Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), explicó: “No es que las empresas están tomando una decisión, es el Gobierno Nacional quien decidió poner fin al servicio público de larga distancia a partir del decreto de regulación del transporte”.
Según Gaona, este cambio significó que las empresas dejaron de ser prestadoras de un servicio público, lo que antes les obligaba a ofrecer ciertos beneficios, como los pasajes gratuitos para personas con discapacidad.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, y Canal 9 Norte Misionero, subrayó que las empresas solían entregar “un millón o un millón y medio de boletos de larga distancia al año”, y que estos pasajes representaban un 95% del costo asumido por las compañías, mientras que “el Estado apenas compensaba un 5%”.
Sin embargo, de acuerdo a la interpretación que hacen los empresarios, ahora que ya no son parte del sistema de servicio público, las compañías han perdido tanto los permisos como las obligaciones asociadas. “Las empresas que ahora ya no son más servicio público, son prestadores, como un prestador de turismo, como un prestador de oferta libre, como todos esos prestadores que no están obligados a entregar ninguna gratuidad”, apuntó el entrevistado.
“No es que nosotros lo decidimos, es que básicamente nos sacaron del sistema”, aclaró Gaona, quien sostuvo que las empresas no pueden ser obligadas a seguir cumpliendo con las mismas obligaciones sin los derechos que antes tenían.
Además, explicó que “muchos pasajes habían sido reservados con anterioridad”, y en muchos casos, las empresas han hecho “un esfuerzo particular” para cumplir con esos viajes ya programados, aunque no por una obligación legal, sino como “una cuestión humanitaria”.
En cuanto a la posibilidad de mantener un cupo para personas con discapacidad, Gaona señaló que, aunque las empresas ya no tienen la obligación, “sí podrían generar, y seguramente lo hagan, descuentos especiales o algún tipo de solución”. Esto, sin embargo, dependerá de las decisiones internas de cada compañía.
El costo que representaban estos boletos no es menor: “Hablamos de más de 42 mil millones de pesos al año en boletos que entregaban las empresas”, reveló el vocero, destacando que este costo lo absorbían mayoritariamente las compañías, ya que “el Estado apenas compensaba un 5%”.
Gaona defendió que las empresas no se oponen al derecho de las personas con discapacidad, pero el nuevo sistema les abre una posibilidad de no continuar ofreciendo el beneficio de la misma manera. “Lo que entendemos es que el Estado no perdió la obligación de garantizar ese derecho”, comentó.
Desde el gobierno nacional, la secretaría de Transporte advirtió que la interrupción de la entrega de pasajes gratuitos podría acarrear sanciones para las líneas de transporte que no cumplan con la normativa vigente. Según el organismo, la desregulación del servicio no debería afectar este derecho adquirido, ya que aún existe la obligación de trasladar de forma gratuita a las personas con discapacidad.
Sin embargo, las cámaras empresariales del sector sostienen que, al estar en igualdad de condiciones con otros servicios como taxis, combis y ómnibus turísticos, ya no tienen la misma obligación que antes. En ese contexto, manifestaron su intención de recurrir a la Justicia para resolver este conflicto legal, argumentando que la entrega de boletos gratuitos actualmente implica una inversión mensual de más de $3.500 millones, con la emisión de casi 100 mil pasajes sin costo.
Justamente, en su página web, la empresa tiene un mensaje destinado a tomar conciencia sobre la protección del ambiente y en especial sobre conducción responsable, para prevenir tragedias como la descripta.
Hubo una disminución de 2,6% en septiembre, y creció 5,4% en la comparación mensual. En los primeros nueve meses del año acumula una caída de 16%, siempre frente al mismo período de 2023. Las industrias operaron al 60,1% de su capacidad instalada.
El sector experimentó una contracción del 8%, y un repunte de 5,3% en el contraste mensual. Hasta septiembre se registra un retroceso de 21%, contra 2023. Durante este mes, las industrias ocuparon el 63,7% de su capacidad instalada.
Asimismo, en septiembre los obstáculos identificados por los empresarios son la falta de ventas, que representa el 41,3% de las respuestas y continúa en el primer puesto, junto con los altos costos de producción y logística, que constituyen el 36,5%. Estos dos factores se destacan como las dificultades más significativas para el crecimiento y la estabilidad de las pymes.
Frente a un contexto de baja demanda y altos costos fijos, el 32,6% de las empresas consultadas estuvo reduciendo gastos operativos. En tanto, otro 30,4% diversificó su fabricación, incorporando nuevos productos y la prestación de servicios adicionales a su actividad habitual. A su vez, el 11% de las industrias redujo horas laborales.
Con respecto a la distribución de empresas industriales pymes que experimentaron dificultades para pagar salarios, durante septiembre, desglosado por rubro, se observa que el sector «Textil e indumentaria» lidera con el 24,1% de las empresas reportando problemas. Detrás ubica «Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte» con el 22,4%. Otros ramos afectados incluyen «Alimentos y bebidas» (17,2%) y «Químicos y plásticos» (15,5%). Por su parte, los rubros «Madera y muebles» y «Papel e impresiones» presentaron la menor proporción de empresas con problemas, ambos con un 10,3%. Se observa que las presiones se concentran principalmente en sectores intensivos en mano de obra y con alta exposición a costos variables volátiles.