El juez sostuvo que el tribunal viene funcionando desde diciembre con solo tres miembros, situación que consideró “sorprendente” y que agravó la parálisis judicial. “A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, expresó.
Además, el ahora exintegrante del tribunal advirtió sobre la “falsa creencia de que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces”, lo cual calificó como un “espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”.
“El funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte”, señaló. Y advirtió que la lentitud “afecta en concreto la actividad del Tribunal y, fundamentalmente, la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión”.
La defensa del Gobierno
A pesar de una medida cautelar que le prohibía al renunciante Juez actuar en fallos de la Corte, el Gobierno libertario defendió la validez del decreto presidencial, argumentando que se trataba de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Este sábado, el Ejecutivo presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema para anular la medida dictada por Ramos Padilla. Sin embargo, los otros tres jueces del tribunal no habrían mostrado disposición a tratar el recurso, lo que dejó a García Mansilla en una posición cada vez más delicada.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró públicamente que no existía ningún artículo en la Constitución que obligara a García Mansilla a renunciar en estas condiciones. En la misma línea, el propio García Mansilla ya había presentado un escrito ante Ramos Padilla defendiendo su nombramiento y argumentando que su remoción solo podría realizarse mediante un juicio político.
Las implicancias políticas y jurídicas
El caso de García Mansilla ha generado un intenso debate sobre las implicancias políticas y jurídicas de las designaciones en comisión. Según algunas interpretaciones, el rechazo de los pliegos por parte del Senado no invalida automáticamente el decreto presidencial ni implica la remoción inmediata de los jueces designados. En teoría, García Mansilla podría haber continuado en su cargo hasta el 30 de noviembre, fecha que marca el final del año legislativo siguiente a su designación, salvo que se iniciara un proceso de juicio político.
Sin embargo, la controversia en torno a su nombramiento y la medida cautelar de Ramos Padilla abrieron la puerta a una posible judicialización de las decisiones del tribunal. Los fallos emitidos por García Mansilla podrían haber sido objeto de impugnaciones, especialmente aquellos firmados después del rechazo de su pliego en el Senado.
Otra vez la Corte de tres
En medio de este conflicto, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se pronunció sobre la situación en una entrevista radial. Lorenzetti afirmó que la decisión del Senado era “respetable” y expresó su rechazo a las designaciones por decreto. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, declaró, aludiendo a la polémica en torno al nombramiento de García Mansilla.
A pesar de las tensiones, Lorenzetti aseguró que la Corte Suprema continúa funcionando con normalidad. “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”, afirmó.
La renuncia de García Mansilla no solo deja a la Corte Suprema con tres integrantes, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de las designaciones en comisión y el rol del Senado en el control de estas decisiones. Este caso podría sentar un precedente clave para definir los límites y alcances de las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.