas de la gran parte de las compras a los productores provocó que, con el fin de bajar los precios en góndola y sostener el consumo, se decidiera afectar al eslabón más débil en la cadena: los pequeños productores. Desde entonces, mes a mes baja el precio pagado a quienes están a cargo de la cosecha, siendo que en octubre de 2025 el precio máximo pagado fue $265 (13,1% menos que mayo 2025). En cuanto al precio de góndola el kg de yerba aumentó un 2,8%, rondando los $4.842 según estimaciones del INDEC.
Si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola a octubre 2025. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo.
La desregulación del precio planteada en el DNU 70, implica que las industrias procesadoras de yerba mate puedan decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna referencia de precios que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha.
De hecho, eso es lo que viene sucediendo a lo largo del año, cuando vemos que los precios pagados a los productores caen, mientras que los costos de producción no dejan de subir. A finales de octubre el INYM comunicó cuáles serían los costos de por producir 1 kg de hoja de yerba mate, $424, el cual no tiene en cuenta ni el pago de impuestos, ni la rentabilidad para el productor. Teniendo en cuenta el último precio máximo alcanzado en octubre, la pérdida que tienen los productores es de mínima de $159 por kg de hoja (equivale al 60% de lo que recibe el productor).
Los productores no cobran la totalidad de lo producido al contado, sino que un 50% se cobra al momento de entrega, y la otra parte, en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días. Nos encontramos entonces frente un panorama de crisis para los productores: producción a pérdida y pagos a largo plazo que pierden poder adquisitivo. Pero hay un elemento más que desata la tormenta perfecta: el creciente aumento de los cheques rechazados que corresponden al pago de lo producido.
Estos puntos atentan contra una actividad que requiere planificación a largo plazo. La decisión de invertir en nuevas plantaciones no se toma de un día para el otro, ya que desde el momento en que se realiza la inversión hasta que la plantación entra en producción pueden pasar aproximadamente cinco años. Sin previsibilidad en los precios y sin garantías mínimas para cubrir costos, el riesgo de desinversión y reducción de la oferta en el mediano plazo se incrementa, afectando tanto a los productores como a toda la cadena yerbatera. Esta profunda crisis de los productores lleva a tomar medidas en el sector, como la “no cosecha” de la zafra de verano en reclamo de mejoras para los productores.
Según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en 2021, la producción primaria se encuentra atomizada, con 12.000 pequeños productores. La cuenca de producción cuenta con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras.
Los 10 primeros del ranking de producción industrial yerbatera acumulan 74,0% del mercado. Los tres primeros (Las Marías, Liebig y Santa Ana) explican el 46,0% de la producción salida del molino, a través de más de media docena de marcas y presentaciones de las más diversas. Las principales marcas en venta de yerba mate provienen de las provincias de Corrientes (Coop. Colonia Liebig, Las Marías), Córdoba (CBSé), y Misiones (La Cachuera).
Las marcas misioneras de yerba mate vienen perdiendo terreno en la cima del ranking y sostienen una caída como principales marcas vendedoras, pero siguen representando el mayor volumen de producción sobre el total de marcas.
La desregulación del sector yerbatero y la falta de control en los precios genera que las marcas más grandes profundicen sus ganancias mediante el establecimiento de precios a la baja a los productores, buscando aumentar su participación en el mercado mediante el sostenimiento de los precios de góndola por debajo de la inflación (por su mayor capacidad para absorber costos crecientes, respecto de las pequeñas empresas).
El informe del CEPA tiene por objeto analizar la evolución reciente del complejo yerbatero en Argentina. Se profundiza sobre la dinámica actual de la producción, concentración por provincias y empresas, consumo interno de yerba mate, y comercio exterior, aspectos que permiten comprender el comportamiento del sector en los últimos años. También se observa la situación de los productores en relación con la brecha entre el precio recibido por el kilogramo de yerba en origen y el precio en góndola, junto con los efectos de la desregulación del sector. El informe concluye con un análisis de los hallazgos clave.
Conclusiones del informe
Entre enero-octubre 2025 se procesaron 867,3 millones de kilogramos de hoja verde. Esto representa una retracción de 10,5% interanual (cosecha récord en 2024) y un aumento de 2,0% respecto del mismo período de 2021, segundo año de mayor procesamiento en el período analizado.
