Los dirigentes advirtieron que el 95% de las pymes dependen del mercado interno, el cual hoy se encuentra paralizado por la pérdida del poder adquisitivo y la apertura de importaciones. Esta demanda no es nueva: provincias y organizaciones gremiales empresarias vuelven a la carga con este proyecto histórico tras haber intentado, sin éxito, obtener soluciones similares durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Ahora, bajo la administración del presidente ultraderechista Javier Milei, el sector pyme insiste en que la falta de competitividad frente a los países vecinos está destruyendo el entramado productivo local. El presidente de CAME, Ricardo Diab, enfatizó que sin un consumo activo es imposible generar empleo o innovar. El proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo busca precisamente reducir las asimetrías cambiarias y combatir el contrabando, un flagelo que se profundiza cuando la presión tributaria argentina empuja a los comerciantes hacia la informalidad.
Además de las exenciones en fronteras, la entidad reclamó un nuevo consenso fiscal que ordene las tasas municipales y los impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos. Los empresarios señalaron que la superposición de gravámenes asfixia la rentabilidad, provocando el cierre de establecimientos en todo el país. En este escenario, las provincias que limitan con otros países son las más afectadas, ya que deben competir con sistemas impositivos mucho más livianos y economías que atraen el flujo de divisas fuera del territorio nacional.
Otro de los puntos clave tratados en el plenario de comisiones fue la adecuación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La CAME propuso reducir los montos mínimos de inversión y extender los plazos de ejecución de dos a cinco años, para que las pequeñas empresas puedan realmente acceder a los beneficios. Actualmente, las barreras de entrada son consideradas demasiado altas para la realidad de un sector donde solo una de cada tres empresas logra acceder a financiamiento bancario, lo que limita cualquier posibilidad de expansión.
Finalmente, el encuentro dejó abierta la puerta para que el Congreso avance en la declaración de la emergencia pyme a nivel nacional. Los legisladores recibieron las propuestas de financiamiento y capacitación, reconociendo que la situación es crítica. Tras los intentos fallidos en los mandatos anteriores, las organizaciones esperan que esta vez el Ejecutivo tome nota de que la marginalidad se está convirtiendo en la única vía de escape para muchos comerciantes que ya no pueden sostener la estructura de costos frente a la actual política económica.
