Argentina / Política / Justicia | Arroyo Salgado propone retomar decreto de Néstor Kirchner para reestructurar la Corte Suprema

En medio del debate sobre la "debilidad institucional" y los altos índices de corrupción en el Poder Judicial, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ha puesto en el centro de la escena un documento histórico: el decreto 222/2003 promulgado por el entonces presidente Néstor Kirchner. La magistrada, titular del Juzgado Federal de San Isidro, sostuvo que sería "muy importante" que se cumpla con esta normativa, que impulsa una conformación de la Corte Suprema de Justicia que incorpore una perspectiva federal y de género.

La Receta de 2003 para un Federalismo Real

Según declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Arroyo Salgado subrayó la necesidad de que la máxima instancia judicial refleje la diversidad territorial del país.

«Sería muy importante que se cumpla con ese decreto del por entonces presidente Néstor Kirchner, porque nuestro país tiene un gobierno federal y realidades muy diversas y su integración debe representar esta particularidad, como así también la cuestión de género y la especialidad técnica», concluyó la jueza.

Para la magistrada, la integración de la Corte con una «visión federal» es urgente, ya que el Poder Judicial es el garante de que el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos «no queden a merced del humor del poder político de turno o de la mayor fuerza económica».

Corrupción, Debilidad y Control Judicial

La propuesta de retomar la normativa de Kirchner se enmarca en una crítica más amplia a la situación del sistema judicial, que, según Arroyo Salgado, padece una «gran debilidad institucional».

«La corrupción es estructural por desidia, por falta de idoneidad y por actos propios de corrupción,» indicó en diálogo con TN, y recordó que ya existen «muchos antecedentes de jueces federales destituidos por sus vínculos con el narcotráfico en Salta, en Mendoza, en Santa Fe.»

La jueza enfatizó que es vital el funcionamiento de los organismos de control sobre la Justicia, ya que la ciudadanía debe comprender que «no hay una sociedad democrática si la Justicia no es independiente, idónea y expedita.»