Según estimaciones de los productores yerbateros, se necesitan 3 kg de hoja verde para producir 1 kg de yerba mate. Teniendo en cuenta esto, en el acumulado enero-octubre se procesaron 289,1 millones de kg de yerba mate molida.
En los primeros 10 meses de 2025 el consumo interno, producto de la desaceleración de la caída del poder adquisitivo de los salarios, aumentó 6,1% interanual (de 215,9 a 229,1 millones de kg). El registro acumulado enero-octubre cae 3,3% frente al mismo período de 2023 (237,0 millones de kg).
Durante octubre 2025 se consumieron 22,0 millones de kg, una caída de 5,4% intermensual, de 2,9 interanual (22,5 millones de kg), y de 11,9% por debajo de octubre 2023 (24,9 millones de kg).
Las exportaciones en los primeros 10 meses de 2025 aumentaron 31,7% interanual y 43,8% en comparación con el promedio 2019-2024 (33,8 millones de kilogramos), ante un creciente interés de nuevos mercados y la influencia del deporte sobre el consumo de yerba mate. Los principales destinos son Siria, Chile, España y Estados Unidos. Las exportaciones en los primeros 10 meses del año representan el 14,5% de la producción nacional de yerba mate molida.
En el acumulado a octubre 2025 las importaciones crecieron 1,3% interanual y 125,4% frente al mismo período de 2023, en consonancia con el aumento del consumo. Provienen principalmente de Brasil (70,3%) y Paraguay (29,3%), y el 99,5% de las importaciones son de yerba mate molida (producto final de la yerba mate). En el acumulado enero-octubre 2025, los productos provenientes del extranjero representan el 4,7% de la producción nacional de yerba mate molida.
Empeora en octubre 2025 la relación entre el precio que recibe el productor en relación con el precio de góndola: el productor sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 de esta relación.
El último precio máximo pagado a los productores yerbateros en octubre 2025 fue de $265. Teniendo en cuenta que el INYM informó que $424 es el costo para producir 1 kg de hoja de yerba mate (sin contemplar impuestos y rentabilidad), la pérdida que tienen los productores es de mínima de $159 por kg de hoja (equivale al 60% de lo que recibe el productor).
Los productores no cobran la totalidad de lo producido al contado, sino que un 50% se cobra al momento de entrega, y la otra parte, en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días. Además de un sistema de pagos cada vez más extendido en el tiempo, se debe sumar el creciente aumento de cheques rechazados correspondientes al pago de lo producido.
Los productores se encuentran atravesando una fuerte crisis: sin previsibilidad en los precios y sin garantías mínimas para cubrir costos, el riesgo de desinversión y reducción de la oferta en el mediano plazo se incrementa. Recientemente el sector anunció la “no cosecha” de la zafra de verano, en reclamo de mejoras para los productores.
El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial. Alcanzará tanto a los usuarios de Energía de Misiones como a los de las cooperativas eléctricas de la provincia.
En su cuenta X, remarcó que el objetivo es seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables.“Para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables, se prorroga la Tarifa Eléctrica Social Provincial desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026, tanto para Energía de Misiones como para las cooperativas de la provincia, garantizando el acceso a este servicio esencial mediante una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kWh“, anunció el mandatario.
Esta medida impulsada por el Gobierno provincial, forma parte de una política sostenida de acompañamiento a los sectores más vulnerables, en un contexto económico nacional complejo, priorizando el derecho al acceso a la energía eléctrica y promoviendo mayor previsibilidad en los gastos familiares.
El ingeniero forestal Juan Alberto Acosta (Matrícula Profesional ColForM N° 232 ), presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones y vicepresidente de la Federación Argentina de Ingenieros Forestales (FAIF) señala que al concluir el año 2025, desde el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (ColForM) consideramos imprescindible dirigirnos a nuestros colegas matriculados, a la sociedad en su conjunto y a la opinión pública con un mensaje que no sea meramente protocolar, sino profundamente técnico, político e institucional, en consonancia con el complejo contexto social, económico y ambiental que atraviesa nuestra provincia, nuestro país y el mundo.
Este mensaje refiere una toma de posición clara frente a la crisis foresto-industrial, al cambio climático, los debates sobre el rol del Estado, la ciencia y la universidad pública, y la necesidad de fortalecer la institucionalidad profesional, la Ingeniería Forestal es estratégica, indelegable y de interés público.
