La decisión de la exministra Bullrich de tomar bajo su ala el SPF —tradicionalmente bajo la órbita del Ministerio de Justicia— y la posterior ampliación de sus facultades sobre el personal de todas las fuerzas mediante el decreto 373/2024, han coincidido con un alarmante pico en la violencia institucional.
El Cifras de la Agravada Violencia Federal
El exhaustivo informe de 415 páginas de la PPN revela un panorama crítico, con un total de 1.800 casos documentados entre violencia policial y penitenciaria en el ámbito federal durante 2024:
1465 hechos de tortura y/o malos tratos en las cárceles federales que dependen directamente del Ministerio de Seguridad. Estos hechos afectaron a 646 víctimas.
335 casos de tortura y/o malos tratos policiales imputables a las fuerzas federales como la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura.
El informe subraya que los casos en el ámbito carcelario federal están liderados por «Malas condiciones materiales de detención» (427 casos), seguidos de cerca por «Agresiones físicas» (363 casos) y el «Aislamiento» (146 casos). Los complejos penitenciarios de Villa Devoto (CABA) y Luján de Cuyo (Mendoza) son los que encabezan el registro de abusos.
La Responsabilidad Política en el Gobierno de Milei
El traspaso del Servicio Penitenciario al Ministerio de Seguridad al inicio del gobierno del ultraderechista Javier Milei tenía como objetivo centralizar el control de las políticas de seguridad. Sin embargo, este movimiento, y las subsecuentes normativas impulsadas por Bullrich, han resultado en el décimo cuarto informe anual de la PPN que «confirma, una vez más, que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente».
La PPN advierte que el récord de denuncias de 2024, sumado al preocupante Reporte N°7 que registró 201 víctimas de violencia institucional solo en el primer semestre de 2025, evidencia el fracaso de las políticas implementadas bajo la órbita de Bullrich. Los números sugieren que, lejos de mejorar, las condiciones de detención y el accionar de las fuerzas de seguridad han empeorado bajo la actual gestión, convirtiendo el crédito a la «mano dura» libertaria en una carga de abusos sistémicos.
Esta herencia de violencia institucionalizada deberá ser abordada por la sucesora designada por el Gobierno, Alejandra Monteoliva, quien hasta ahora era la segunda funcionaria del Ministerio de Seguridad.