Aunque la entidad que preside Daniel Funes de Rioja destacó algunos de los cambios en el mecanismo, como la agilización en los tiempos de duración de una investigación, también advirtió que “la herramienta no debe ser confundida como la causante de mayores precios en la industria local versus la importada, ya que es la combinación de estrategias comerciales agresivas de algunos países y la alta carga impositiva local, falta de infraestructura, falta de financiamiento, costo de la energía y una historia de inestabilidad macroeconómica, lo que explica la diferencia entre productos similares”.

Para la UIA, “las medidas antidumping nivelan la cancha frente a la competencia desleal”, y se preguntó cómo hace “una pyme local que produce en un municipio con altas tasas municipales, que paga ingresos brutos en cascada en todo su proceso productivo, que cuenta con un carga impositiva de las más altas del mundo y exporta impuestos, que paga la logística el triple e que otros países y con altísimos costos financieros, para competir con economías donde se subsidia la materia prima y prácticamente no hay leyes laborales”.

El cambio de régimen no sólo agiliza una investigación por supuesto dumping, que se reducirá de 12 meses o más que tardaban hasta ahora a 8, sino que también establece que las medidas que se tomen, en los casos en los que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) dictamine que hubo daño, durarán tres años, en lugar de cinco, y podrán prorrogarse sólo una vez, por dos años más.

Al anticipar el contenido del decreto que saldría publicado este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó ayer en su cuenta de X: “Los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales. En Argentina, estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria”.

“¿Te molesta tener que pagar una plancha o una bicicleta casi tres veces lo que cuesta en Brasil? ¿Una pava eléctrica o un ventilador el doble que en Chile? ¿Un lavavajilla cuatros veces lo que cuesta en Londres? ¿O el porcelanato un 50% más que en Uruguay? A nosotros y al presidente Milei también. Hoy, con el Decreto 33/25, comenzamos el proceso para desandar estos excesos», sumó este jueves por la mañana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Para él, las medidas antidumping son “el pedido de una empresa de restringir la competencia de afuera imponiendo una barrera arancelaria extra”.

Ambas declaraciones hablan a las claras de la visión que tienen en el Gobierno acerca de estos mecanismos. Por ende, las dudas que tienen los industriales es si efectivamente habrá investigaciones por dumping con la actual gestión, más allá de los cambios. Aunque existe la promesa de que se va a aplicar, muchos creen que, de haber, serán muy pocas.

En la UIA aclararon que en la actualidad, la Argentina tiene 94 medidas antidumping vigentes, de las cuales 50 son contra China. Vale recordar que las medidas son por origen, lo que en algunos casos las vuelve poco efectivas, ya que comienza a operar la triangulación. Según explicó a Infobae el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, «cuando se hizo el dumping en el hilado texturizado, hace muchos años, se logró una medida contra China. ¿Pero qué pasó? Todos los importadores viraron a importar desde Vietnam o de la India, por lo que la efectividad de ese dumping fue malísima. El precio seguía siendo el mismo».

Qué hacen otros países
La UIA también aprovechó para destacar que aún teniendo economías de gran escala, con macroeconomías estables y ordenadas, infraestructura de nivel mundial, altos niveles de crédito, entre otras, “los países desarrollados resguardan la producción, el empleo, y la inversión local frente a la competencia desleal. Más del 21% de las medidas antidumping registradas en la OMC son de EEUU, seguido por India con cerca del 14%. Argentina se ubica en el 6to lugar por debajo de Brasil, Turquía y China, país contra el que se aplican el 33% de las medidas antidumping”.

Por último, la entidad afirmó que para hacer un mayor análisis, esperará la reglamentación de la norma “en favor de garantizar la efectiva aplicación de medidas antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias cuando las mismas sean necesarias y que sean accesibles para las PyMEs industriales en un contexto de comercio internacional cada vez más complejo y desafiante, con asignaturas internas pendientes en materia de competitividad”.

Desde la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos (Cafed), su presidente, Alejandro Iglesias, se mostró preocupado por la importación desde China a precios de competencia desleales y dijo que esperan que “se agilicen las investigaciones”.

Por su parte, el economista especializado en la materia, Mariano Kestelboim, cuestionó el nuevo régimen al plantear que la “reducción de los plazos de las medidas a tres años con un solo adicional de dos máximo, es muy pobre y no es lo que sucede en el mundo. Avanzar en ese sentido cuando el mundo está avanzando en otro, mucho más proteccionista, es bastante destructivo de la industria”. Sobre la celeridad en la aprobación de los casos a presentar, el analista se mostró dubitativo: “Eso lo quiero ver, en vivo y en directo”. (Infobae)