La Ingeniería Forestal como profesión regulada y de interés público
La Ingeniería Forestal en la Argentina no es una actividad accesoria ni una incumbencia difusa. Se trata de una profesión regulada por el artículo 43 de la Ley 24.521 de Educación Superior, lo que implica que su ejercicio puede comprometer de modo directo el interés público, la seguridad, los bienes de la población y el ambiente.
Las actividades profesionales reservadas al título de Ingeniero/a Forestal, establecidas por la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación, son taxativas y excluyentes. Incluyen, entre otras, la planificación, dirección y supervisión de sistemas forestales; la certificación de planes de manejo; la dirección y certificación de condiciones de uso, calidad y estado de los recursos; la intervención en seguridad, higiene e impacto ambiental; y la certificación de estudios agroeconómicos vinculados a sistemas forestales.
Este marco normativo no es una formalidad administrativa: es la garantía institucional de que los bosques, los sistemas productivos y los servicios ecosistémicos sean gestionados por profesionales con formación científica, ética y responsabilidad legal.
Sistema Forestal: una definición legal, técnica y estratégica
La provincia de Misiones, mediante la Ley I N° 169, define al Sistema Forestal como un conjunto de interacciones entre el medio natural, el medio socioeconómico y el medio tecnológico, en el cual el Ingeniero Forestal, con base en las ciencias forestales y bajo los principios del desarrollo sostenible, implementa: La ordenación y gestión de bosques nativos y cultivados, la evaluación socioeconómica y la gestión ambiental de los recursos, y la transformación tecnológica e industrial de los productos forestales.
Esta definición es central, porque posiciona al Ingeniero Forestal como el actor profesional específico capacitado para comprender, planificar y gestionar sistemas complejos, integrando producción, conservación, economía regional, empleo, biodiversidad y servicios ecosistémicos.
EL COIFORM y la construcción de institucionalidad forestal
CoiForM es una persona jurídica de derecho público no estatal, creada por Ley I N° 108 y fortalecida por su modificatoria Ley I N° 169, con la responsabilidad indelegable de regular el ejercicio profesional, otorgar y controlar la matrícula, y asesorar a los poderes públicos en materias vinculadas a las ciencias forestales.
Con 384 matrículas otorgadas, 260 profesionales activos y 8 vitalicios, representa hoy el colegio profesional forestal con mayor número de matriculados del país, celebrando en este diciembre 2025 sus 29 años de institucionalidad ininterrumpida. Esta continuidad institucional no es casual: es el resultado del compromiso sostenido de generaciones de ingenieros forestales convencidos de que sin institucionalidad no hay jerarquización profesional, ni políticas forestales serias, ni desarrollo sostenible posible.
Crisis económica del sector foresto-industrial: diagnóstico con datos duros
No es posible cerrar el año sin abordar con crudeza y rigor técnico la crisis económica profunda que atraviesa el sector foresto-industrial misionero y regional. Esta crisis no es coyuntural ni aislada: es estructural, multifactorial y con impactos directos sobre el empleo, la inversión, la sostenibilidad productiva y el entramado social de numerosas localidades.
Los datos del año 2025 son elocuentes:
• La foresto-industria opera, en promedio, por debajo del 50% de su capacidad instalada, un nivel comparable ―e incluso inferior a los peores momentos de crisis histórica del sector.
• La producción sectorial registra caídas cercanas al 40% respecto de niveles de actividad sostenidos, generando una contracción significativa del volumen industrializado.
• Numerosas empresas han reducido turnos, adelantado vacaciones, paralizado líneas de producción o suspendido inversiones, con riesgo concreto de despidos y cierres de plantas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. • La paralización de la obra pública nacional, históricamente uno de los principales motores de la demanda de productos forestales, provocó una caída abrupta del mercado interno.
• Entre 2023 y 2025, mientras los ingresos del sector crecieron aproximadamente un 124 % en dólares, los costos estructurales aumentaron cerca de un 249 %, y los costos energéticos escalaron más de un 600 %, generando un descalce crítico de precios relativos y márgenes de rentabilidad negativos.
• Más del 50% de los pequeños aserraderos manifiestan riesgo cierto de no reanudar actividades en el corto plazo por ausencia de pedidos y falta de previsibilidad. Estos números no son estadísticas abstractas: representan empleo en riesgo, pérdida de capacidades productivas, descapitalización del sector y debilitamiento de economías regionales. Interpretación técnica y responsabilidad política
Interpretación técnica y responsabilidad política
Desde una mirada técnica, este escenario revela:
1- Un problema sistémico de competitividad, donde la subutilización de capacidad instalada impide amortizar inversiones y limita la innovación tecnológica.
