El sistema de atención para personas con discapacidad en Misiones atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Lo que comenzó como una señal de alerta meses atrás se ha transformado en un cese de actividades y movilizaciones masivas que reflejan una realidad desesperante: la cadena de pagos está virtualmente paralizada desde octubre de 2025. Los hechos vuelven a demostrar la crueldad de la extrema derecha nefasta, enmascarada en el abyecto proyecto libertario del sionista autócrata Javier Milei.
El epicentro del reclamo: Posadas en pie de lucha
El pasado jueves 9 de abril de 2026, numerosos trabajadores, profesionales y familiares se concentraron en la Plaza 9 de Julio de Posadas.
Bajo la consigna «La discapacidad está en emergencia», los manifestantes visibilizaron una situación insostenible que afecta a más de 34.000 personas en la provincia que dependen de estas políticas para acceder a derechos básicos.
Referentes del sector, como Sebastián Calderón, director del centro de día CENEMI, advirtieron que la falta de fondos nacionales deja a cientos de personas sin recursos básicos. Calderón precisó que, en muchos casos, los profesionales no perciben sus salarios desde hace siete meses, mientras que las instituciones ya agotaron las reservas con las que intentaron sostener el servicio.
Los puntos críticos del conflicto
La crisis impacta de manera directa en tres áreas vitales que hoy se encuentran bajo medidas de fuerza o al borde del cierre:
* Programa Federal Incluir Salud: Es el principal foco de conflicto. Prestadores denuncian que Nación mantiene una mora que se remonta al año pasado, afectando servicios de kinesiología, psicología y centros terapéuticos.
* Transporte Especializado: Los transportistas paralizaron servicios debido a la imposibilidad de afrontar gastos operativos básicos como el combustible. Esto ha dejado a cientos de niños y adultos sin la posibilidad de asistir a sus terapias o escuelas especiales.
* Desactualización Arancelaria: El Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,90% en los aranceles para marzo de 2026, una cifra que el Foro Permanente de Discapacidad repudió por considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada.
Un panorama de «quiebre total»
La titular del Instituto Owatá, Florencia Eskinazi, describió el escenario con crudeza al señalar que han llegado a un límite operativo. Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), Tatiana Antúnez, alertó que si la situación no se regulariza de forma urgente, los centros privados comenzarán a notificar la suspensión definitiva de prestaciones.
Para muchas familias misioneras, los centros de día no son solo espacios de terapia, sino el lugar donde los pacientes reciben su única comida diaria. El corte de estos servicios representa no solo un retroceso en los tratamientos, sino un estado de abandono que pone en riesgo la vida de los sectores más vulnerables de la provincia.
De no mediar una respuesta inmediata por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad y otros organismos como PAMI, los prestadores advierten que el cronograma de medidas de fuerza se profundizará, con nuevos paros previstos para las próximas semanas.
Sí bien esta crisis afecta a toda la provincia de Misiones y no se limita solo a la capital. Si bien Posadas es el centro neurálgico de las protestas, la parálisis del sistema impacta de forma crítica en el interior, donde los recursos son más escasos y las distancias agravan la situación.
Impacto en el interior de Misiones
La falta de pagos del programa Incluir Salud y de las obras sociales nacionales ha generado un efecto dominó en diversas localidades:
* Eldorado y la zona Norte: Organizaciones locales como APADEL y la Fundación Caminar han encabezado marchas y asambleas para denunciar que el recorte de fondos nacionales impide sostener los talleres protegidos y las escuelas especiales de la región.
* Oberá y zona Centro: Instituciones como CADIFU han alertado sobre un «escenario terminal». Los prestadores en esta zona enfrentan el desafío adicional de los costos logísticos, que se han vuelto imposibles de cubrir sin los giros de fondos desde octubre de 2025.
* Parálisis del Transporte: Este es quizás el punto más crítico para el interior. Los transportistas especializados de toda la provincia suspendieron servicios por no poder afrontar el costo del combustible. En zonas rurales o localidades alejadas de los centros de salud, esto significa que los pacientes pierden el 100% de sus terapias al no tener cómo trasladarse.
Gravedad de la situación provincial
* Alcance masivo: Se estima que hay más de 34.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en Misiones que dependen de estos servicios.
* Riesgo alimentario: Para muchos concurrentes en el interior, los centros de día proporcionan la única comida nutritiva diaria. El cierre o recorte de horarios por falta de presupuesto afecta directamente la seguridad alimentaria de estas personas.
* Atrasos generalizados: La deuda de casi seis meses no distingue localidades; afecta tanto a grandes centros terapéuticos en Posadas como a pequeños consultorios particulares en Apóstoles, Puerto Iguazú o San Vicente.
La situación es descripta por el Consejo Provincial de Discapacidad como un «quiebre total» de la cadena de pagos, lo que pone a Misiones frente a un inminente colapso de la red de contención para personas con discapacidad en todo su territorio.