Argentina | Vejez descartable: El cruel agravio del ministro Lugones que reduce a los jubilados a un costo fiscal

El repudio social crece ante la deshumanización de los mayores. Considerar a los afiliados del PAMI como una "carga" vulnera derechos básicos y busca justificar el ajuste en la salud pública.

El derecho a la salud no es una «carga»:
Repudio a los dichos del Ministro Lugones sobre el PAMI

Las recientes declaraciones del Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones (78), han desatado una ola de indignación y un rechazo unánime por parte de diversos sectores sociales, políticos y profesionales de la salud. Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el funcionario calificó como una «carga muy grande» al millón de afiliados del PAMI que superan los 80 años de edad. Esta visión, que reduce a las personas mayores a un mero costo fiscal, no solo es insensible, sino que vulnera los principios básicos de dignidad y derechos humanos.

Una visión mercantilista de la vejez
Lugones justificó la crisis operativa y financiera de la obra social señalando que «ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI» y que el sistema está exigido por la longevidad de sus beneficiarios. Al utilizar el término «carga» para referirse a quienes han aportado durante toda su vida al sistema, el ministro desplaza la responsabilidad de la gestión estatal hacia los propios usuarios. Esta perspectiva estigmatiza a la vejez, presentándola como un problema estadístico en lugar de un logro de la salud pública y la medicina moderna.

El repudio generalizado
Las reacciones no tardaron en llegar. Organizaciones de jubilados, consejos del Partido Justicialista y especialistas en gerontología han manifestado su «más enérgico repudio». Los puntos principales de las críticas incluyen:

* Deshumanización: Se cuestiona que un responsable de la salud pública relativice el derecho al bienestar integral de los adultos mayores.

* Invisibilización de la crisis: Sectores de la oposición y gremios médicos, como APPAMIA, señalan que estas frases intentan encubrir problemas estructurales, deudas millonarias con prestadores y recortes en los ingresos de los profesionales.

* Pedido de renuncia: Diversos colectivos de gerontólogos han solicitado la dimisión del funcionario, considerando que su postura es incompatible con la conducción de una cartera que debe garantizar el cuidado de la vida, piden adhesiones masivas de repudio (pinchar aquí)

Deuda y desfinanciamiento
El contexto de estas declaraciones agrava la situación. El PAMI enfrenta actualmente conflictos por deudas con farmacias y clínicas, mientras que el propio Lugones admitió no tener control total sobre los fondos, los cuales dependen de las decisiones del Ministerio de Economía. En este marco, señalar a los octogenarios como el origen del problema financiero parece ser una estrategia para justificar futuros recortes o la falta de operatividad del sistema.

Conclusión
Las personas mayores no son un número en una planilla de gastos; son ciudadanos con derechos adquiridos y los arquitectos de nuestra comunidad. Considerar que vivir más años representa una «carga» es un retroceso ético alarmante. La sociedad argentina, a través de sus instituciones y representantes, ha dejado claro que el PAMI debe ser un instrumento de protección social y no un laboratorio de ajustes donde la variable de ajuste sea, precisamente, la salud de los más vulnerables.

Un pacto social que no admite descartes
En última instancia, las palabras del ministro Lugones no son un simple desliz técnico ni un error de interpretación estadística; son la confesión de una filosofía política que prioriza el equilibrio de las cuentas sobre la dignidad de las personas. Nombrar a nuestros mayores como una «carga» es romper el contrato básico de solidaridad intergeneracional que sostiene a cualquier sociedad civilizada.
Si el Estado comienza a ver la longevidad —un triunfo de la ciencia y el desarrollo— como un problema contable, estamos ante una deshumanización peligrosa de la gestión pública. La salud en la vejez no es una dádiva ni un gasto superfluo: es un derecho ganado tras décadas de esfuerzo y aportes. No se puede gestionar el bienestar de un pueblo con la frialdad de quien liquida un inventario. Defender al PAMI y a sus afiliados no es solo una cuestión presupuestaria, es, ante todo, un imperativo moral para no permitir que la crueldad se convierta en política oficial.