La Comisión de Juicio Político de Diputados aprobó esta noche que se inicie un proceso de investigación para determinar si el ministro de la Corte Suprema de 97 años cuenta con aptitud psicológica y física para continuar ejerciendo ese cargo debido a su avanzada edad.

Con el voto mayoritario del oficialismo, la comisión que preside la diputada mendocina Anabel Fernández Sagasti aprobó el expediente presentado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando se desempeñaba durante su desempeño como senador nacional.

Las medidas recomendadas por la presidencia de la comisión, y aprobadas por 17 votos contra 9 (5 ausentes), consiste en la invitación a los periodista de Página 12, Horacio Verbitsky; de CN23, Ana Wainer, y del programa ‘Gente de Derecho’ de Radio América, Leonardo Scolpatti y Sergio Paz.

Los periodistas mencionados deberán informar en relación a notas relacionas al tema, entre las que se encuentra un audio del propio ministro Fayt, realizado en los últimos días.

Además, se resolvió citar al secretario General y Gestión de la Corte, Jorge Kraut y Cristian Abritta; a los empleados de la Secretaria Privada de Fayt, a su chofer y a los secretarios letrados de la Corte Suprema.

Por último, se pidió la convocatoria del perito calígrafo de la Corte Suprema de Justicia para verificar la firma del juez Fayt durante los últimos tres años.

Todas estas pruebas se realizarán con el fin de determinar si el ministro de la Corte cuenta con aptitud psicológica y física para continuar ejerciendo ese cargo; y resolver luego si la carencia de las mismas, en caso de que existieran, pueden traducirse en un mal desempeño de sus funciones.

La diputada María Teresa García fue la encargada de justificar reglamentariamente la decisión tomada esta tarde, ante los embates de la oposición sobre la metodología de resolución del tema adoptado por la comisión.

«Estamos habilitados a abrir un proceso investigativo. El Artículo 9 del reglamento establece que como comisión también podemos investigar y podemos preguntar, sin llegar al pedido de juicio político. Que no se oculte bajo la interpretación reglamentaria esta responsabilidad».

«Se ha instrumentado un gran operativo mediático para simular una situación en la que se está llevando al juez a una situación de indignidad», agregó en referencia a las guardias periodísticas en la puerta de su casa y a los audios en los que el juez hablaría de su estado de salud.

Por su parte, el también oficialista Luis Cigogna expresó: «Conozco al juez Fayt hace más de 40 años, fui su alumno. Es un absurdo decir que con esto estamos estigmatizando a los mayores. La ley establece la edad de jubilación para todos los trabajadores, porque es obvio que a medida que avanza la edad se van reduciendo las facultadas. Hay datos que indican que él no estaría en condiciones de cumplir sus funciones».

«La objeción no es que firmó en su casa; el tema es que el señor Lorenzetti le hizo decir cosas que no dijo. Habló de que hizo propuestas en una reunión, algo que era imposible porque no estaba», agregó, al tiempo que remarcó que «nadie está imputándole al Fayt una actuación incorrecta».

Desde la oposición la mayoría de los diputados coincidieron en calificar a la iniciativa del kirchnerismo como «un intento de avasallamiento sobre la Justicia» y en que «no corresponde a la comisión de Juicio Político evaluar las condiciones psicofísicas de las personas».

Por el PRO, Pablo Tonelli dijo que «la comisión solo puede actuar si hay una denuncia de juicio político. El expediente de Aníbal Fernández es simplemente un pedido de investigación por lo cual, la Comisión no es competente para su tratamiento ni para producir medidas de prueba».

Y advirtió que «se trata de un embate de naturaleza política para minar la voluntad del Dr. Fayt de permanecer en su cargo y un embate más amplio contra la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial.»

Desde la UCR, el diputado Manuel Garrido manifestó que «el oficialismo utiliza el eufemismo ‘proceso investigativo’ haciendo de goma el reglamento, porque no se animan a llamar las cosas por su nombre: Están haciendo una caza de brujas».

Consideró también que «es paradójico que el gobierno que aprueba en el nuevo Código Civil, el artículo 31 que establece la presunción de capacidad, sea discriminatorio con un juez de la Corte Suprema. Además, contrario a lo que se aprestaba a aprobar la mayoría oficialista, el límite de 75 años para los miembros de la Corte no está basado en principios científicos, sino políticos.»

Margarita Stolbizer, del GEN, dijo a su turno que «se debe rechazar in limine el pedido contra Fayt, puesto que para iniciar un procedimiento de Juicio Político se debe cumplir con lo establecido por la Constitución Nacional que fija como causas: mal desempeño de sus funciones, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de crímenes comunes. Ninguna de estas tres están hoy invocadas contra Fayt, sino solo la discriminación por la edad del magistrado».

Para aprobar el expediente el oficialismo contó con asistencia perfecta de sus integrantes, en tanto la oposición consiguió sólo 9 votos para el rechazo debido a las ausencias a la reunión de la vicepresidenta Laura Alonso (PRO) y de Oscar Martínez (Frente Renovador).

En el momento de la votación tampoco estuvieron Claudio Lozano (Unidad Popular), Stolbizer y Elisa Carrió, quien se retiró apenas iniciada la reunión en disconformidad con el tratamiento que el oficialismo le daría al tema.