El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, prometió el martes seguir adelante con su estricto plan de seguridad pese a la oleada de críticas de varios ministros por las expulsiones masivas de gitanos, que dejan en evidencia las divisiones en su Gobierno. Sarkozy, que en los próximos días enfrentará protestas masivas contra sus medidas de seguridad y la reforma de pensiones, parece tener cada vez más oposición interna ya que el primer ministro, François Fillon, y el canciller, Bernard Kouchner, se mostraron en desacuerdo con el presidente.
La demolición de campamentos ilegales y la repatriación de gitanos ha recibido arduas críticas de la oposición de izquierda, miembros de la Iglesia católica y grupos de derechos humanos, entre los que destaca el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas.
En una reunión con cinco policías heridos en acción, Sarkozy prometió seguir con los pasos restantes de su paquete de seguridad, como revocar la nacionalidad francesa a inmigrantes condenados por ataques a la policía.
«El presidente (…) expresó su compromiso inquebrantable de aplicar estas propuestas en las próximas semanas», dijo el Palacio del Elíseo en un comunicado emitido tras la reunión.
Los críticos califican la represión de Sarkozy como un intento por mejorar su popularidad antes de las elecciones del 2012 y desviar la atención de los impopulares planes para elevar la edad de jubilación y recortar el gasto público.
Las encuestas sugieren que el plan de Sarkozy podría ser popular entre los votantes conservadores.
Con la cercanía de una remodelación del Gobierno en octubre y Sarkozy enfocado en las elecciones del 2012, varios ministros se han distanciado del presidente.
El primer ministro, cuya popularidad está muy por encima de la de Sarkozy en las encuestas de opinión, dijo lamentar el modo en que se había gestionado la iniciativa contra la delincuencia.
«Durante el verano hubo un cierto número de propuestas desde mi bando que no acepto», declaró Fillon a la cadena de radio France Inter el lunes, criticando a compañeros del Gobierno como el ministro del Interior, Brice Hortefeux, por pasarse de la raya.
Francia ha expulsado más de 8.300 gitanos este año en lo que denomina repatriaciones voluntarias, pero grupos de defensa de los derechos humanos las califican de expulsiones forzosas.
Los que acceden a marcharse reciben 300 euros y otros 100 por cada hijo.
Las declaraciones de Fillon se producen un día después de que el titular de Defensa, Hervé Morin, dijera que estaba mal tratar la inmigración y la delincuencia como símiles. Kouchner, uno de los que saldría en la reestructuración del Gobierno, dijo que pensó en dimitir a causa del plan.
Se espera que cientos de miles de franceses se tomen las calles el sábado para protestar contra las medidas de seguridad y luego el martes en una huelga por la reforma de pensiones. La oposición socialista dice que Sarkozy enfrenta una revuelta.
«Estamos afrontando una crisis institucional», dijo la política francesa Ségolène Royal, que perdió las elecciones presidenciales del 2007 contra Sarkozy.
Algunos miembros del gobernante UMP cerraron filas en torno a Sarkozy, cuya retórica de rectitud, ley y orden le ayudó a ganar el cargo tres años atrás.
«En nuestro bando, no nos gustan las divisiones, no nos gustan los francotiradores, o aquellos que juegan contra su propio equipo», declaró el secretario general de UMP, Xavier Bertrand, indicando que ningún ministro había dimitido.