Según datos de la Tesorería General de la Nación, la denominada «deuda flotante» -facturas recibidas de proveedores que el Estado demora en cancelar- saltó de $1,94 billones en febrero a $4,04 billones al cierre de marzo. Esta maniobra de «pisar pagos» por casi $2 billones fue la herramienta clave para que las cuentas cerraran bajo la metodología de «base caja» que audita el Fondo Monetario Internacional (FMI), permitiendo mostrar un saldo favorable que, de otra forma, habría sido difícil de alcanzar.
El cumplimiento de las metas con el organismo internacional ocurre en un contexto de debilidad en los recursos genuinos. Durante el primer trimestre del año, la recaudación fiscal sufrió una caída del 8% en términos reales, afectada principalmente por el menor consumo y la retracción de la actividad industrial en las zonas urbanas. A pesar de una cosecha récord y el impulso de las exportaciones primarias, los ingresos tributarios no alcanzan para compensar el gasto, lo que obliga al Ejecutivo a sostener el ancla fiscal a través de un esfuerzo diario por no pagar, más que por una reforma estructural del Estado que reduzca el gasto de manera permanente.
Para maquillar la caída de los ingresos impositivos, el Gobierno ha recurrido este año a contabilizar recursos extraordinarios. Entre enero y marzo, se registraron ingresos por más de $2 billones provenientes de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y de la privatización de la gestión de las represas del Comahue. Estos ingresos no tributarios, que crecieron un 38,9% real interanual, han servido como un respirador artificial para las cuentas públicas en un momento donde el «impuesto progresivo» es rechazado por la actual gestión, limitando la capacidad de inversión en infraestructura básica como las rutas nacionales.
La deuda exigible de la Administración Central, que abarca desde la Presidencia hasta los ministerios y los poderes Legislativo y Judicial, creció un 14% en términos reales respecto al año pasado. Esta acumulación de facturas impagas ha generado una proliferación de protestas en diversas áreas debido a las demoras con los proveedores. Aunque el FMI permite el uso de la deuda flotante, impone un límite del 10% del gasto corriente, lo que obligará al equipo económico a intentar normalizar los pagos en las próximas semanas si no quiere incumplir los márgenes técnicos del acuerdo.
Hacia adelante, la apuesta oficial reside en una recuperación de la actividad económica durante el segundo semestre, impulsada por una eventual desaceleración de la inflación. El equipo de Javier Milei, el presidente ultraderechista, confía en que este rebote mejore la recaudación fiscal y permita abandonar la estrategia de «pisar» pagos para cumplir con las metas. Por ahora, el ancla fiscal del país parece depender más de la voluntad política de reprimir el gasto y postergar deudas que de una estructura económica sólida y sostenible en el tiempo.