El documento acordado en plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales le permitió al Gobierno garantizarse el tratamiento en sesión de su nueva ley Bases, aunque aún debe ser votada para conseguir media sanción en la Cámara de Diputados. Posteriormente, para convertirse en ley requiere aprobación en el Senado.

Dentro de los más de 200 artículos del nuevo texto de la ley Bases se pretenden reformas como:

Declaración de emergencia energética, económica y financiera por un año.

Reforma del Estado: reorganización administrativa de organismos públicos.

Consolidación de la deuda pública y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad de ANSES.

Régimen de defensa de la competencia, que modifica prácticas que puedan «limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado».

Privatizaciones de empresas estatales.

Marco regulatorio para Fondos Fiduciarios.

Modificación de la ley de hidrocarburos.

Régimen de incentivo para «Grandes Inversiones»: «que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial» durante dos años.

Modificación en el régimen de empleabilidad para trabajadores estatales.

Unificación de los entes reguladores energéticos.

Reforma laboral.

Dentro de la propuesta de la ley Bases, las empresas que están contempladas para su privatización son:

Aerolíneas Argentinas.

Energía Argentina.

Televisión Argentina.

Intercargo.

AySA.

Correo Argentino.

Belgrano Cargas.

SOFSE.

Corredores viales.

Nucleoelétrica argentina.

Con la eliminación del Banco Nación, el listado de privatizaciones se redujo a once empresas. El proyecto original de Ley Ómnibus, de diciembre de 2023, contenía 41 empresas.

La Ley Bases es una versión reducida de lo que fue su antecesora. De los más de 600 artículos pasó a 346. Respecto del paquete fiscal, quedó con 112 artículos. Allí se amplía el beneficio por buen contribuyente en el impuesto sobre los bienes personales y se pasa de anual a semestral la actualización del mínimo no imponible del impuesto a los ingresos personales.

Los últimos días estuvieron cruzados por intensas negociaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el vicejefe de Gabiente, José Rolandi, y los legisladores de bloques dialoguistas, para acercar posiciones y acelerar la firma del dictamen que por estas horas parece un hecho. Uno de los acuerdos centrales es que eliminarán el artículo 143, que facultaba al Ejecutivo a derogar o cambiar cualquier normativa que distorsione los precios, genere escasez o cause sobre costos.

Asimismo, hubo consenso para modificar el plazo de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. El Gobierno buscaba la actualización anual por inflación, pero la oposición reclamaba que sea trimestral. Finalmente, será actualización trimestral durante este año (en septiembre) y luego pasará a ser semestral.

Además, el Gobierno tomó el reclamo opositor de incluir la reforma laboral dentro de la Ley Ómnibus. En este sentido, reformuló el capítulo laboral del DNU 70/23, suspendido por la Justicia. Entre los principales cambios, se extenderá el período de prueba a seis meses, se eliminarán las multas por trabajo no registrado, se pondrán penas por bloqueo y se implementará de forma opcional por convenio el fondo de cese laboral.

Sin embargo, el Gobierno accedió a la presión de la CGT y quitó el ítem que habla de las cuotas solidarias y pretendía que fueran optativas.

El Ejecutivo necesita un triunfo legislativo en medio de un contexto de creciente tensión social ante el ajuste, potenciado por el efecto que generó la masiva marcha en defensa de la universidad pública de este martes. Si bien Milei todavía conserva un alto porcentaje de aceptación, debe apaciguar los frentes de confrontación.