El sistema de atención para personas con discapacidad en Misiones ha entrado en una fase de «quiebre total». Lo que comenzó como un retraso administrativo se ha transformado en una emergencia humanitaria que  moviliza a prestadores, transportistas y familias en toda la provincia. Desde las calles de Posadas hasta los puntos más remotos de la tierra colorada, el reclamo es el mismo: la cadena de pagos del programa nacional Incluir Salud está paralizada desde octubre de 2025, dejando a miles de personas en un estado de vulnerabilidad absoluta.

Voces en la primera línea del abandono
El conflicto tiene una raíz económica, pero un rostro profundamente humano. Durante las recientes marchas en la Plaza 9 de Julio, los testimonios de quienes sostienen el sistema reflejan la desesperación de un sector al límite.

* Noelia Eskinazi (Instituto Owatá): «El último pago que recibimos fue en enero, correspondiente al período de octubre. Desde entonces no cobramos más. Estamos sosteniendo los sueldos con las reservas del instituto, pero ya no tenemos de dónde sacar».
* Norma (Beneficiaria afectada): Su caso representa a miles en el interior. Tras recibir una notificación de que dejaría de cobrar su pensión, debió viajar 20 kilómetros solo para reclamar respuestas, enfrentándose a un sistema burocrático que ignora las limitaciones físicas de los pacientes.
* Transportistas especializados: Han tenido que suspender traslados vitales. «Al principio la culpa se la echan al prestador porque piensan que es falta de voluntad. Pero nosotros hacemos esto por vocación; lo último que queremos es perjudicar a las personas, pero ya no tenemos ni para cargar combustible».

Un colapso que no distingue ciudades
En el interior, la situación es incluso más dramática. En Eldorado y Oberá, centros como CADIFU o APADEL advierten que el tiempo se agotó.

La falta de respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está empujando a Misiones a un vacío prestacional sin precedentes.

Para muchos concurrentes, estos centros representan su única red de contención. El cierre o la reducción de servicios significa, literalmente, dejar a los sectores más frágiles sin sus terapias y, en muchos casos, sin su única comida nutritiva diaria.

La lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Misiones se canaliza a través de diversas organizaciones que reciben denuncias y coordinan las medidas de fuerza:
* Consejo Provincial de Discapacidad: Ubicado en Posadas, es el organismo que recepta las inquietudes sobre el programa Incluir Salud a nivel provincial.
* Foro Permanente de Discapacidad: Nuclea a los prestadores e instituciones que actualmente se encuentran en asamblea permanente.
* Asociación de Transportistas Especializados: Coordinan los paros y comunicados sobre la imposibilidad de traslado en el interior.

Mientras las autoridades nacionales demoran los giros, en Misiones la lucha ya no es solo por aranceles, sino por el derecho básico a una vida digna que hoy se desvanece entre expedientes trabados y promesas incumplidas.

Por ahora, si bien los planteos se canalizan en forma directa a nivel nacional, los prestadores fueron atendidos por las autoridades provinciales, quienes asumieron el compromiso de acompañar los reclamos y habilitar una vía propia e la misma dirección.