El informe presentado por el diputado Guillermo Michel revela que la coparticipación se desplomó un 9,7% solo en febrero, dejando a las administraciones provinciales en una situación de asfixia financiera sin precedentes. Este escenario, lejos de ser un bache temporal, se consolida como el principal foco de conflicto entre los gobernadores y el Palacio de Hacienda, donde la «solvencia» de las cuentas públicas parece sostenerse únicamente sobre el desfinanciamiento del interior.

En este contexto de fragilidad extrema, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta el desafío de cumplir con el FMI mediante una reforma tributaria que pretende eliminar Ingresos Brutos, el tributo más distorsivo pero también el pulmón vital de las arcas provinciales. Con una pérdida acumulada de $964.619 millones en lo que va del año, resulta inverosímil que los mandatarios provinciales acepten recortar sus propios ingresos mientras la Casa Rosada se aferra a recursos no coparticipables para blindarse ante crisis externas, como la potencial escalada bélica en Medio Oriente.

La disparidad en el reparto de la crisis es alarmante: mientras la Nación pierde un 9,3% real de sus ingresos, las provincias ya han visto esfumarse recursos equivalentes a obras públicas enteras y recomposiciones docentes que hoy duermen en el olvido. Buenos Aires encabeza la lista de damnificados con más de $204.000 millones perdidos, seguida de cerca por Santa Fe y Córdoba, conformando un mapa de desinversión que amenaza con paralizar la actividad económica en los distritos más productivos del país.

El gobierno nacional apuesta a que el incremento de las exportaciones de energía desde Vaca Muerta compense el déficit mediante las retenciones, un impuesto que, por diseño, no se reparte con las provincias. Esta estrategia profundiza la brecha federal y reactiva el reclamo histórico de los gobernadores por la coparticipación del Impuesto al Cheque, otra pieza clave que el Ejecutivo pretende eliminar pero que hoy se vuelve la única moneda de cambio posible para evitar un estallido en las finanzas regionales.

Sin fondos frescos y con una recaudación de la flamante ARCA que no logra hacer pie, el programa fiscal del presidente ultraderechista Javier Milei ingresa en una zona de turbulencia política. La imposibilidad de financiar la obra pública y la resistencia a mejorar los haberes de los empleados estatales provinciales no son solo decisiones administrativas, sino el síntoma de un sistema que ha decidido ajustar por el eslabón más débil, dejando a las provincias ante el dilema de la parálisis total o la confrontación abierta con el poder central.