A través de una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la tierra colorada puso en marcha una estrategia de «escucha activa» con los operadores judiciales para garantizar que el sistema se adapte con eficacia a la Ley 27.801. El ministro del STJ, Juan Manuel Díaz, destacó que este abordaje busca recoger la experiencia de quienes ya trabajan en el fuero para diseñar protocolos que aseguren el funcionamiento de un paradigma que será obligatorio en pocos meses.
El cambio fundamental de esta normativa reside en el paso de un modelo tutelar, heredado de la última dictadura militar, hacia uno de garantías que prioriza la resocialización del menor. Si bien la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años es el punto más mediático, Díaz subrayó que el corazón de la reforma es el principio acusatorio: ahora, el adolescente contará con un defensor técnico desde el inicio del proceso, obligando al juez a adoptar un rol más imparcial. Este nuevo esquema busca que el sistema judicial no sea solo un castigo, sino un apoyo para que los jóvenes en contextos de vulnerabilidad puedan reintegrarse plenamente a la vida social en libertad.
Una de las innovaciones más relevantes que detalló el magistrado es la creación de la figura del «supervisor», un actor inexistente en el régimen actual que tendrá un rol central en el seguimiento constante y evolutivo de los menores. Este profesional acompañará al juez mediante informes periódicos, asegurando que el proceso de reinserción no sea una expresión de deseos, sino una realidad monitoreada. Para Misiones, este despliegue implica un esfuerzo administrativo y humano considerable, ya que el sistema federal delega en las provincias la responsabilidad de financiar y ejecutar estas nuevas estructuras operativas.
En términos estadísticos, el ministro del STJ aportó claridad sobre la incidencia del delito juvenil en la provincia, señalando que las causas que involucran a menores oscilan entre el 5% y el 9% del total del fuero penal. Díaz enfatizó que, dentro de ese universo, los hechos de extrema gravedad son mínimos; actualmente, menos de 30 menores se encuentran bajo medidas privativas de la libertad en las unidades penales locales. Estos números refuerzan la necesidad de una «implementación misionera» que articule al Poder Judicial con redes interinstitucionales de salud, educación y prevención de adicciones para abordar la problemática de raíz.
Bajo la gestión nacional de Javier Milei, el presidente ultraderechista, las provincias deben absorber los desafíos presupuestarios que conlleva esta reforma nacional, lo que obliga a una gestión eficiente de los recursos existentes. Juan Manuel Díaz fue tajante al señalar que, más allá de las discusiones dogmáticas sobre la ley, la realidad exige una articulación inmediata entre los poderes del Estado. Misiones apuesta así a un modelo de transición ordenado, donde el foco esté puesto en la previsibilidad y en la protección de derechos, buscando que el nuevo régimen penal juvenil sea una herramienta de justicia efectiva y no solo una modificación de códigos.