Un informe privado de IARAF, citado en el texto, revela las cifras detrás de este conflicto. Los gobernadores proponen modificar la distribución de dos fuentes clave de ingresos: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles. Si las propuestas más ambiciosas se aprueban, el impacto fiscal para el gobierno central sería considerable.
Las Cifras que Duelen: $1.580.000 Millones en Juego
El informe desglosa el costo para el Tesoro Nacional de cada iniciativa.
Aportes del Tesoro Nacional (ATN): Estos fondos, históricamente discrecionales, pasarían a distribuirse de forma automática y según los criterios de coparticipación. La propuesta de mayoría indica que esta medida le costaría al gobierno nacional un 0,04% del PBI en 2025.
Impuesto a los Combustibles: Esta es la principal batalla. Los gobernadores buscan aumentar su participación en la recaudación de este impuesto del 25% al 58%. El impacto de esta medida es el más significativo: le quitaría al gobierno de Milei unos $1.580.000 millones en 2025, lo que equivale a un 0,18% del PBI.
Al sumar ambos proyectos, el impacto fiscal combinado para el Estado nacional alcanzaría hasta un 0,22% del PBI. Esta cifra, aunque parezca pequeña, es vital para un gobierno cuya estrategia económica se basa en la disciplina fiscal y el recorte del gasto. La pérdida de estos fondos podría obligar al gobierno a buscar recortes aún más profundos en otras áreas para mantener su promesa de déficit cero.
¿Autonomía provincial o riesgo de desequilibrio?
Para los gobernadores, la ofensiva legislativa no es un simple capricho. Argumentan que los fondos que reclaman son esenciales para financiar servicios básicos en sus provincias, como salud, educación y seguridad, que han visto sus recursos mermados tras la paralización de la obra pública y la caída de las transferencias discrecionales.
La disputa pone de manifiesto una tensión fundamental en el modelo federal argentino. Mientras el gobierno central busca la centralización de recursos para sanear la macroeconomía, las provincias exigen la coparticipación para poder sostenerse y gestionar sus propios destinos. El resultado de esta batalla determinará si el plan de ajuste de Milei puede seguir avanzando sin obstáculos o si la presión de los gobernadores logra cambiar el rumbo de la política económica.