Esta acción colectiva demuestra que la participación activa de los ciudadanos es un mecanismo fundamental para activar los controles estatales sobre las empresas concesionarias y garantizar la transparencia en los servicios esenciales.
El análisis técnico derivado de la movilización permitió identificar situaciones específicas de aumentos repentinos que no coinciden con el historial de consumo de las familias. Del total de adherentes al reclamo, el EPRAC detectó que 57 usuarios superan el consumo mínimo facturable de 15 m³, y dentro de ese universo, 18 casos presentan subas abruptas en el último mes que requieren una verificación inmediata.
Ante esta evidencia, el organismo exigió a la prestataria SAMSA la revisión técnica de estas cuentas, contemplando la posibilidad de que existan pérdidas internas o errores en la medición que hayan inflado los montos finales de las boletas.
Desde la conducción del organismo, a cargo de Soledad Balán, se subrayó la importancia de las reuniones diarias con comisiones vecinales y foros de seguridad para orientar a los usuarios en el proceso de reclamo. La estrategia del ente regulador se centra en la inspección directa y la verificación de cada caso puntual, elevando a la empresa prestataria el pedido de eximición de pago por los metros cúbicos excedentes cuando se comprueban irregularidades. Este proceso busca equilibrar la balanza entre la prestataria y los consumidores, asegurando que nadie pague por un recurso que no fue efectivamente utilizado o que se perdió por fallas ajenas al uso habitual.
Aunque el informe del regulador indica que no se trata de una afectación generalizada en la totalidad de los 128 reclamantes, la intervención sobre los casos críticos marca un precedente necesario para el control de la concesión. Para aquellos usuarios donde el salto en el consumo es injustificado, el EPRAC ya avanzó con la solicitud formal para que SAMSA descuente los excedentes que no guardan relación con la conducta de consumo de los hogares afectados. Esta respuesta institucional surge como consecuencia directa de la presión vecinal, que obligó a una revisión exhaustiva de los datos facturados en un contexto donde el costo de los servicios impacta con fuerza en el presupuesto familiar.
Finalmente, el organismo regulador insistió en que la formalización del reclamo es el paso administrativo indispensable para que la protección al usuario tenga efectos legales y técnicos. Con canales abiertos tanto de forma presencial en su sede de la Avenida Corrientes como a través de vías digitales, el ente busca agilizar la recepción de las boletas para continuar con las auditorías de campo. La resolución de estos primeros casos expone la necesidad de un control constante sobre las prestatarias, impulsado por una ciudadanía informada que no duda en organizarse para defender sus derechos como consumidores.