2- Una crisis de precios relativos, donde los costos crecen muy por encima de los ingresos, haciendo inviable la sostenibilidad económica.
3- Una alta dependencia del mercado interno sin políticas compensatorias, que amplifica los impactos de la paralización de la obra pública.
4- Una inserción internacional insuficiente en términos de valor agregado, que no logra compensar la contracción local.
Desde una mirada política, esto exige intervención pública, planificación estratégica y articulación técnica, no desregulación ni abandono del sector.
El Ingeniero Forestal como actor clave de solución
Frente a este escenario, el Ingeniero forestal no es un espectador. Es el profesional específicamente formado para diseñar soluciones integrales, tales como: ✔Reingeniería de cadenas de valor forestal
✔Mejora de eficiencia productiva y energética
✔Planificación silvícola orientada a mercados
✔Certificaciones forestales y trazabilidad,
✔Diversificación productiva y bioeconomía
✔Incorporación de servicios ecosistémicos y proyectos de carbono
El conocimiento forestal es, hoy más que nunca, una herramienta de política pública.
Cambio climático y rol estratégico del saber forestal
En el contexto del cambio climático, la ingeniería forestal adquiere una centralidad incuestionable. Los bosques son sumideros de carbono, reguladores hídricos y amortiguadores climáticos, y su manejo define la capacidad de adaptación y resiliencia territorial.
El Ingeniero Forestal posee competencias específicas para: cuantificar biomasa y carbono, modelar escenarios climáticos, diseñar estrategias de mitigación y adaptación y resiliencia integrar servicios ecosistémicos en la planificación territorial.
Sin ingeniería forestal, no hay política climática seria a escala territorial.
Defensa de la universidad pública y del conocimiento científico
Desde el Co.l.For.M. reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.
No existe ingeniería forestal sin formación académica sólida, investigación científica y extensión universitaria. La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones ha sido y sigue siendo un pilar estratégico en la formación de profesionales que hoy sostienen la gestión forestal en Misiones, el país y el exterior.
Defender la universidad pública es defender la soberanía del conocimiento y el desarrollo nacional.
En conclusión, este mensaje es una reafirmación institucional: Sin ingenieros forestales no hay gestión forestal sostenible.
Sin institucionalidad no hay política pública seria.
Sin universidad pública no hay ciencia ni futuro.
Sin bosques no hay desarrollo posible.
Convocamos a nuestros colegas, a la sociedad y a los decisores políticos a reconocer el valor estratégico del saber forestal y a construir, con rigor técnico y compromiso ético, un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible para Misiones.
Varios dirigentes hicieron oir sus voces de alerta ante la sanción y publicacion del DNU 941/2025.
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El diputado nacional justicialista y ex ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi ha dicho sobre este nuevo modelo de Inteligencia mileísta: «Nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aun: es gravísimo.
Después de haber leído y analizado las 19 páginas del DNU 941/2025 que circula con las firmas de Milei y sus Ministros, les comparto algunos de los ejes más preocupantes:
1. Transforma a los agentes de inteligencia en “policía secreta”, habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial.
2. Establece que TODAS las actividades que se realicen en el ámbito de la inteligencia nacional “revisten carácter encubierto”. Además de lo impropio del uso de este término, deberían precisar a qué se refieren con estas tareas.
3. Permite que la SIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia. El pedido de colaboración a las FFAA y fuerzas de seguridad no tiene precisión de cantidad de efectivos y temporalidad.
4. Rompe los equilibrios en el sistema de inteligencia. Todo el control presupuestario del SIN y órganos afines pasa a ser controlado por la SIDE, intervenido la autonomía de otras áreas. Por ejemplo: el director de inteligencia del Ejercito va a tener mayor dependencia del jefe de la SIDE que del jefe del Ejercito.
5. La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasará a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia. Las tareas de contrainteligencia quedan exceptuadas, entre otras cosas, de tener tareas represivas o facultades posesivas… ALERTA A LOS PERIODISTAS!
– Elimina la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar ) y la reemplaza por la DGIEMCO, que es el área de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esto hace que el Ministro de Defensa se quede sin Inteligencia propia. Le quitan poder al Ministro y se lo trasladan al Jefe del EMCO. Cuando hablamos de la militarización de la defensa, nos referíamos a este tipo de cosas.
Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley.
El diputado nacional socialista Esteban Paulón aporta cinco ideas acerca del DNU 941/2025, para quien significa «un duro golpe para nuestra democracia».
En medio del receso parlamentario el Gobierno de @JMilei acaba de modificar 40 artículos de la ley de Inteligencia Nacional (25529).
Qué implica?, se pregunta Paulón; y responde a contiuación.
1️⃣ VUELVE EL ESPIONAJE POLÍTICO: El DNU define como «riesgos» a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El «Estado Policial» en su máxima expresión.
2️⃣ CARTA BLANCA A LA SIDE: Habilitan la «preservación de métodos y fuentes» sin ningún límite claro. Esto es, en la práctica, darle impunidad total a los agentes para actuar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional.
3️⃣ OPACIDAD Y SECRETISMO: Declaran «encubiertas» la TOTALIDAD de las actividades de inteligencia. Chau transparencia. Chau control de fondos reservados. Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos.
4️⃣ EL CONGRESO AFUERA: Eliminan el control civil sobre la inteligencia militar y le dan autonomía al Estado Mayor Conjunto. Es un retroceso histórico que rompe el consenso democrático de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior.
5️VIGILANCIA DIGITAL: El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo Jefatura de Gabinete es el Gran Hermano que faltaba. Una herramienta de control social que recolecta información de todos nosotros para el Sistema de Inteligencia Nacional.
El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad.
Todos espiados. Todos sospechosos. El dnu 941/25 de milei es un retroceso intolerable y de nulidad absoluta, dice a su tiempo el presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro.
Mientras los argentinos preparábamos la mesa para despedir el año, el presidente Javier Milei firmó a las 19.24 el DNU 941 para imponer a su gusto la reforma de la Ley y Sistema de Inteligencia. Un decreto de necesidad y urgencia que no tiene ni necesidad, ni urgencia, afirma el legisador de CCARI.
Pudiendo funcionar el Congreso, con sesiones extraordinarias en diciembre y febrero, si el Presidente quería reformar la Ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso. No lo hizo. No le gusta gobernar según la Constitución porque para él es un obstáculo y prefiere siempre los atajos, puntualiza Ferraro.
Este legisaldor recuerda que éste es el segundo DNU que reforma el sistema de inteligencia en menos de un año. Y no es una modificación puntual: es una reforma integral en una treintena de articulos de la ley que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y republicano, y concentra poder de manera peligrosa.
Las modificaciones son un retroceso histórico, puntualiza Ferraro, son:
1. espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas;
2. un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica. Peligroso.
3. centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF) Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia.
4. posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia.
Ferraro se dirige en un posteo sus cuentas de redes sociales a Martín Menem y Victoria Villarruel, autoridades del Congreso Nacional, planteádoles que «es urgente y necesaria la regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, para que este DNU sea considerado y rechazado por el Congreso a la brevedad, por su nulidad absoluta e insanable. Sino iremos directo al recinto.»
Ferraro advierte que «Milei sigue haciendo lo que quiere. Esta vez, va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías.»
Un DNU que esquiva el Congreso
El Presidente eligió modificar integralmente la Ley de Inteligencia mediante un DNU de 19 páginas, sin debate parlamentario y regulando incluso aspectos sensibles del derecho penal. Organizaciones como el CELS ya cuestionaron la constitucionalidad de esta vía, señalando que no hay una urgencia real que justifique eludir al Congreso y que el decreto desborda las facultades presidenciales. En un país con la memoria todavía abierta del terrorismo de Estado, legislar por decreto sobre inteligencia y represión es mucho más que un detalle procedimental.
La SIDE como superestructura opaca
El decreto consolida a la SIDE como órgano rector de todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con capacidad de conducir, coordinar y acceder a información de prácticamente todo el Estado. A ello se suma la creación de una “Comunidad de Inteligencia” y una “Comunidad Informativa” que institucionalizan el flujo de datos desde organismos civiles, económicos, sanitarios y tecnológicos hacia la órbita de la inteligencia. Este entramado configura una red de vigilancia potencialmente masiva, en la que la ciudadanía pasa a ser un objeto de sospecha permanente.
