Mientras el discurso oficial se aferra a una supuesta baja en los índices de pobreza, la realidad en las calles y en las planillas estadísticas muestra una cara mucho más hostil: un ejército de trabajadores que, aun teniendo empleo, carecen de derechos básicos, estabilidad y protección social. Las políticas económicas del presidente ultraderechista Javier Milei, lejos de dinamizar el mercado, parecen haber institucionalizado la precariedad como norma de supervivencia, elevando la tasa general desde el 42,0% registrado a fines de 2024 hasta el pico del 43,3% observado a mediados de 2025.
Esta situación de vulnerabilidad extrema se manifiesta con mayor crudeza en el sistema de seguridad social y en la destrucción de las expectativas de jubilación. El desguace de las estructuras de control ha provocado que, dentro del universo asalariado, solo el 64,1% cuente con aportes jubilatorios realizados por su empleador, dejando a un tercio de la fuerza laboral en una desprotección total. La «libertad» pregonada por el Ejecutivo se traduce, en la práctica, en que apenas un 5,6% de los trabajadores informales pueda realizar aportes por su cuenta, mientras que el 30,3% restante queda completamente fuera del sistema previsional, configurando una bomba de tiempo social para las próximas décadas.
La contradicción entre la narrativa oficial de una pobreza en descenso y los datos de calidad laboral es cada vez más insostenible. Resulta difícil reconciliar una mejora en el bienestar social con un escenario donde el 73,8% de los obreros de la construcción y el 78,0% de las trabajadoras de casas particulares están en la informalidad. Estos sectores, motores históricos del empleo, hoy operan mayoritariamente en la sombra, con ingresos que apenas permiten la subsistencia. La supuesta baja de la pobreza parece ser un espejismo estadístico que ignora que el 65,9% de los trabajadores no calificados son informales, situándolos permanentemente al borde de la indigencia ante cualquier fluctuación de precios.
El impacto generacional es el certificado de defunción de cualquier promesa de progreso bajo el ajuste libertario. Que el 59,7% de las mujeres jóvenes y el 57,3% de los varones de hasta 29 años sean informales condena a toda una generación a la inestabilidad permanente. El modelo actual ha consolidado un mercado de «supervivencia» donde la brecha educativa castiga con fuerza: mientras los universitarios logran refugiarse en un 16,0% de informalidad, aquellos que no terminaron el secundario enfrentan una tasa de exclusión del 67,2%. No hay salida genuina de la pobreza si el empleo que se genera carece de los beneficios y la cobertura médica más elementales.
Finalmente, el informe técnico deja al desnudo que el crecimiento del empleo bajo la gestión actual es de bajísima calidad y profundamente desigual. Mientras se desregulan sectores clave, la informalidad en el rubro de «Hoteles y restaurantes» se dispara al 59,7% y en el «Comercio» alcanza al 52,6%, afectando la vida cotidiana de millones. Si el Estado sigue renunciando a su rol fiscalizador, la Argentina se encamina a una fractura social irreversible, donde el trabajo ya no garantiza la dignidad ni el acceso a una vejez protegida, sino simplemente la reproducción de una pobreza que las cifras oficiales intentan, sin éxito, maquillar.
