20 años de prisión, máxima pena establecida por el Código Penal, para los transportistas escolares Lucy Olmos y Fabio Duran acusados a abusar de dos menores. Los familiares de los condenados protestaron arrojando piedras contra la sede judicial de la calle San Martín 533 de Posadas.
La fiscal Liliana Picaso habló sobre la condena que recibieron los transportistas y dijo: «No había ninguna duda que hubo un brutal abuso sexual, certificado por la médica de la tribunal, y la única ginecóloga infanto juvenil que le dice a los padres que sus hijos fueron abusados. Ahí la causa se inicia, los chicos son peritados, se hizo la primer cámara Gesell con una gran solvencia, pedida de los defensores de Fabio y Lucy, terminan después criticando cuando los resultados no fueron favorables».
Picaso también reiteró que «las pruebas son más fuertes que las confesiones, las pruebas positivas era muchas y las del debate de la asistencia de los chicos a la escuela, quedó una constancia valorable por el momento que pidió la fiscalía y el tribunal condena por ese monto».
René Casals, abogado defensor de los transportistas Fabio Duran y Lucía Olmo, pidió la absolución de sus defendidos quienes reiteraron su inocencia. El letrado también había planteado en su alegato la excarcelación de los ahora condenados hasta que la sentencia quede firme.
El Tribunal Penal 2 de Posadas condenó a los transportistas tras hallarlos culpables de haber abusado sexualmente de dos hermanitos a los que debían trasportar diariamente hasta un colegio de Villa Cabello.
En ambos casos deberán purgar una condena de 20 años de prisión y abonar a la familia de los menores una indemnización de 30 mil pesos en concepto de daño moral y psíquico.
Los camaristas Juan Enrique Calvo, Roque Martín González y Alfredo Rafael Escribano dieron a conocer el fallo tras una extensa jornada de alegatos. La fiscal Picazo había solicitado el máximo de la pena establecida para los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de guardadores; en concurso con el de corrupción de menores agravado por la condición de guardadores.
Por su parte, el actor civil Hugo Zapana dio por probado los delitos, pidió que ambos fueran condenados y reclamó una indemnización «simbólica» de 30.000 pesos en concepto de daño psíquico y moral de los menores.
Al inicio de la jornada, el Tribunal rechazó un pedido de Casals para incorporar una desgrabación de la declaración de los menores en la Cámara Gesell, en febrero de 2008. El planteo fue rechazado por improcedente y sobreabundante.
En su alegato, el actor civil sostuvo que «los médicos fueron unánimes en cuanto al relato de los chicosen su espontaneidad» y recordó que al conocerse el pedido de detención de Fabio hubo «histeria en la escuela…docentes y padres salieron a acusar a la familia de las víctimas de ser los autores de los abusos».
Agregó que a partir de entonces se generó un complot: se modificaron las planillas de asistencia y se plantaron testigos desde el establecimiento para tratar de desviar la investigación.
Por su parte, la fiscal Picazo apoyó su alegato en algunas fotografías ampliadas de las víctimas y recordó que «como en ninguna causa, se peritó a las víctimas y a su familia, que se prestó» al requerimiento judicial.
La fiscal agregó que los médicos que revisaron a los menores hablaron de «cronicidad» en los abusos y sostuvo que en el expediente «hay prueba abundante y peritajes de alto valor científico». Picazo dijo que los abusos fueron cometidos entre junio y septiembre de 2007 y al momento de solicitar 20 años de prisión para los acusados afirmó que «no encuentro atenuantes para ellos».
El defensor, en tanto, basó gran parte de su extenso alegato en descalificar el testimonio de los menores obtenidos en la Cámara Gesell -la primera vez que se realizó en Misiones- y consideró que la investigación estuvo dirigida siempre a los transportistas, excluyendo a la familia. «En todo momento se buscó limitar la investigación a la verdad formal y no a la real», afirmó.
Casals se preguntó cómo la madre no advirtió antes los abusos, si éstos supuestamente habían comenzado en el mes de junio y cuestionó a las psicólogas que tomaron la declaración a los menores por considerar que indujeron las respuestas e incorporaron elementos e incluso los nombres de Fabio y Lucuy.
En otro párrafo indicó que la Cámara Gesell se realizó sin la presencia del abogado defensor o perito de parte, además de no ser el lugar adecuado porque en esa sala se filtraban ruidos externos. Además, cuestionó que la prueba se haya realizado cinco meses después de denunciado los abusos.
Antes que el Tribunal pasara a deliberar para dictar sentencia, Lucy sostuvo que es «total y absolutamente inocente» y reiteró que «cuidamos a todos los chicos que transportábamos y nunca tuvimos ningún problema».
Por su parte, Fabio señaló que «voy a sostener mi inocencia» y agregó que «si fuera cierto aunque sea sólo una partecita (de la acusación), no estaría acá mi esposa ni mi papá me visitaría dos veces por semana en la Alcaidía.
Tras conocerse el fallo condenatorio, los familiares de los imputados que acampaban frente al Tribunal reaccionaron con violencia verbal e intentaron abanzar sobre el edificio, pero fueron frenados por un cordón policial.
