El Poder Ejecutivo formalizó la decisión de recurrir a la Justicia para que se investigue la venta de Papel Prensa. El decreto 1210/20210 que se publicó el martes en el Boletín Oficial instruye a la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Joaquín da Rocha, y a la Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Eduardo Luis Duhalde, para que se presenten como querellantes en las causas por la compra de transacción que se concretó en noviembre de 1973. En el caso de la Secretaría, se la instruye a que «ponga a disposición del Poder Judicial» el informe Papel Prensa SA, La Verdad», elaborado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y para que intervenga como querellante «en las causas en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma Papel Prensa y de otras personas con las que aquéllos tenían alguna vinculación.
A la Procuración, en tanto, se la instruye para que intervenga en las causas relacionadas con Papel Prensa «relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa».
Siguiendo estrictas indicaciones de la presidenta Cristina Kirchner, Da Rocha, jefe de los abogados del Estado, denunciará supuestos crímenes de lesa humanidad vinculados a la venta de Papel Prensa. «Los responsables tienen nombre y apellido», afirmó el funcionario y adelantó que acusará a ex militares y a civiles.
No hay fecha prevista para la presentación. «Estamos estudiando los documentos», dijo el procurador. A la vez, en una entrevista con Radio Nacional, informó que está trabajando, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, en una querella «en función de la violación de los derechos humanos que supuso la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa».
