Tránsito en Juzgado y Cumplimiento de la Pena
La decisión del STF confirma la condena impuesta a Bolsonaro en septiembre pasado, que asciende a 27 años y tres meses de prisión en régimen inicial cerrado, por liderar una organización criminal destinada a subvertir el Estado democrático de Derecho e impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El relator del caso, el juez Alexandre de Moraes, confirmó que el exmandatario está listo para comenzar a cumplir su condena. El lugar de reclusión será, inicialmente, la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.
Traslado Preventivo: Bolsonaro ya se encontraba en estas instalaciones desde el pasado sábado, cuando fue trasladado preventivamente ante un presunto intento de fuga, extremo que el expresidente ha negado categóricamente, atribuyendo la desconexión de su tobillera electrónica a un «episodio provocado por medicamentos psiquiátricos».
Sala Especial: Dada su condición de expresidente, la jurisprudencia brasileña le garantiza el derecho de cumplir la pena en una sala especial, segregado de otros detenidos.
Cierre de Instancias para Otros Condenados
El Supremo Tribunal Federal también decretó como cerrado el caso para los otros dos altos exfuncionarios de su gobierno que fueron condenados en el mismo proceso:
Alexandre Ramagem: Diputado federal y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
Anderson Torres: Exministro de Justicia.
Sin Recurso de Infracción
La decisión del STF se fundamentó en el criterio consolidado de la corte respecto a los embargos de infracción (el último recurso con potencial de alterar la condena).
De acuerdo con el tribunal, este tipo de recurso solo es admisible cuando hay, al menos, dos votos a favor de la absolución en el juicio principal. Dado que el juicio de septiembre no cumplió con este requisito, el STF dictaminó la improcedencia del recurso, procesando así el tránsito en cosa juzgada.
Este fallo marca un hito en la historia judicial de Brasil, al ser la primera vez que un expresidente deberá ingresar a prisión por crímenes relacionados con la subversión del orden democrático.