Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), explicó: “No es que las empresas están tomando una decisión, es el Gobierno Nacional quien decidió poner fin al servicio público de larga distancia a partir del decreto de regulación del transporte”.
Según Gaona, este cambio significó que las empresas dejaron de ser prestadoras de un servicio público, lo que antes les obligaba a ofrecer ciertos beneficios, como los pasajes gratuitos para personas con discapacidad.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, y Canal 9 Norte Misionero, subrayó que las empresas solían entregar “un millón o un millón y medio de boletos de larga distancia al año”, y que estos pasajes representaban un 95% del costo asumido por las compañías, mientras que “el Estado apenas compensaba un 5%”.
Sin embargo, de acuerdo a la interpretación que hacen los empresarios, ahora que ya no son parte del sistema de servicio público, las compañías han perdido tanto los permisos como las obligaciones asociadas. “Las empresas que ahora ya no son más servicio público, son prestadores, como un prestador de turismo, como un prestador de oferta libre, como todos esos prestadores que no están obligados a entregar ninguna gratuidad”, apuntó el entrevistado.
“No es que nosotros lo decidimos, es que básicamente nos sacaron del sistema”, aclaró Gaona, quien sostuvo que las empresas no pueden ser obligadas a seguir cumpliendo con las mismas obligaciones sin los derechos que antes tenían.
Además, explicó que “muchos pasajes habían sido reservados con anterioridad”, y en muchos casos, las empresas han hecho “un esfuerzo particular” para cumplir con esos viajes ya programados, aunque no por una obligación legal, sino como “una cuestión humanitaria”.
En cuanto a la posibilidad de mantener un cupo para personas con discapacidad, Gaona señaló que, aunque las empresas ya no tienen la obligación, “sí podrían generar, y seguramente lo hagan, descuentos especiales o algún tipo de solución”. Esto, sin embargo, dependerá de las decisiones internas de cada compañía.
El costo que representaban estos boletos no es menor: “Hablamos de más de 42 mil millones de pesos al año en boletos que entregaban las empresas”, reveló el vocero, destacando que este costo lo absorbían mayoritariamente las compañías, ya que “el Estado apenas compensaba un 5%”.
Gaona defendió que las empresas no se oponen al derecho de las personas con discapacidad, pero el nuevo sistema les abre una posibilidad de no continuar ofreciendo el beneficio de la misma manera. “Lo que entendemos es que el Estado no perdió la obligación de garantizar ese derecho”, comentó.
Desde el gobierno nacional, la secretaría de Transporte advirtió que la interrupción de la entrega de pasajes gratuitos podría acarrear sanciones para las líneas de transporte que no cumplan con la normativa vigente. Según el organismo, la desregulación del servicio no debería afectar este derecho adquirido, ya que aún existe la obligación de trasladar de forma gratuita a las personas con discapacidad.
Sin embargo, las cámaras empresariales del sector sostienen que, al estar en igualdad de condiciones con otros servicios como taxis, combis y ómnibus turísticos, ya no tienen la misma obligación que antes. En ese contexto, manifestaron su intención de recurrir a la Justicia para resolver este conflicto legal, argumentando que la entrega de boletos gratuitos actualmente implica una inversión mensual de más de $3.500 millones, con la emisión de casi 100 mil pasajes sin costo.