La cláusula Gestapo: aprehender personas
Uno de los núcleos más preocupantes del DNU es el artículo que habilita a agentes de inteligencia a “aprehender personas” en el marco de actividades de inteligencia, pedidos judiciales y situaciones de flagrancia, con aviso posterior a las fuerzas de seguridad. La inteligencia, que en un sistema democrático debería producir análisis estratégico, pasa así a tener funciones operativas típicas de una policía secreta, con un margen de discrecionalidad muy amplio. El paralelo con la Gestapo no es sólo una provocación retórica: también allí la frontera entre “seguridad del Estado” y persecución política se borró bajo el manto de la legalidad y la excepción permanente.
El blindaje del secreto y la amenaza a la disidencia
El DNU declara que todas las actividades de inteligencia revisten “carácter encubierto”, reforzando el secreto como regla y haciendo más difícil el control judicial, parlamentario y social. Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades de recolectar datos privados e interceptar comunicaciones, reabriendo la puerta a prácticas de espionaje político y social que se habían intentado limitar desde 2015. Organismos de derechos humanos alertan sobre el riesgo de vigilancia masiva que afecte a periodistas, opositores, movimientos sociales y defensores de derechos, reinstalando un clima de temor incompatible con una democracia robusta.
¿Gestapo de Milei o Estado de derecho?
La pregunta incómoda es si este rediseño configura la Gestapo de Milei o un “avance técnico” en clave de seguridad nacional, como sostiene el Gobierno. Cuando la inteligencia puede detener personas, operar en secreto, organizar una red de datos sobre toda la población y fue reformada por decreto sin deliberación democrática, la balanza se inclina claramente hacia un modelo de Estado policíaco. En un país que hizo de Memoria, Verdad y Justicia una política de Estado, concentrar semejante poder en una SIDE empoderada y oscura no es sólo un retroceso institucional: es un llamado de atención sobre los límites que una sociedad está dispuesta a tolerar antes de normalizar su propia Gestapo.
Los números del «salariazo» en el gabinete
El decreto 931/2025 permite que la cúpula política recupere terreno de manera inmediata. Según las proyecciones basadas en el nuevo esquema, un Secretario de Estado verá su haber saltar de $3.500.000 a unos $6.650.000, mientras que un Subsecretario pasará de cobrar $3.000.000 a una cifra estimada de $5.700.000. Estos montos resultan exorbitantes si se comparan con el sueldo de un trabajador estatal de categoría base, cuyo ingreso promedio ronda los $600.000, lo que significa que un ministro pasará a ganar lo mismo que doce empleados administrativos juntos.
«Una obscenidad frente a la crisis»
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la respuesta fue contundente ante la difusión de estas cifras. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, catalogó la decisión como «una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino» y tildó a los funcionarios nacionales de «caraduras y sinvergüenzas». Para el referente sindical, este movimiento confirma un doble estándar en la política salarial del Ejecutivo: «Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público. Finalmente no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él», expresó Aguiar.
El malestar gremial radica en la impunidad de aumentarse sueldos millonarios mientras los jubilados, con haberes que apenas superan los $280.000, pasan hambre. «Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta», sentenció el dirigente, quien además adelantó que el repudio a estos ingresos será el eje central del próximo plenario estatal.
El contraste entre la «casta» y los trabajadores
Durante el último año, la mayoría de las paritarias del sector privado se movieron bajo un estricto «techo» impuesto por el Ministerio de Economía, cerrando en torno al 30 % anual para no desbordar la inflación. Sin embargo, ese rigor fiscal no se aplicó al gabinete del presidente ultraderechista. Mientras un empleado estatal promedio sufrió una pérdida del salario real del 14 % durante 2025, los altos mandos del Ejecutivo nacional garantizan su bienestar financiero con una actualización que triplica los acuerdos alcanzados por el resto de la sociedad.
Un mensaje contradictorio desde la Casa Rosada
El decreto que habilita estas subas incluye una invitación a las demás jurisdicciones y poderes del Estado a aplicar un «congelamiento automático» en caso de déficit fiscal. No obstante, el ejemplo que llega desde la Casa Rosada es opuesto: una recomposición masiva para su propio gabinete bajo el argumento de que el equilibrio fiscal ya se alcanzó gracias al recorte en otras áreas. Para el referente de ATE, esto es inaceptable: «Rechazamos y repudiamos que con el dinero de los contribuyentes, que con la nuestra, esta gente se garantice ingresos mensuales exorbitantes», concluyó Aguiar, marcando el inicio de un año de alta tensión política y social.
